Pro-Río pide al juez que impute al consejero de Medio Ambiente de Murcia por vertidos de una depuradora

La asociación en defensa del saneamiento del río Segura Pro-Río solicitará al Juzgado de Instrucción número 6 de Orihuela, que instruye la denuncia por vertidos contaminantes al cauce, la imputación del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de la Región de Murcia, Antonio Cerdá Cerdá, y del alcalde de la localidad murciana de Santomera, José Antonio Gil Sánchez, informa M. C. Martínez. Los representantes del colectivo, que ejerce la acusación popular en este caso, presentarán el lunes ante el juez instructor la documentación sobre el vertido de la depuradora de Santomera en el río Segura, con el fin de que se investigue la responsabilidad del Gobierno murciano y del alcalde de la población por una supuesta dejación de funciones en el control del vertido, según explicó el portavoz de Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau, informa Europa Press.

Muñoz Grau pedirá al juzgado que investigue la responsabilidad que pudieran tener el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Antonio Cánovas, por la falta de control ante este vertido que, aunque se ha producido en Murcia, se vierte a través de un canal de la CHS en el Merancho, ya en término municipal de Orihuela.

En opinión de Pro-Río, el Ayuntamiento debería personarse ante los tribunales contra este vertido porque si no también será responsable, ya que tiene la obligación de controlar este tipo de sucesos, que se vienen produciendo desde hace más de un año y medio, afirmó. Asimismo, señaló que este hecho fue denunciado el 10 de abril, cuatro días antes de la manifestación a favor del río celebrada en Orihuela, y tres semanas después el Ayuntamiento denunció el vertido ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

En cuanto al origen del vertido, el portavoz de Pro-Río explicó que los residuos industriales 'sin tratar han roto la depuradora y conforme le vienen los vertidos los echa al río sin depurar creando un caos enorme'.

Estas nuevas imputaciones que solicita Pro-Río por supuesto delito ecológico se suman a las efectuadas la semana pasada. En esa ocasión, el colectivo cívico pidió al magistrado que llamara a declarar, en calidad de imputados, al consejero de Medio Ambiente de la Generalitat, Fernando Modrego, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Antonio Cánovas, y a los alcaldes de Radován, Rojales y Guardamar del Segura. A juicio de Pro-Río, todos estos responsables políticos tenían conocimiento de los vertidos.