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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Tributo verde

Desde el inicio de mayo está vigente la ecotasa de las Baleares, un impuesto autonómico destinado a financiar medidas de conservación de la naturaleza. Lo tendrán que pagar unos diez millones de turistas a razón de un euro por día de estancia en las islas.

La iniciativa ha resultado muy polémica. El primer Gobierno regional alternativo a la derecha -una compleja alianza de socialistas, nacionalistas, poscomunistas y verdes- ha tardado casi tres años en poder alzar su declarada bandera fiscal 'en defensa de los intereses generales'. Tanta espera merecía un acuerdo con el sector hotelero, pero no se ha producido. Tal vez porque no se conoce el caso de ningún impuesto aplaudido.

Sin embargo, la idea es todo menos absurda. Del mismo modo que en muchos países los fumadores contribuyen con impuestos especiales a sufragar los costes adicionales que el tabaco ocasiona a la sanidad pública, debería considerarse normal que el turismo aporte ingresos destinados a compensar el deterioro ambiental que provoca. La discusión, por tanto, es más bien de oportunidad: si esa tasa no tendrá un efecto psicológico desincentivador para el turismo. Sin embargo, pagar al día el equivalente al precio de un café no parece un factor capaz de desanimar a nadie. Y la necesidad de un turismo sostenible, con proyección de futuro, implica medidas proteccionistas que cuestan dinero. Un impuesto finalista puede contribuir a suscitar un mayor equilibrio entre el pan para hoy y el hambre para mañana.

Pero ello también implica una gran transparencia en la utilización de los fondos obtenidos por esa vía. Tienen que destinarse a unas claras finalidades medioambientales, culturales y patrimoniales, incluyendo la restauración de zonas litorales asoladas en la época autárquica y la preservación de espacios vírgenes.

Aunque la iniciativa podría considerarse una aplicación del principio de corresponsabilidad fiscal reclamado por Aznar, el Gobierno central y el PP han sido beligerantes contra ella, incluyendo la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Esa beligerancia, en consonancia con la del sector hotelero, ha provocado alarmas en los países de origen de los turistas en beneficio de otros destinos. Claro ejemplo de los efectos perniciosos del exceso de celo de quienes anteponen los intereses políticos o económicos particulares a los generales que dicen defender.

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