Fracasa el último intento de evitar la huelga general

El intento de última hora de evitar la huelga general del 20 de junio se saldó ayer con un nuevo y rotundo fracaso. Cuarenta y ocho horas antes de que los máximos órganos de decisión de CC OO y UGT ratifiquen la convocatoria del conflicto, ni el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, ni los líderes de las dos centrales, José María Fidalgo y Cándido Méndez, variaron un ápice sus posturas de días previos en la reunión de apenas una hora que mantuvieron en la tarde de ayer. La reforma de la protección del desempleo no se retira y eso responde a 'una decisión de Gobierno'.

Esa afirmación del ministro de Trabajo se produjo al inicio del encuentro, una vez que los sindicalistas volvieron a reclamar al Ejecutivo la retirada del documento de reforma. La conversación entre Aparicio, Fidalgo y Méndez fue tan improductiva como las anteriores celebradas por las delegaciones respectivas. Ahora el próximo paso se dará mañana, día 23, cuando el Consejo Confederal de CC OO y el Comité Confederal de UGT ratifiquen la propuesta que llevarán sus dirigentes: la convocatoria de huelga general para el 20 de junio, la víspera del inicio de la Cumbre de Sevilla con la que el presidente José María Aznar cierra el semestre de presidencia comunitaria.

La elección de esa fecha, que ha provocado indignación en el Gobierno, está muy justificada, según Méndez, por estas razones: 'Quien ha producido una intrusión en el semestre español es el señor Aznar que quiere lanzar el mensaje de que ésta es su manera de entender la integración europea, con recortes a uno de los colectivos más vulnerables'.

La reforma del desempleo propuesta por el Gobierno establece una redefinición de lo que significa una oferta adecuada de empleo, de forma que el parado tendrá que aceptar cualquier oferta del Inem que diste hasta 50 kilómetros de su domicilio, con un contrato fijo o temporal. El texto propone también la desaparición paulatina del subsidio agrario para los trabajadores de Andalucía y Extremadura, el antiguo PER, y la supresión de los salarios de tramitación (los que el trabajador recibe en caso de despido mientras la justicia falla sobre si es procedente o no). La propuesta del Ejecutivo amplía también a la empresa privada y a cualquier tipo de función el contrato de inserción, que hasta ahora, corresponde utiliza la empresa pública para labores de interés social.

Protesta política

Las críticas sindicales fueron contestadas por Aparicio con una negativa tajante de que la reforma suponga un recorte de la protección por desempleo. En cuanto al día elegido para el conflicto, el ministro cree que pone de manifiesto que 'la huelga es política y va a deteriorar la imagen de España' porque afectará a la celebración normal de una cumbre comunitaria. Aparicio considera que la huelga era una decisión ya adoptada de antemano por los sindicatos: 'Tengo que lamentar la falta de voluntad de diálogo e, incluso, la sensación, en algún momento, de que estábamos ante una decisión predeterminada o tomada a priori en relación a la convocatoria de esa huelga general', subrayó el ministro.

Pero la marcha atrás ya no parece posible. Fidalgo dijo: 'Nuestra decisión es firme y nuestro único margen para desconvocar la huelga general es la retirada de la reforma. Con este paquete de medidas no se puede discutir' porque entiende que es un recorte de derechos y además tiene 'un componente de reforma laboral' por la eliminación de los salarios de tramitación, que a su juicio es simple y llanamente abaratar el despido.

El líder de CC OO invitó al Gobierno a explicar a la sociedad las posturas de las dos partes. El Ejecutivo piensa continuar el diálogo con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otras instituciones y no considera imprescindible el acuerdo con los sindicatos. 'El consenso es un buen instrumento, pero no es una finalidad en sí mismo', aseguró Aparicio.