Del Castillo niega que la nueva norma permita a docentes de la pública trabajar en la privada

La masiva manifestación en contra de la Ley Orgánica de Universidades no va a conseguir modificar el texto. Para la ministra de Educación, Pilar del Castillo, la protesta sólo demuestra que 'a pesar del diálogo de tantos meses que ha habido, todavía hay quienes no están de acuerdo con la reforma'. Pero, a su juicio, 'llega un momento en que el Parlamento tiene que tomar decisiones'. Del Castillo afirmó además que son 'rigurosamente falsas' las afirmaciones del PSOE y de los rectores de que la ley permite la compatibilidad de trabajar en una universidad pública y en una privada.

Respecto a la regulación de las universidades privadas, Del Castillo señaló ayer que el proyecto de Ley de Universidades 'no regula el régimen de incompatibilidades del profesorado universitario, contrariamente a las declaraciones vertidas por el PSOE y reflejadas en los medios de comunicación'.

Según el ministerio, 'el referido régimen de incompatibilidades está regulado por el vigente Real Decreto 557/91 que en su articulo 7.5 establece: 'El profesorado de las universidades privadas no podrá ser funcionario del Cuerpo Docente Universitario en situación de activo y destino en una Universidad pública' y esta regulación continúa en vigor'. Del Castillo afirma que 'son por tanto, rigurosamente falsas las afirmaciones del PSOE' a ese respecto.

Según la portavoz de Educación de la Ejecutiva socialista, la profesora de Derecho Constitucional Carme Chacón, 'el Gobierno ha elevado a ley la práctica totalidad del real decreto de regulación de las privadas, excepto en el apartado que hace referencia a la incompatilidad. Ha sido en el Senado cuando ha suprimido esa incompatibilidad, que existía en el trámite de la ley en el Congreso. Todo real decreto queda derogado por las nuevas leyes en aquello que les afecta en la nueva regulación. Por todo esto, lo único que podemos concluir es que el Gobierno deja abierta la compatibilidad y, si no es así, le emplazo, que eleve a ley, como ha hecho con el resto del decreto, en el trámite que queda, la incompatibilidad de trabajar en públicas y privadas. Sólo así sabríamos que esto no es un paso más en el favorecimiento de la privada que supone la LOU'.

El vicepresidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Ignacio Berdugo, reiteró su postura sobre esta cuestión: 'Si la voluntad del Gobierno es la de mantener la actual incompatibilidad entre la condición de funcionario de Cuerpo Docente Universitario en situación de activo y destino en una universidad pública y la de profesor de una universidad privada, no puede comprenderse la modificación que el artículo 72.3 sufrió en el Congreso de los Diputados [se eximió de la incompatibilidad a las universidades privadas no presenciales] ni mucho menos la supresión del apartado completo. El Gobierno ha generado al hacerlo dudas más que jurídicamente razonables'.

Cuando se le preguntó a Del Castillo si la gran marcha de ayer le haría replantearse el proyecto de ley de contestó: 'Las cosas tocan a su fin, ya ha habido un proceso de debate y todo concluirá en un momento determinado'. Y no se ha planteado dimitir: 'Voy a continuar trabajando, tenemos mucho trabajo'.

La ministra repitió que en el proceso de elaboración y aprobación del texto se ha debatido durante meses. Su percepción sobre las protestas no ha cambiado: 'Los inmovilistas quieren que las cosas sigan como están porque es más satisfactorio para sus intereses' y esos mantinen una 'constante pugna' con aquéllos que están por 'la modernización y la calidad'. Del Castillo añadió: 'Muchos sectores universitarios que apoyan la ley no están hoy [por ayer] en la calle', y mencionó a asociaciones de estudiantes y de catedráticos, así como al sindicato CSIF.