La izquierda política y sindical exige la paralización de la ley educativa del PP

La ley educativa que prepara el Gobierno aunó ayer las críticas de cinco organizaciones de la izquierda política y sindical, PSOE, IU, CC OO, UGT y Ceapa (padres de alumnos). Sus representantes firmaron un manifiesto en el que piden que se paralice el proceso de elaboración de dicha normativa, para abrir un debate amplio en la sociedad que cuaje en 'un consenso'. El documento se llevará a los centros educativos y estará a disposición de todos los colectivos y personas que quieran expresar su adhesión a la propuesta de diálogo.

La reforma educativa del Gobierno es todavía un borrador, pero lo que se atisba ha desatado la alarma entre las organizaciones que ayer firmaron el manifiesto 'por una educación de calidad para todos'. Consideran que la nueva normativa será perjudicial para la red pública de colegios, que pasará a ser 'subsidiaria de la privada' y que sólo conseguirá 'generar un conflicto escolar de consecuencias sociales'. 'Esto va más allá del ámbito educativo, refleja la obsesión de Aznar por desmantelar el Estado de bienestar', expuso el secretario general de Enseñanza de UGT, Jesús Ramón Copa.

Las reuniones de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, y de otros dirigentes del ministerio con la comunidad educativa se han sucedido en las últimas semanas, pero los firmantes del manifiesto criticaron ayer 'la gigantesca campaña publicitaria' que suponen, 'más una cuestión de hacerse la foto, que un verdadero diálogo'. 'Por eso pedimos que se paralice el proceso y se abra un amplio debate social desde el que se busque el consenso', explicó la responsable de Educación en la ejecutiva socialista, Carme Chacón.

'El documento que nos han presentado no combate el fracaso escolar, echa a las familias de la escuela, nos aleja de Europa, olvida a los profesores y la educación en valores, y los pocos recursos que se anuncian serán para la iniciativa privada', resumió Chacón.

Más duro se mostró Franco González, coordinador de Educación de IU, que apeló a la 'responsabilidad' de la ministra y del Gobierno para que retiren 'el documento chapucero y deleznable que han presentado'. 'No se pueden plantear reformas sin diagnóstico, y ésta supone un peligro cierto para la educación pública', dijo.

González habló de movilizaciones 'para hacer entrar en razón' a Pilar del Castillo. Ya hay anunciadas algunas en distintas comunidades a finales de mayo. Pero el optimismo no cunde entre los que apoyan el manifiesto, que todavía tienen presente el 'blindaje' de la ministra y la mayoría absoluta de su partido para sacar adelante la ley de universidades, que se verá en el Tribunal Constitucional una vez admitidos a trámite los recursos presentados contra ella.

Las cinco organizaciones, que presentan por primera vez de forma conjunta las líneas maestras del cambio que plantean, expresaron su temor a que 'las reformas que necesita la escuela' se conviertan en 'la imposición de un sistema segregador que lleve consigo más marginalidad e injusticia social', en palabras del responsable de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano. El líder sindical manifestó su pesar por que la ley 'pueda cambiarse de nuevo en unos años tras un cambio de gobierno'; por eso exigió al actual que 'abandone el partidismo y la prepotencia' y reclamó 'cordura política'.

La presidenta de la confederación laica de padres de alumnos (Ceapa), Eulalia Vaquero, criticó la política seguida por Del Castillo. 'Han lanzado informaciones confusas y sesgadas para falsear una realidad que conocemos bien', dijo. Vaquero explicó que el manifiesto 'trasladará a la sociedad un marco unitario' desde el que defender las medidas que creen adecuadas para mejorar la educación.

Buscan sumar adhesiones de partidos políticos, sindicatos y organizaciones profesionales de profesores, inspectores, directores de centros y de todos aquellos interesados por la educación o directamente implicados. 'Está abierto también a cualquier personalidad de la vida académica y cultural' que quiera estampar su firma 'para parar los pies al Gobierno si no recapacita', explicó Lezcano.

El documento recoge como necesarias, entre otras medidas, el apoyo académico para los alumnos más desfavorecidos y el incremento de la red pública de escuelas infantiles y de los recursos educativos; una mayor autonomía y evaluación de los centros; equipos directivos mejor formados, con respaldo e incentivos económicos; apoyo y formación para el profesorado e implicación de las familias.