El fiscal pide a Garzón que asuma el caso de las cuentas secretas del BBVA

La Fiscalía Anticorrupción ha instado al juez Baltasar Garzón, que venía investigando operaciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Jersey y Puerto Rico, a asumir inmediatamente la investigación de las nuevas operaciones en cuentas ocultas de Jersey, Liechtenstein y Estados Unidos. Fuentes jurídicas aseguraron a EL PAÍS que el fiscal David Martínez, responsable del caso ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, ha elevado un escrito al juez. La Fiscalía, en base a la gravedad de los nuevos hechos conocidos y la preeminencia de la jurisdicción penal sobre la tramitación del expediente administrativo disciplinario, estima que el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional debe incorporar los nuevos hechos como objeto de su investigación ya en curso.

El fiscal Martínez solicitó al juez hace unos diez días, tras conocer la apertura del expediente disciplinario, que el juzgado se dirigiera al Banco de España para solicitar los informes disponibles, ya que los nuevos hechos podían ser delitos conexos con los que se investiga desde hace más de dos años.

El juez Garzón acogió la petición y se dirigió al Banco de España. Fuentes jurídicas aseguraron a este periódico que el banco emisor, tras indagar directamente con el juez sobre la pertinencia de enviar sus informes, decidió trasladar al juzgado, a comienzos de esta semana, el expediente abierto al BBVA y a 16 consejeros, dos de ellos ya fallecidos.

La Fiscalía Anticorrupción procedió, pues, a estudiar el informe de 42 páginas de la inspección y sus anexos documentales. Las fuentes consultadas dijeron que el informe arrojó, en una primera lectura, numerosas pistas y referencias que permitirían encajan piezas importantes en el caso que se venía investigando. Fuentes próximas al banco investigado sostienen, sin embargo, que el caso del BBVA Privanza Jersey no tiene conexión con los hechos regularizados por la entidad bancaria con cargo al ejercicio 2000.

El Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, describe en su artículo 6 las llamadas 'vinculaciones con el orden jurisdiccional penal'.

De acuerdo con este artículo, si el juez Garzón, que ayer se encontraba fuera de España, decidiese la prejudicialidad penal, el banco emisor tendría que proceder, a la vista de una 'identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, el órgano competente para la resolución del procedimiento acordará su suspensión hasta que recaiga resolución judicial'.

Ha sido, entre otros, el ejemplo del caso Banesto. El Banco de España abrió, en febrero de 1994, expediente disciplinario y formuló pliego de cargos, pero en el proceso de instrucción tuvo que suspender sus actuaciones a raíz de la querella criminal admitida a trámite por el juez Manuel García-Castellón. El citado expediente sigue suspendido a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia firme, una vez que se vea el recurso de casación, previsto para el próximo mes de mayo.

En las últimas semanas, el juez Garzón y la Fiscalía Anticorrupción realizaron nuevas diligencias en la causa contra el BBVA en Jersey y en Puerto Rico. Un testigo protegido proporcionó información sobre operaciones en Puerto Rico. La Fiscalía y el juez consiguieron una comisión rogatoria en el tiempo récord de un mes. El Fiscal General de Estados Unidos, John Ashcroft, a quien se solicitó directamente la agilización de los trámites, cursó la petición a las autoridades puertorriqueñas.

El juez Garzón y el fiscal Martínez se trasladaron en Semana Santa a Puerto Rico, donde durante dos días interrogaron a varios testigos y obtuvieron documentación bancaria que ahora está siendo sometida a estudio.

El hecho mismo de que el Banco de España, dijeron fuentes bien informadas, se decidiera a enviar el expediente de las nuevas cuentas ocultas del BBVA al juez Garzón, estaría indicando que su contenido tiene relación con los hechos que investiga el juzgado número 5 de instrucción.

En efecto, una de las transferencias más importantes -134 millones de dólares- se hicieron a la sociedad Sharington, de Jersey, en la cuenta que la misma poseía en BBVA Privanza Jersey. De dichas cuentas salieron fondos para hacer pagos de 1,5 millones de dólares en Venezuela como contribución a la campaña electoral de Hugo Chávez en 1998 y los 19,2 millones de dólares enviados a Alico, en Estados Unidos.