Varios médicos impugnan un concurso de traslados en Navarra por inconstitucional

Varios médicos y otros sanitarios han impugnado el concurso de traslados convocado por el Servicio Navarro de Salud (SNS) por considerar que vulnera el precepto constitucional que garantiza la libre circulación de trabajadores, al discriminar a los profesionales procedentes de otras redes públicas. La convocatoria reserva sólo un 10% de las vacantes de cada especialidad para el concurso de traslados al que pueden acceder profesionales de toda España.

Los recurrentes afirman que Navarra es la única comunidad autónoma española que plantea una reserva de tal índole, que vulneraría los artículos de la Constitución s números 14 (igualdad ante la ley), 23.2 (igualdad en el acceso a funciones y cargos públicos), 103.3 'acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad), 139.1 (derechos y obligaciones idénticos de todos los españoles en cualquier parte del territorio del Estado) y 139.2 (ninguna autoridad podrá adoptar medidas que obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español).

La última convocatoria para la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea incluye 224 plazas de personal facultativo, 252 de personal sanitario no facultativo y 123 de personal no sanitario. Según las bases impugnadas, el concurso de traslados de ámbito nacional se celebra una vez ofertado previamente la opción del traslado a los trabajadores de la propia Administración navarra. De esta manera, quienes trabajan fuera de Navarra y desean hacerlo en la Comunidad foral deben esperar a un segundo turno de acceso. Además, el Ejecutivo de UPN restringe en extremo ese derecho al decretar que podrá ser ocupada por un profesional que venga de fuera sólo una de cada diez plazas vacantes de cada especialidad. Así se estableció en el artículo quinto del Decreto Foral 139/2001 de 4 de junio que modificó el sistema anterior, vigente desde 1993, que, según el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra 'se prestaba a cierta confusión'.

¿Qué ocurre si el número de vacantes de una especialidad no supera las diez plazas? La respuesta es que esa especialidad queda automáticamente vetada a quienes desean venir a trabajar a Navarra desde fuera. Las plazas vacantes se sacan además a concurso-oposición libre, desvirtuando, según los recurrentes, el objetivo de la provisión de traslados que es permitir la movilidad geográfica de los profesionales.

Enrique Antón Aranda y José María Bordas, internista y cirujano, respectivamente, del Hospital de Zumárraga, perteneciente a la red de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) son dos de los ciudadanos navarros que han impugnado las bases ante Osasunbidea y están dispuestos a recurrir en la vía contencioso-administrativa de la justicia ordinaria. 'Al margen de la inconstitucionalidad de las convocatorias, hay que tener en cuenta las negativas repercusiones humanas que genera', comentan los facultativos.

'Discriminación'

Antón y Bordas explican su caso. 'Llevamos más de 15 años viajando por carretera 900 kilómetros semanales, con los riesgos que ello implica, además de vernos sometidos a una emigración forzosa que, en el caso de muchos compañeros nuestros, se ha convertido en un auténtico exilio en comunidades de toda España'.

Ambos ejercieron en Navarra con carácter de interinos durante años pero, cansados de su situación, opositaron y obtuvieron plazas fijas en la sanidad vasca. Aseguran que en esta misma situación de discriminación hay cientos de personas en Euskadi, La Rioja, Aragón o Castilla-La Mancha.

El 22 de enero pasado impugnaron las bases de la convocatoria de un centenar de plazas de médicos. El SNS tiene tres meses para resolver la queja. Ha habido más impugnaciones. Un escrutinio detallado de la lista de especialidades demuestra que en muy pocos casos se superan las diez plazas, cifra mínima que abre la oferta a un profesional que trabaja fuera de Navarra.

Ninguna comunidad española establece porcentajes semejantes para las plazas de traslado nacional. Es más, Antón y Bordas han recopilado la jurisprudencia existente en España, contraria a cualquier limitación. En concreto, los tribunales superiores de justicia de Valencia y Cataluña dictaminaron la pasada década el derecho de todos los profesionales a acceder a estos concursos de traslados, 'sea cual sea la administración pública de la que se dependa'.