El Tribunal de Cuentas tiene bloqueada la auditoría del Consorcio de Aguas

El informe se bloqueó cuando los técnicos pidieron datos de inversiones en saneamiento

El Tribunal Vasco de Cuentas tiene parada desde hace más de un año la elaboración de una auditoría sobre el Consorcio de Aguas vizcaíno, que además se centra en la actividad de hace ya cuatro años. El informe se bloqueó en febrero de 2001, cuando los técnicos pidieron información complementaria sobre las inversiones en el Plan Integral de Saneamiento, el mismo asunto que ha motivado las acusaciones del PSE de desvío de fondos por más de 120 millones de euros. El anterior presidente del Tribunal de Cuentas requirió varias veces sobre el estado del informe.

El informe fiscalizador sobre el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia pendiente de concluir se refiere a los ejercicios de 1997 y 1998. Es el segundo del Tribunal de Cuentas sobre la entidad, tras el elaborado sobre el ejercicio de 1992 -aunque entonces se denominaba Consorcio del Gran Bilbao, al centrarse en el área metropolitana- y en que se detectaron numerosas irregularidades.

El proceso para la emisión de un informe por parte del tribunal tiene tres fases principales. La primera es la elaboración, en la que se incluye un trabajo de campo y un borrador de informe; la segunda es el control, donde otro equipo de auditores certifica el primer borrador, tras el que sale otro documento, que posteriormente es revisado por la Comisión Técnica de Auditores y emite un borrador provisional. El proceso termina en la tercera fase, la aprobación, en la que el informe provisional es aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas, se traslada a la entidad auditada para que formule alegaciones y, tras revisarlas, se procede a la aprobación del informe definitivo.

La auditoría sobre la entidad vizcaína de aguas no ha pasado de la segunda fase, según las fuentes consultadas por este diario. En febrero de 2001 se celebró la última reunión de la Comisión Técnica de Auditores, previa a la elaboración del informe para su traslado al pleno del Tribunal de Cuentas. En dicho encuentro los técnicos pidieron más información sobre la actividad económica-financiera del consorcio vizcaíno y, entre ese requerimiento, inquirieron dónde se encontraban las cantidades destinadas al Plan Integral de Saneamiento. 'Los datos no cuadraban', aseguraron los medios consultados.

En el destino de lo recaudado para el plan se ha basado el PSE de Bilbao para asegurar que la entidad pública que gestiona el saneamiento y abastecimiento de agua de 53 municipios (el 90% de la población de Vizcaya) ha desviado fondos por un importe de entre 120 y 270 millones de euros. Los socialistas creen que no se han destinado al Plan Integral de Saneamiento del Gran Bilbao -la principal actuación del consorcio, que es además la mayor inversión pública actual en Euskadi con un presupuesto de 600 millones de euros- la totalidad del canon de saneamiento que pagan desde 1981 los vecinos del área metropolitana. Un decreto del Gobierno central autorizó en 1980 a incrementar la tarifa del agua de los vecinos con un recargo -que desde 1987 es el 100% de lo que correspondería en cada caso- pero con el condicionante de que se destine sólo a las obras de saneamiento. La dirección del consorcio ha replicado que la sobretasa del agua ha sido invertida 'única y exclusivamente' en las actividades de saneamiento.

Desde febrero

Los auditores del tribunal encargados del informe del consorcio no han vuelto a reunirse desde febrero del pasado año, según los mismos medios. La elaboración de los informes es coordinada siempre por uno de los miembros del Tribunal Vasco de Cuentas y en este caso el responsable es Jesús Álvarez, recientemente nombrado vicepresidente con motivo de la renovación de los siete integrantes del órgano fiscalizador y que accedió al cargo a propuesta del PNV.

Álvarez ha sido requerido en los últimos meses por el estado del informe por el hasta hace poco presidente del órgano fiscalizador, el socialista Rafael Iturriaga. Su intención era que, antes de la renovación de los integrantes del tribunal, se concluyeran todos los estudios en elaboración. La respuesta de Álvarez era que aún no estaba terminado, aseguran las mismas fuentes.

El cambio en el órgano fiscalizador ha supuesto el ascenso a la vicepresidencia, el pasado día 10, de Jesús Álvarez, que se convierte en la mano derecha de la nueva presidente María Asun Macho Loidi. Ésta, que tomará posesión oficialmente mañana lunes, es la madre de uno de los directivos del consorcio, Jon Loidi.

Tanto el PP como el PSE han censurado esta situación. El concejal socialista bilbaíno Dimas Sañudo consideró lógico que la presidenta se inhiba en el informe del consorcio. Los populares han asegurado que los lazos familiares 'incapacitan' a la nueva presidente a impulsar una 'investigación precisa, independiente y veraz'. 'Creemos que no es lo más acertado que sea la madre del director de la empresa [Udal Sareak, dependiente del consorcio] la que se encargue de investigar supuestas irregularidades que, entre otros, tienen como protagonista a su hijo'.

La descalificación total de la gestión del informe fiscalizador de 1992

El único informe del Tribunal de Cuentas sobre el consorcio de aguas vizcaíno, el referido a 1992, supuso una descalifcación total de su gestión. Además de constatar que el recargo en la tasa del agua no se utilizaba en su totalidad para el Plan Integral de Saneamiento, censuraba el alto nivel de retribuciones, el sistema de pensiones y los contratos de alta dirección. El informe fiscalizador consideraba "excesivo" el crecimiento del gasto corriente y, sobre todo, el de personal. Apuntaba que siete altos cargos de la entidad de aguas ganaron más dinero ese año que el diputado general de Vizcaya, pese a tratarse de una empresa pública. En concreto, el presidente del consorcio percibió ese año 14,9 millones de pesetas y el gerente, casi 17, frente a los 10,4 millones de pesetas cobrados por la máxima autoridad vizcaína. El Tribunal de Cuentas censuraba que en aquellos años de congelación salarial para los empleados públicos "los costes laborales han aumentando un 11,5%" y que el consorcio no recurriese una sentencia que mantenía el aumento salarial de 1994, cuando el Tribunal Superior defendía la tesis contraria. Entonces, el tribunal afirmaba que las tarifas cobradas por el agua, "las más altas del País Vasco, debieran ser suficientes para financiar las inversiones necesarias y, sin embargo, esto no va a ser posible". Por ello, recomendaba una reducción sustancial de los gastos de funcionamiento y el ajuste de un plantilla "sobredimensionada". Reprochaba también a la entidad de aguas que confiara en "nuevas aportaciones del Gobierno vasco y la Diputación".

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 20 de abril de 2002.

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