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Indecisos y pusilánimes

En España, desde 1988 disponemos de una Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, de la que se han beneficiado miles de parejas para engendrar hijos. Un efecto colateral -como gusta hoy denominar a las consecuencias no deseadas y, al parecer, inevitables- es la existencia de un stock (¿es ésta la palabra precisa?) de más de 50.000 embriones humanos sobrantes sin proyecto parental, ni opción a ser donados a otras parejas, congelados y desperdigados entre las diferentes clínicas de fertilidad. Desconozco si tendrán alma o no estos proyectos de seres humanos, es un asunto que se me escapa y que, en verdad, se nos escapa a todos, aunque algunos se atrevan a afirmar lo contrario, pero lo cierto es que su destino es la destrucción en el plazo de cinco años, pues ése es su período de caducidad. Un detalle que sí tuvieron en cuenta nuestros legisladores. La opinión unánime es, sin embargo, la de que no llegarán a la fase de personas. Se estima que en el mundo el número de embriones congelados supera el medio millón.

Una alternativa a su destrucción es utilizarlos con fines terapéuticos, para producir células madre capaces de ser transformadas después en cualquier tejido humano, en vez de ser reimplantados en el útero de una mujer para la procreación, lo que garantiza la ausencia de rechazo por parte de los pacientes. Ello abre unas posibilidades de progreso en el campo de la medicina enormes y ha dado esperanzas de curación a miles de enfermos aquejados de diabetes, Alzheimer, Parkinson, cáncer, hepatitis, infartos, quemaduras, paraplejias.

Fue un profesor de la Universidad de Wisconsin, llamado James Thomson, quien publicó por vez primera sus descubrimientos sobre las células madre. Lo hizo en 1998, diez años después de aprobada nuestra ley, momento en que la misma quedó obsoleta. Procede pues, adaptarla a los nuevos tiempos, y hacerlo sin demora para que España no pierda, una vez más, el tren del progreso.

Pero el Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta, impide una vez tras otra abordar el tema. Paraliza las iniciativas parlamentarias -tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes Valencianas- del resto de grupos políticos, las canaliza hacia oscuras comisiones, una forma habitual de dar largas al asunto. A pesar de ello, en diciembre de 1998 y en abril de 2000, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida -creada para asesorar a la Administración- emitió sendos informes aconsejando el uso de los embriones sobrantes para la investigación. No han servido para desentumecer la pasividad del Gobierno, indeciso y pusilánime ante cualquier asunto que suponga una puesta en cuestión de la ortodoxia católica. La respuesta a principios del pasado abril fue crear otra comisión -el Comité Asesor de Ética- que, por el carácter de las personas que lo componen, ha generado de inmediato, como ha manifestado el profesor Grisolía, el temor en la comunidad científica a que se pronuncien en clave religiosa.

El Gobierno se escuda en problemas éticos. Sin embargo, ¿cómo pueden tener problemas éticos para autorizar el uso de embriones con fines terapéuticos y no para permitir su destrucción al agotar el período de caducidad? Nos enfrentamos a una ética hipócrita y paralizante, irracional -como la que decidió la excomunión de Galileo por decir que el mundo era esférico- y, sobre todo, incoherente.

El investigador Bernat Soria, director del Instituto Biotecnológico de la Universidad de Elche, es el primer científico del mundo en convertir células madre de ratón en otras que son las que producen la insulina en el páncreas. Está a un paso de encontrar la curación para la diabetes. Ese paso consiste en hacer la prueba con células madre humanas. Momento en que España le da el cerrojazo. El colmo del absurdo es que Bernat Soria ha podido investigar en Elche durante un tiempo con células madre importadas del exterior, pero no con las producidas y congeladas en España, para salvar eso que eufemísticamente se conoce como escollos legales. La ética oficial, como ven, es absurda, retorcida y cínica. Carece de lógica y eso es algo que, como electores, no debemos perdonar. Si el Partido Popular está en contra del uso de los embriones sobrantes para la investigación, debería estar en contra de su destrucción (para algunos, un asesinato). En ese caso, por mucho interés que tenga en incrementar la natalidad, ¿a qué espera para derogar la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida de 1988, o para prohibir aquéllas que generen embriones sobrantes? Sin embargo, no hará nada. Continuará, en clave electoral, mareando la perdiz. Bernat Soria, agotada su paciencia y ante la cada vez más patente inactividad del Gobierno, ha anunciado que recoge sus bártulos y se va a otro país a continuar sus trabajos. Lástima. Por él y por los miles de diabéticos que le seguían esperanzados. Apuntemos un éxito más para la España profunda.

Aznar, al comienzo de su legislatura creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para impulsar la investigación y evitar la fuga de cerebros (como Bernat Soria). De momento, lo que se sabe es que ni siquiera paga a tiempo a los becarios.

María García-Lliberós es escritora.

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