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El PP se apoya en CiU para aplazar la reforma de las incompatibilidades

Los populares retiran su propia iniciativa parlamentaria

Convergència i Unió facilitó ayer que el PP retirase su propuesta para obligar a los altos cargos a declarar sus actividades privadas en los dos años anteriores a su responsabilidad pública. El PP proponía que tanto altos cargos como parlamentarios tuvieran que declarar "las actividades desempeñadas en los dos años precedentes" a su "toma de posesión" o a la "adquisición de su condición de diputado o senador". CiU dijo que una modificación de estas características requiere "el máximo consenso" y un "análisis previo".

El Partido Popular se agarró de inmediato a lo manifestado por Convergència i Unió para aplazar sin fecha cualquier endurecimiento del régimen de incompatibilidades. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, consideró "muy positivo" que los grupos se den un plazo "para estudiar a fondo" esa reforma y buscar "el máximo consenso" entre todos antes de decidir cualquier modificación.

Órganos de Supervisión

Posada también respaldó que el futuro régimen de incompatibilidades prohíba expresamente a quienes hayan prestado servicio en algún organismo supervisor de los mercados, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España, pasar inmediatamente a trabajar para alguna de las empresas supervisadas; una propuesta que realizó CiU y no el PP. Ello impediría que se repitiera el caso de Antonio Alonso Ureba, quien dejó la secretaría general de la Comisión del Mercado de Valores para hacerse cargo de la secretaría general de Telefónica, empresa supervisada por la CNMV.

El origen del debate de ayer está en una propuesta presentada por los cuatro grupos que formaron la oposición en la investigación del escándalo de Gescartera, la agencia de valores de Antonio Camacho de la que desaparecieron más de 15.000 millones de pesetas (más de 90 millones de euros). Dichos grupos parlamentarios (Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco y Grupo Mixto) defendieron una proposición no de ley conjunta con un paquete de 13 medidas que pedían un cumplimiento más estricto de las incompatibilidades de los altos cargos.

La propuesta de estos grupos, por ejemplo, prohibía la recepción de regalos y, caso de llegar alguno a los ministerios, exigía quedaran reflejados en un registro público. La oposición reclamaba también introducir una apostilla en el artículo 2.2 de la ley de incompatibilidades para prohibir a los altos cargos tener participaciones "directas o indirectas" superiores al 10% en empresas que contraten con cualquier administración pública.

Esta medida estaba pensada, específicamente, para el ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, al que la oposición reclamó en el Parlamento responsabilidades políticas por el caso Gescartera.

"Consorcio opositor"

Las 13 medidas presentadas por lo que el PP denominó "el consorcio opositor de Gescartera" fueron rechazadas con los votos de los populares, de Convergència i Unió y de Coalición Canaria.

Los tres grupos parlamentarios se comprometieron a estudiar y consensuar una reforma que "no esté lastrada por ser ad hominem"; es decir, que no estén hechas a la medida de un escándalo concreto con nombre y apellidos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de abril de 2002