Economía renuncia a fijar cuotas mínimas al destino de la obra social en el reglamento de la Ley de Cajas

La Consejería de Economía ha decidido suavizar su planteamiento inicial sobre cómo garantizar que la obra social de las cajas de ahorros se destine a actuaciones que favorezcan el 'desarrollo socioeconómico de Andalucía', como plantea la Ley de Cajas aprobada hace más de dos años. Economía había previsto asignar a cada área de actuación un porcentaje mínimo del presupuesto de obra social de las entidades, pero el reglamento de la Ley, aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno, deja esa posibilidad en manos de las propias cajas de ahorros.

La Ley de Cajas recuerda en su artículo 88 que estas entidades deben destinar a obra social 'la totalidad de los excedentes que no hayan de integrar sus reservas' y señalaba como posibles áreas de actuación 'los campos de los servicios sociales, sanidad, investigación, medio ambiente, enseñanza, cultura, el apoyo a la economía social, al fomento del empleo y otros análogos'. La ley también señala que la Consejería de Economía 'establecerá las directrices a seguir en materia de obras social y otros fines', una disposición que debía ser desarrollada en el reglamento.

Economía elaboró un borrador del reglamento en 2001, que sirvió de base a las negociaciones entre socialistas y populares para tratar de hacer un texto consensuado y restituir el diálogo en asuntos relacionados con el sector financiero; ambos partidos llegaron a firmar un efímero acuerdo en primavera que se rompió por el enfrentamiento que mantenían entonces las cajas sevillanas y la Junta. En ese borrador del reglamento, Economía indicaba que las 'directrices a seguir en materia social' se detallarían en una orden. 'Dicha orden', decía el borrador, 'determinará los porcentajes mínimos del presupuesto anual de la obra social a aplicar en cada una de las referidas áreas de actuación, así como el límite máximo que la suma de aquellos porcentajes representará respecto del total del presupuesto'.

Esta regulación de la obra social levantó las críticas del PP y las suspicacias de los presidentes de algunas cajas de ahorros. Tras la ruptura del efímero acuerdo con los populares, que habían incorporado varias enmiendas, Economía retomó el borrador inicial, que se ha respetado casi totalmente en el texto del reglamento que finalmente aprobó el Consejo de Gobierno la semana pasada.

Los artículos sobre la obra social, sin embargo, sí se han modificado. El reglamento aprobado sigue remitiendo a una orden de la Consejería de Economía para 'establecer las directrices en materia de obra social', pero ha desaparecido cualquier alusión a 'porcentajes mínimos' obligatorios. Tan sólo se recoge que la Consejería 'podrá suscribir convenios con una o varias cajas, o con todas ellas, en los que se podrá establecer determinados porcentajes del presupuesto anual de la obra social a aplicar a cada una de las áreas de actuación', una disposición que también estaba en el borrador inicial y que, en definitiva, deja manos libres a las cajas para decidir la asignación presupuestaria de su obra social.

Control de la publicidad

El reglamento aprobado, que detalla de modo exhaustivo las condiciones de funcionamiento del Registro de Cajas de Ahorros que preveía la ley, también desarrolla las medidas de control de la actividad publicitaria de las entidades que preveía la norma. Así, cualquier campaña publicitaria que se desarrolle en Andalucía sobre 'operaciones, servicios o productos financieros en las que se haga referencia a su coste o rendimiento', requerirá la autorización previa de la Consejería de Economía, que tendrá que notificar su resolución en un plazo máximo de ocho días.

El reglamento también aumenta la presencia de la Consejería en los procesos electorales de las cajas de ahorros y exige a las entidades que establezcan mecanismos para garantizar su 'transparencia'.