Alarma social y soluciones

El Colegio de Abogados de Valencia, con inusual presteza, ha salido al paso de unas declaraciones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la CV, Enrique Beltrán, mediante las que éste lamentaba la escasa dotación policial y, al tiempo, recomendaba que los fiscales pidiesen prisión provisional para los delitos menores con el fin de paliar la alarma social que parece cundir por el aumento de la delincuencia y, concretamente, de los 'robos con violencia o con intimidación'. Los ilustres colegiados, así como otras instancias políticas y gubernativas, han percibido en tales iniciativas algo parecido al fomento de un estado policial incompatible con las garantías jurídicas fundamentales.

Soslayemos la disquisición acerca si la dicha alarma social existe con intensidad bastante para justificar las rigurosas peticiones del fiscal jefe. Sin duda alguna, y a este respecto, el criterio de las víctimas, que raramente suele ser relevante, no coincidirá con el de los abogados y adalides de la seguridad jurídica. Quienes han visto el filo de la navaja junto a su costillar, el allanamiento -a menudo reiterado- de su domicilio o el desmantelamiento de su negocio, tienen motivos bastantes para sentirse alarmados, desarmados e indefensos. Y estos, como delatan las estadísticas, son legión. Debemos suponer que el mentado fiscal ha roto una lanza en su nombre, además de enmendar en lo posible la deprimente imagen de los juzgados como lugares de tránsito rápido para los imputados.

No obstante, bien está el toque de atención de los letrados, tan previsores y sensibles con el entramado legal de las garantías, a pesar de que no se nos alcanza ver cómo un jurista tan fino, cual es el fiscal jefe, haya osado conculcarlas o mermarlas. Sería muy pertinente por su parte una puntualización acerca del 'estado policial' que sus objetores le endosan -a nuestro entender exageradamente-, no vaya a ser que el remedio postulado sea ése, con lo que se agravarían todas las seguridades, sea ciudadana o jurídica. Lo que no admite aclaración o debate es la escasez de policías de que adolece el País Valenciano. Los sindicatos del ramo lo tienen denunciado tantas cuantas veces se ha disparado la alarma social por el desmadre de la delincuencia.

Por fortuna, y al margen de que se acentúe o no la severidad fiscal, este déficit policial está a punto de acabar. El nuevo delegado del Gobierno, Francisco Camps, da la impresión de que se propone afrontar el problema con decisión y las consiguientes dotaciones -cientos de agentes- que le han prometido en Madrid. Por el momento solo son promesas. Mientras se cumplen, y ocasión habrá para verificarlo, el animoso poncio o delfín anuncia que se aplicará en la puesta a punto del Plan Hidrológico Nacional y el AVE, lo que no deja de ser sorprendente. De un lado, porque estas reivindicaciones son el tuétano programático del presidente Zaplana y, según cómo, puede sentir que le pisan las flores. Y, de otro, porque sería temerario que, por involucrarse en estas cruzadas, desatendiese las que más urgen y más agobios le han de causar: la inseguridad ciudadana y la inmigración. El fracaso de su antecesora en estos capítulos le ha costado un triste y hasta despiadado obituario político. Claro que también puede dejar pasar unos meses y dejarle el muerto al siguiente.