Aznar no descontó el sueldo a los funcionarios de Castilla y León que hicieron la huelga de 1988

El presidente del Gobierno, José María Aznar, no descontó en su etapa de máximo responsable del Ejecutivo de Castilla y León ni una sola peseta a los funcionarios del Gobierno castellano-leonés que secundaron la huelga general del 14 de diciembre de 1988 que los sindicatos convocaron contra la política económica del entonces presidente, Felipe González. Cuatro meses después, ante una huelga de la función pública por parte de los trabajadores de la comunidad autónoma, el Gobierno regional sí efectuó a los funcionarios los descuentos pertinentes por la huelga.

Según explicó su entonces vice-presidente y consejero de presidencia y actual ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, en ambas huelgas 'había sustanciales diferencias'.

La respuesta de Aparicio se produjo tras una pregunta parlamentaria del PSOE en la que el procurador Leandro Martín Puertas exigía conocer esas diferencias. 'Quiero entender que las diferencias son que la primera huelga era contra el Gobierno de la nación y la segunda huelga contra la Junta del señor Aznar', interrogaba el procurador socialista a Juan Carlos Aparicio, según recogieron los taquígrafos de la Cámara.

El ahora ministro de Trabajo, entonces vicepresidente de la Junta de Castilla y León, explicaba el doble rasero de su Gobierno asegurando que el 14 de diciembre de 1988 'hubo situaciones para todos los gustos'.

Diario de sesiones

Según consta en el diario de sesiones de las Cortes de Castilla y León, el vicepresidente Juan Carlos Aparicio aclaró entonces que 'en el 14 de diciembre hay muchas personas que, de alguna forma, soportan; otras acuden a la huelga. Desde el momento en que ciertos servicios mínimos, como son los del transporte, como son las guarderías y como son, en algunos casos, situaciones de miedo físico, se producen, de haberse aplicado el criterio lineal que indica Martín Puertas, esa circunstancia que se dice siempre de que paguen justos por pecadores. Y ese día 14 de diciembre hubo situaciones para todos los gustos'.

Aparicio explicó igualmente que, a diferencia del 14-D, en la huelga de la función pública convocada en la Comunidad de Castilla y León, que fue ampliamente secundada por los funcionarios de la Junta, sí se respetó el derecho a la huelga.

El Gobierno regional, según cuantificó el procurador socialista Leandro Martín Puertas, no descontó en aquel entonces unos 156 millones de pesetas (alrededor de un millón de euros) a todos aquellos empleados públicos que secundaron las movilizaciones contra el Gobierno socialista de diciembre del año 1988.

Las discrepancias entre el PSOE y el Partido Popular (PP) continuaron en las Cortes regionales en los siguientes plenos. La mayoría parlamentaria de los populares rechazó también una proposición no de ley (PNL) ante la Cámara, en la que la oposición exigía responsabilidades al Gobierno autónomo que encabezaba José María Aznar por entender que el no descontar a los funcionarios de su salario las cantidades correspondientes por su participación en la huelga del 14-D era una grave irresponsabilidad y una utilización indebida del dinero público.

El Partido Popular rechazó la citada proposición no de ley aun a pesar de contar con las críticas de su socio en el Gobierno autónomo, el Centro Democrático y Social (CDS), cuyo portavoz llegó a asegurar que la Junta de Castilla y León había intentado instrumentalizar la huelga del 14-D en su favor y en la de su presidente, José María Aznar, debilitando, al tiempo, al Gobierno socialista, enfrentado tanto a UGT como a CC OO por las reformas laborales que planteó y que tuvo como punto de máxima discordia la recuperación de la figura del aprendiz.