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RUPTURA DEL DIÁLOGO SOCIAL

Aznar responde a la huelga general con un 'decretazo'

La reacción del Ejecutivo a la convocatoria de huelga general pone en pie de guerra a los sindicatos y a la oposición

El Gobierno contraatacó ayer la convocatoria de huelga general aprobando por sorpresa la reforma origen del conflicto. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y los sindicatos ha alcanzado su máxima virulencia con la decisión de que los cambios en la protección por desempleo se apliquen por decreto y a partir de este lunes. El texto tan sólo ha sido suavizado para incluir propuestas de las comunidades autónomas. Para los sindicatos no suponen mejora alguna y la urgencia del procedimiento les da más argumentos para la huelga. Los líderes del PSOE y de Izquierda Unida consideran 'una provocación intolerable' y 'un pulso a los sindicatos' la decisión del Gobierno.

Por la vía de la máxima urgencia, la reforma de la protección del desempleo se aplica por decreto ley y entra en vigor este lunes. El Gobierno dio ayer una respuesta contundente a la convocatoria de huelga general de los sindicatos para el próximo 20 de junio aprobando por sorpresa la norma que modifica la cobertura a los parados y reduce los costes de despido mediante la eliminación de los salarios de tramitación. Con ello se quiebran todos los puentes de diálogo y el Ejecutivo pone en pie de guerra a los sindicatos.

Frente a sus planes iniciales de que las medidas estuviesen vigentes en enero de 2003, la decisión adoptada ayer por el Consejo de Ministros supone la aplicación inmediata. Está previsto que la norma se publique hoy en el Boletín Oficial del Estado, con la mención expresa de que su vigencia se inicie el primer día hábil, es decir el próximo lunes.

El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, justificó ayer esa urgencia para "evitar efectos perniciosos e inseguridad sobre el empleo y el mercado laboral" y porque "no es bueno seguir con procesos abiertos y con expectativas que no contribuyan a la mejora de la contratación".

La decisión no estaba contemplada por el propio Ejecutivo en días pasados. Tenía programadas para la próxima semana reuniones con los consejeros de las ocho comunidades autónomas gobernadas por el PP, CiU (Cataluña) y Coalición Canaria y con la Federación de Municipios y Provincias (FEM) para seguir debatiendo el texto de la reforma. Aparicio restó importancia a ese cambio de planes y aseguró que se proseguirá el debate, aunque la norma ya esté en vigor.

"Imposición de medidas"

"La huelga general es ahora más necesaria que nunca". Con este argumento central contestaron ayer las organizaciones sindicales UGT y CC OO a la aprobación de urgencia de lo que denominaron "decretazo del Gobierno". El procedimiento elegido para sacar adelante estas medidas demuestra, según las centrales, que el Ejecutivo nunca tuvo voluntad de negociar, sino que contaba de antemano con la imposición de sus medidas. "El trámite de urgencia demuestra que el Gobierno desprecia el diálogo social", sentenció Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT.

Ambos sindicatos incidieron en que ninguna de las medidas aprobadas ayer va a mejorar el empleo. Y desgranaron las consecuencias que, a su juicio, se derivarán de esos cambios: recorte de los derechos por desempleo, despido más fácil y barato y crecimiento de la contratación temporal. Esos recortes suponen una "gravísima reforma laboral" que sólo merece "una movilización", en palabras de Fernando Puig, responsable de Acción Sindical de CC OO.

Los sindicatos emplearon ayer gran parte de su tiempo en detallar las que consideran "mentiras del Gobierno". Entre ellas, la del coste de la reforma. Frente a las declaraciones del Ministerio de Trabajo, que siempre ha mantenido que los cambios no se hacían para ahorrar costes, los sindicatos citaron un informe interno del Gobierno que cifra en 1.059,7 millones de euros el ahorro público anual. Fuentes de Trabajo aseguran no tener constancia de este documento.

Frente a esas críticas de los sindicatos, el titular de Trabajo reiteró que la reforma persigue "mejorar el funcionamiento del mercado laboral y de la protección al desempleo, compaginando las políticas activas y pasivas".

A media mañana, antes de que se conociera la decisión del Gobierno, el PSOE mantenía su posición de acusar al Gobierno de ser el responsable de la huelga pero le instaba al diálogo, según palabras del portavoz parlamentario, Jesús Caldera, informa Anabel Díez. Eso sí, con duras palabras y con un recordatorio de frases textuales del presidente del Gobierno, José María Aznar, en 1994, con ocasión de una de las huelgas contra el Gobierno de Felipe González. Entonces Aznar culpaba a ese Gobierno del conflicto por "imponer y no dialogar". Aznar decía que no compartía la convocatoria de la huelga pero comprendía que "los sindicatos se sintieran engañados y defraudados".

Una vez conocido el decreto gubernamental el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció a media tarde en la sede de su partido en Madrid para acusar a Aznar de "provocar la fractura" con los sindicatos por "su política antisocial y autoritaria". "Aznar ha convertido su mayoría absoluta en absolutismo y si impone esas formas autoritarias el PSOE estará enfrente de su política", proclamó en tono muy serio. "Nuestro partido reaccionará a esta intolerable provocación con medidas concretas", dijo. El próximo lunes la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE anunciará iniciativas parlamentarias en réplica al decreto gubernamental.

"Provocación intolerable"

"Hoy Aznar ha tomado una decisión que supone una provocación intolerable. Se puede estar de acuerdo o no con el Gobierno, pero lo que no es aceptable es que el Gobierno provoque el enfrentamiento social", continuó. "Esto es muy malo para España y para su imagen exterior", concluyó.

Hasta ahora el líder del PSOE ha negado estar detrás de la huelga, instigarla o promoverla aunque cada vez se ha ido mostrando más comprensivo con la decisión de las centrales sindicales.

El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Diego López Garrido, cree que la aprobación de la reforma por decreto ley constituye "un lock-out gubernamental" que socava tanto los derechos de los trabajadores como las facultades legislativas del Parlamento.

Desde Izquierda Unida, Felipe Alcaraz y Gaspar Llamazares dijeron que el presidente Aznar ha apostado "por echar un pulso a los sindicatos". El modo en que se ha aprobado la reforma corrobora en su opinión el carácter autoritario de las medidas. Asimismo mostraron su indignación porque el Gobierno no haya escuchado a las centrales. Llamazares apeló a "la rebeldía de los ciudadanos" porque el decreto "atenta contra los derechos sociales".

Todos los grupos parlamentarios se aprestan ya a preparar sus iniciativas sobre este decreto que tendrá que llegar al Parlamento para su convalidación. El Grupo Catalán-CiU entregó hace días al Gobierno un documento con sus propuestas e incluso ve su propia mano en la suavización de algunas de las medidas del Gobierno ya que el ministro de Trabajo tuvo reuniones con este grupo para conocer su opinión. Ayer, el portavoz de Política Social de CiU, Carles Campuzano, aseguró que la vía elegida para la reforma es "precipitada", aunque valoró positivamente los cambios introducidos en el proyecto inicial. Desde la Generalitat, el consejero de Trabajo, Lluis Franco, afirmó que "una reforma como ésta no se puede hacer a través de un decreto ley, sin pactar con las comunidades autónomas ni con los agentes sociales".

En apoyo del Gobierno, el secretario general del PP, Javier Arenas, defendió ayer por la tarde en Mairena del Aljarafe (Sevilla) la reforma y señaló que los sindicatos han sido quienes no han querido dialogar alternativas, informa Luis Barbero. Arenas aprovechó para tildar de "irresponsable" al líder socialista por "alertar, promover y justificar" la huelga.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 25 de mayo de 2002