Plan de la UE para repatriar a millones de residentes ilegales

La UE puso ayer en marcha un plan para la expulsión de millones de inmigrantes que hoy residen ilegalmente en la Unión con la difusión del llamado Libro Verde, titulado Una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales, elaborado por la Comisión Europea. En el documento se propone la aprobación de normas legales comunes para enviar a sus países de origen a quienes viven ilegalmente en la UE. Aunque no hay datos oficiales al respecto, se calcula que la medida puede afectar a más de tres millones de personas. Cada año, según Bruselas, entran ilegalmente en la Unión 500.000 personas.

En el Libro Verde, de 28 páginas, se indica que 'los nacionales de terceros países que no dispongan de un estatus que les permita quedarse de forma permanente o temporal deben abandonar la UE'. 'Esto es importante', agrega, 'para garantizar que no se socave la política de admisión y se respete el Estado de derecho, que es un elemento esencial de un espacio de libertad, seguridad y justicia'.

En el informe se señala que, 'en la medida de lo posible, por obvias razones humanitarias', debería darse prioridad 'al retorno voluntario', porque esta opción 'requiere menos esfuerzos administrativos'. Aunque la Comisión admite que puede haber casos en los que puedan aplicarse fórmulas 'de integración o reasentamiento', acto seguido afirma que debe existir 'una política eficiente de retorno' frente a quienes han entrado ilegalmente en la Unión; frente a quienes han visto rechazadas solicitudes de asilo, o frente a quienes fueron acogidos en su día por problemas políticos que hoy ya han desaparecido (cita, por ejemplo, el caso de miles de bosnios acogidos en su momento en Alemania).

El Libro Verde recuerda también que, de acuerdo con las legislaciones actuales, deben ser expulsadas las personas que 'se convierten en un peligro para la seguridad pública o el orden público tras haber sido condenadas por delitos graves'.

Libertades fundamentales

Para el Ejecutivo comunitario, estas expulsiones deberán respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales (se refiere, por ejemplo, a los derechos de los niños) y, paralelamente, los Quince deberán buscar la colaboración de los países a los que tengan que ser enviados los emigrantes ilegales.

'El retorno forzoso', agrega, 'es una limitación muy significativa de la libertad y de la voluntad del individuo', por lo que las normas europeas comunes para las expulsiones 'establecerán la necesidad de un trato adecuado y similar para los residentes ilegales', que se aplicarán tanto en el momento de la detención como en el traslado.

A lo largo de 2000, los Quince emitieron órdenes de expulsión contra 367.552 personas y otras 87.628 abandonaron voluntariamente la Unión, según datos difundidos por el Ejecutivo comunitario. Ese año, en la UE se inscribieron oficialmente 816.000 emigrantes, todavía lejos los 1,4 millones que anualmente necesita la Unión para mantener su nivel productivo. Alemania, Italia y Reino Unido recibieron el 70% del citado flujo migratorio, mientras que España, Francia y Finlandia registraron las tasas más modestas.

Con la publicación del citado informe, la Comisión aseguró que intenta sobre todo 'abrir un debate y suscitar reacciones de todas las partes interesadas' antes del próximo 31 de julio para redactar después la legislación común sobre un problema que el propio Ejecutivo comunitario califica de 'complejo'. Ayer mismo, se produjo ya una aportación en el Parlamento Europeo. El eurodiputado español Fernando Fernández, del PP, presentó una declaración en la que pide al Ejecutivo comunitario un plan de acción frente a la inmigración ilegal que incluya 'medidas eficaces para interceptar e impedir la partida de las embarcaciones que transportan inmigrantes ilegales y refugiados'.