España pide incluir a Askatasuna en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea
Los Quince tienen de plazo hasta el próximo jueves para plantear objeciones
El Gobierno español pidió ayer en Bruselas al resto de socios de la UE que se incluya en la relación europea de grupos terroristas a Askatasuna, organización cuya creación coincidió con la ilegalización de Gestoras Pro Amnistía decretada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Diversas fuentes consultadas aseguran que la solicitud española 'fue asumida' por la mayoría de los embajadores de los Quince asistentes a la reunión, pero habrá que esperar hasta mediodía del próximo jueves para saber si algún Gobierno ha puesto objeciones.
La reunión de ayer había sido convocada para actualizar la lista de la UE de grupos terroristas que fue aprobada el pasado mes de diciembre. En esa relación se incluyó entre las organizaciones que 'forman parte del grupo terrorista ETA' a KAS, Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi y Gestoras Pro Amnistía. También se citaba a varios miembros de ETA y a algunos militantes de esas organizaciones procesados por su relación con el terrorismo, así como a los GRAPO.
Ya entonces, los Quince se comprometieron a actualizar periódicamente el listado con el fin de incluir a más personas y grupos o, si es necesario, retirar a algunas. En el caso español, la petición de añadir a Askatasuna estaría basada en que el juez Garzón también ha declarado ilegal a este grupo.
La solicitud española de ayer se unió a otras planteadas por diversas delegaciones, aunque los reunidos se comprometieron a no difundir el origen de las propuestas ni los resultados del debate. Sin embargo, varias fuentes consultadas señalaron que sobre la mesa se planteó la conveniencia de añadir al listado al Congreso Kurdo para la Libertad y la Democracia, una organización política que actúa en la UE como heredera del PKK (Partido Comunista Kurdo), ya desaparecido como tal. 'También en este caso, la propuesta no fue criticada', aseguran dos de las fuentes consultadas.
Según otras fuentes próximas a los reunidos, también estaba previsto plantear solicitudes relativas a grupos que actúan en Oriente Próximo y en Latinoamérica. Horas antes de la reunión, fuentes de varias delegaciones se refirieron a la posibilidad de incluir a las FARC de Colombia. Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que, en ambos casos, habían surgido diferentes puntos de vista.
Ahora, los Gobiernos de los Quince estudiarán las conclusiones de la reunión de ayer y, si tienen alguna objeción, deberán plantearla por escrito antes de mediodía del día 2, fecha de la prevista cumbre entre la UE y EE UU, a cuya petición se incluyeron organizaciones en diciembre. Sólo entonces se conocerá oficialmente la nueva lista de la UE. Mientras, los Quince se han comprometido a mantener en secreto tanto las diferentes propuestas como las deliberaciones.
Además de los ya mencionados, en el listado actual figuran una docena de organizaciones relacionadas con el terrorismo internacional. En el caso de Oriente Próximo, se incluyó a Hamas-Izz-al-Dinn al-Qasam, grupo considerado como la rama terrorista de Hamas.
El objetivo de la lista es proceder a la congelación y control de los bienes o cuentas bancarias que puedan tener quienes figuran en ella. Sin embargo, la UE no dispone de una base legal adecuada para que la Unión efectúe tal congelación de bienes en el caso de organizaciones que operan en Europa, y sólo puede hacerlo si intervienen fuera del territorio de la UE. Si son grupos europeos, es a cada Gobierno al que le compete intervenir o no.
Las fuentes consultadas, de otro lado, coincidieron en que los Quince se han comprometido también a ser muy prudentes en la elaboración de la lista y en sus sucesivas actualizaciones, porque quieren evitar a toda costa la posibilidad de que cualquier persona o grupo incluidos en la misma puedan interponer acciones judiciales contra la Unión Europea. Fue con este argumento con el que varios países se opusieron en el invierno pasado a la posibilidad de que figurase Batasuna cuando en España es una organización legal.
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