El PP retoca las incompatibilidades ante las demandas de la oposición

El PP aceptará hoy que los altos cargos deban declarar las actividades que hayan realizado hasta dos años antes de su toma de posesión. Ésta será su respuesta a las 13 medidas para endurecer el sistema de incompatibilidades presentadas por cuatro grupos de la oposición. La iniciativa de dichos grupos surgió de la investigación del caso Gescartera y de su malestar por la interpretación que hizo el Gobierno del artículo 2.2 de la ley de incompatibilidades, que permitió a Rato no declarar su relación con una empresa que contrata con el Estado.

El Pleno del Congreso debatirá hoy 16 medidas para endurecer la ley de incompatibilidades. Sólo tienen posibilidad de salir adelante las tres que propone el PP, aunque unas y otras tienen el carácter de recomendación al Gobierno para que modifique, cuando lo considere oportuno, el régimen de incompatibilidades.

Las tres medidas propuestas por el PP, además, no sólo exigen cambiar la ley de incompatibilidades sino también la de régimen electoral. Los populares quieren que no sólo los altos cargos, sino también los diputados y senadores, declaren 'las actividades desempeñadas en los dos años precedentes' a 'la toma de posesión', en el caso de altos cargos, y a 'la adquisición de su condición de diputado o senador' en el caso de los parlamentarios.

Los altos cargos, según la propuesta del PP, deberán también comunicar, 'de la forma más completa y exhaustiva posible, las posibles variaciones que hubiera experimentado su patrimonio' desde su última declaración por el impuesto del patrimonio hasta la toma de posesión.

El PSOE calificó ayer de 'cortina de humo' estas tres medidas ofrecidas por el PP. Los cuatro grupos de la oposición que firman esa batería de propuestas -PSOE, Izqierda Unida, PNV y Grupo Mixto- creen que la interpretación del artículo 2.2 de la ley de incompatibilidades que hizo Administraciones Públicas no fue 'imparcial'.

En concreto, ese artículo dice que 'los titulares de altos cargos no podrán tener, por sí o junto a su cónyuge e hijos dependientes y personas tuteladas, participaciones superiores al 10% en empresas que tengan conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, con el sector público estatal, autonómico o local'.

Así, de las 13 medidas que hoy serán previsiblemente rechazadas por la mayoría, la oposición destaca la última, que reclama un organismo 'independiente' para vigilar el cumplimiento de la ley de incompatibilidades.

La dirección del Ministerio de Administraciones Públicas que vigila el cumplimiento de esta ley interpretó que Rodrigo Rato no incumplía las incompatibilidades, pese a tener más de un 10% de propiedad en la empresa Muinmo, que contrata con la administración. Argumentó que esa participación no era 'directa'. Aquello sublevó a la oposición, que se comprometió a llevar al Parlamento una reforma que impidiera esa interpretación en el futuro. Así, la medida número 6 de las 13 propuestas pide precisamente que se incluya la apostilla 'directa o indirecta' al calificar la participación de los altos cargos en empresas que con traten con el sector público.

Escuchas a abogados

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, dirigió ayer un escrito al presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Francisco Hernando, en el que le exige una actuación urgente por las posibles vulneraciones del derecho de defensa en el caso Gescartera.

Una decena de letrados personados en ese proceso denunciaron la pasada semana que en las escuchas telefónicas realizadas por la policía a los acusados se grabaron, transcribieron y posteriormente se incorporaron al sumario, conversaciones entre los imputados y sus abogados defensores. En la actualidad, la pieza del sumario que incluye esas conversaciones se encuentra en poder del fiscal, que proximamente propondrá que se anulen aquellas grabaciones que no sean de interés para la causa, y presumiblemente, las que afectan a los letrados.

Carnicer considera que, de comprobarse las denuncias, 'se trataría de una muy grave vulneración del secreto profesional, que obligaría no sólo a declarar la nulidad de todo soporte sonoro o documental, sino a revisar todas las actuaciones jurisdiccionales que no respeten el sistema de garantías establecido'.

Por otro lado, ayer concluyó la declaración del asesor fiscal de Gescartera, José María Fernández Ameneiro, ante la juez Teresa Palacios. Varias acusaciones solicitaron su ingreso en prisión, si bien el fiscal no requirió medidas cautelares.