Ilegalización
La firmeza antiterrorista es una cosa, y otra bien distinta la histeria antiterrorista. En el orden internacional, el coste de la posible confusión de ambas cosas lo está demostrando la política de George W. Bush en Oriente Próximo, al cerrar los ojos ante lo que sucede con tal de respaldar la prioridad de la lucha contra el terrorismo que esgrime Sharon, y no es seguro que entre nosotros escape José María Aznar al mismo error en su política vasca. La forma en que está abordando el tema de la ilegalización de Batasuna es la mejor prueba de ello.
De entrada diríamos que es ésta una cuestión política que en momento alguno debiera ser abordada sin tener en cuenta la dimensión jurídica, tanto a la hora de optar por la ilegalización como al ponerla en tela de juicio. Nadie duda después de la ruptura de la última tregua que EH o HB o Batasuna carece de autonomía política en las grandes opciones respecto de ETA y que actúa como proyección de la banda terrorista en el interior del sistema político y de la sociedad en Euskadi. Sin embargo, lo que hace difícilmente justificable su permanencia en la legalidad es que en sus manifestaciones públicas ni siquiera formalmente respeta esa división del trabajo. Cuando Otegi cierra una manifestación o un mitin con un 'gora Euskadi Ta Askatasuna', no con un 'Gora Euskadi askatuta', está proclamando a gritos su adhesión a ETA, sin espacio para la duda. Lo mismo que cuando HB organizó el homenaje multitudinario a los terroristas fallecidos del comando Bizkaia o cuando el orador batasuno en el Parlamento vasco ensalza la acción de la banda. Son ellos mismos los que en pura provocación se ponen una y otra vez en fuera de juego, lo mismo que al parecer hizo Egin convirtiéndose en mucho más que un diario. Cualesquiera que fuesen sus efectos políticos, nada hay que objetar al propósito de poner remedio con cambios legales a los vacíos que permiten conservar una existencia legal a quienes con sus actos amparan al terror y se enfrentan al orden democrático.
Ahora bien, una cosa es definir un marco jurídico riguroso y otra bien distinta que esa exclusión resulte de una decisión política inmediata, de un 'vamos a por ellos'. Es un viejo y saludable criterio, ya presente en el Contrato social de Rousseau, que una medida concreta no debe ser objeto de la ley. Menos aún si la misma no resulta de un consenso entre todos los grupos democráticos, o por lo menos de aquellos que han firmado el Pacto Antiterrorista, que está saltando literalmente por los aires en un momento crucial por la actitud de Aznar y del PP. ¿Qué sentido tiene proponer una firma conjunta Gobierno-PSOE en condiciones de igualdad si se ha rechazado previamente toda posibilidad de elaborar la ley mediante una discusión bilateral y a los socialistas sólo les toca decir amén al proyecto de ley gubernamental? Tal vez Aznar cuenta aquí con sustituir las negociaciones políticas por el respaldo de la opinión pública española. Pero el precio a pagar por esa prepotencia en el País Vasco puede ser excesivo, legitimando la actual tendencia del PSE al aislamiento.
PNV y EA hubieran protestado incluso contra una ilegalización judicial, si bien su campo de argumentación quedaría limitado por la fueza de la evidencia. Ante una ilegalización política, el nacionalismo democrático se encuentra en cambio ante la posibilidad de denunciar una política de intransigencia a ultranza por parte del Gobierno español que confirmaría la previsión de que el PP se opondrá a la manifestación de la voluntad democrática de los vascos sobre su futuro. La defensa de la legalidad de Batasuna se convierte de este modo en una defensa de la democracia y de los derechos de los vascos, un terreno en el cual los propios nacionalistas pro-ETA pueden sentirse muy a gusto y propiciar de hecho una convergencia en unas próximas elecciones municipales que les pueden ir muy bien, con el consiguiente impulso para Udalbiltza. Aún ayer, Le Pen se vio enormemente beneficiado en Francia ante el intento de impedirle la presencia como candidato por no reunir las quinientas firmas necesarias: como en el futuro la organización sin nombre que sustituyera a Batasuna, el verdugo de la libertad pudo así presentarse ante los electores como su heraldo. Sin contar con el riesgo de una inconstitucionalidad de la ley, ese efecto bumerán de la precipitación del Gobierno debiera aconsejar una mayor reflexión.
