La reforma del paro sólo obtiene el apoyo de las ocho comunidades gobernadas por el PP

El Gobierno sólo cuenta con el apoyo de ocho de las 17 comunidades autónomas en su reforma de la protección del paro. El rechazo es tajante por parte de las seis autonomías del PSOE y del País Vasco, que acusan al Ejecutivo de querer imponer unas medidas ante las que los sindicatos preparan una huelga general para el 20 de junio. Cataluña y Canarias creen que no es aceptable el texto en su redacción actual y piden cambios profundos. Son las ocho comunidades del PP las que reconocen la disposición a negociar del Gabinete de Aznar, aunque también plantean algunas modificaciones para mejorar el documento.

La reunión mantenida ayer por el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, con los consejeros de las comunidades estuvo precedida por un encuentro en el propio ministerio de los representantes de las seis autonomías socialistas (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Baleares) y del País Vasco (PNV). Su petición común que luego presentaron al Gobierno consistió en pedir un diálogo sin apriorismos y que no pretenda 'una bendición sin más' a la reforma del paro.

Esas demandas se toparon con 'un diálogo de sordos' con Aparicio, según la consejera de Extremadura, Violeta Alejandre, quien acusó al Gobierno central de colocarles 'en un papel de comparsas y de tragar insultos a los trabajadores extremeños y andaluces'. El representante de Andalucía, José Antonio Viera, exigió al ministro que se disculpe por haber señalado el fin de semana que la reforma pretende que Andalucía no siga 'en la indolencia', afirmación que para Aparicio no supone un insulto.

Similares críticas dirigidas al Gobierno expresaron el resto de consejeros del PSOE y el del PNV, que reclamaron la retirada de la reforma y la calificaron de recorte de derechos a los trabajadores, así como de competencias a las comunidades. Tras hacer esa valoración, se ausentaron de la reunión con Aparicio, porque creen que el Ejecutivo pretende 'una especie de botafumeiro' a sus medidas y no escucha sus propuestas.

Recorte de competencias

Los consejeros de Cataluña (CiU) y Canarias (CC) sí reconocieron una actitud negociadora del Gobierno de Aznar, pero ahora están a la espera de que ese compromiso de diálogo se concrete. El representante catalán, Lluís Franco, aseguró que los documentos 'en su actual estado de redacción no son aceptables', porque hay 'un recorte de competencias a las comunidades y en algunos supuestos un recorte de prestaciones sociales'. Sus contrapropuestas persiguen 'mejorar el empleo y no una reforma de la protección' a los parados, y pide medidas como la bonificación al empleo de la mujer, el acceso de los desempleados a constituirse como autónomos, un servicio público de empleo eficaz y que se pongan a disposición de los parados los mecanismos de las oficinas de empleo durante 100 días para que busquen una ocupación.

El consejero de Canarias, Marcial García Morales, también cree que hay recorte de derechos, y reclamó la mejora del texto revisando la eliminación de los salarios de tramitación, que los contratos de inserción se mantengan en el ámbito del sector público, que se contemple la peculiaridad insular en puntos como obligar al parado a aceptar una oferta de empleo si está a 50 kilómetros, exigencia difícil de aplicar en Canarias.

Los representantes del PP, además de criticar la actitud de los consejeros socialistas, aseguraron que el Gobierno está en disposición de admitir 'aportaciones constructivas'. De las filas del PP han partido propuestas para que se modifique el texto en puntos como la movilidad geográfica, ya que la distancia de 50 kilómetros para admitir una oferta de empleo conlleva enormes dificultades en algunas zonas del país. También han pedido que se tenga en cuenta la situación familiar, la experiencia laboral y el salario para obligar a los desempleados a aceptar un puesto de trabajo, y que el contrato de inserción tenga derecho a cobertura. El ministro Aparicio señaló ayer en el Congreso de los Diputados que el año pasado 124.000 parados perdieron su prestación por rechazar una oferta de empleo considerada adecuada.

El balance que hizo Aparicio de las intervenciones de los consejeros es que 'una gran mayoría de las comunidades respaldan la posibilidad de trabajar con el documento del Gobierno'. En próximos días convocará una nueva reunión y su propósito es perfeccionar el documento en la definición de 'oferta adecuada', en sus garantías y salario 'siempre que no se desvirtúe el texto', o en la protección al contrato de inserción. Respecto a la petición de los líderes sindicales de reclamar una reunión con el presidente Aznar, dijo que el cauce normal es el Ministerio de Trabajo.