Aznalcóllar, cuatro años después: ¿qué hemos aprendido?

Hace ya cuatro años, el día 25 de abril de 1998, España despertó conmocionada por la mayor catástrofe ecológica de Europa, después de Chernobyl, la rotura anunciada de la balsa de residuos mineros de la mina de Aznalcóllar. Cinco millones de metros cúbicos de lodos y agua ácida recorrieron los casi 40 kilómetros del río Guadiamar hasta verter al Brazo de la Torre y de allí al río Guadalquivir, afectando a más de 4.000 hectáreas de terrenos de interés agrícola y al propio Parque Nacional de Doñana, arrasando a su paso toda la flora y fauna acuática. Las imágenes de los negros lodos, los peces muertos y los operarios y voluntarios con trajes especiales y casi espaciales, con mascarillas y guantes, recorrieron el mundo entero.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas reaccionó con prontitud facilitando con rapidez los primeros datos y valoraciones así como las recomendaciones para las actuaciones más urgentes: el contenido del vertido era tóxico y peligroso, rico en metales pesados y arsénico, era un riesgo para la salud humana, contaminaría suelos, aguas superficiales y subterráneas e, inevitablemente se introduciría por las cadenas tróficas y alimentarias. Lo urgente era, sin duda, la recogida de los lodos y el tratamiento y depuración del agua embalsada antes de su vertido.

Después de un desesperanzador desconcierto inicial, propiciado por la falta de entendimiento entre administraciones, finalmente los pasos necesarios se fueron dando. Ayudados por las favorables condiciones meteorológicas, los responsables de la limpieza de los lodos, por fin en una buena coordinación, realizaron la tarea de limpieza y descontaminación de mayor magnitud que nunca se haya hecho en Europa.

Ahora, cuando han pasado cuatro años, podemos decir que de no haberse actuado de forma tan contundente, siguiendo el asesoramiento del CSIC, las secuelas habrían sido enormes. Todavía hoy tenemos una importante superficie de suelo que, a pesar de los tratamientos y las limpiezas, tiene un alto contenido en contaminantes y el pastoreo de vacas, cabras y ovejas continúa prohibido. La fauna del río Guadiamar sigue su proceso de recuperación, a pesar de los periódicos pulsos de contaminación procedentes de las filtraciones de la balsa, que durante años han contaminado el acuífero aluvial del río Agrio, que vierte sus aguas en el Guadiamar. Cuando el caudal transportado es bajo, la concentración de metales alcanza niveles muy elevados en tramos de río superiores a los 10 kilómetros. La muchas veces propuesta desviación del cauce actual del río Agrio, alejándolo definitivamente de la perniciosa influencia de la balsa siniestrada, es una actuación sin la cual el sistema natural seguirá registrando entrada de contaminantes y no será posible recuperar un río ecológicamente funcional.

Sin embargo, la fauna terrestre, ha disminuido sensiblemente sus niveles de contaminación, en general tanto más cuanto mayor sea la movilidad del grupo que nos ocupe. Así, por ejemplo, la concentración de contaminantes en la sangre de las aves ha pasado de ser récord mundial en aves acuáticas hace tres años a valores muy moderados en la actualidad e inferiores a otras zonas naturales no afectadas por el vertido. Los daños genotóxicos (ataques de contaminantes a la estructura del ADN) son difíciles de evaluar, aunque las malformaciones en algunas especies, como las cigüeñas, persisten en un pequeño porcentaje de los pollos nacidos en la última primavera portadores de deformaciones en picos o patas. No obstante, en otras muchas especies, los daños en el ADN son menos frecuentes o inexistentes en la actualidad. Las nutrias han vuelto a colonizar el río Guadiamar y ninguna especie de ave se ha visto en riesgo de desaparición por efecto del vertido. En conclusión, se ha dado una respuesta acorde con la magnitud de la catástrofe, minimizando las consecuencias de la misma, devolviendo a los ciudadanos un poco de la confianza perdida.

La cantidad de información científica que este accidente ha generado marca un claro antes y después de la catástrofe de Doñana, en lo que a conocimiento del efecto de contaminantes se refiere. Desgraciadamente, no parece haberse progresado tanto en el ámbito judicial, contribuyendo a la lamentable sensación de impunidad para los delitos ambientales a la que nos hemos acostumbrado en España. A esto habría que añadir que, tras invertir aproximadamente 240 millones de euros en limpieza, más 48 millones en ayudas a Boliden tras el accidente, más 90 millones que adeuda dicha empresa a las administraciones, el resultado obtenido es 400 mineros parados con problemas de futuro sin resolver. Además, en el horizonte cercano se plantea una posible nueva explotación minera a cielo abierto, modelo cráter lunar con descomunal balsa de residuos incluida, a unas decenas de kilómetros del lugar del accidente de Aznalcóllar. De nuevo, una multinacional dotada de un exquisito cuidado ambiental vendría a 'hacernos ricos a todos'.

Miguel Ferrer es Investigador de la Estación Biológica de Doñana (CSIC)