Garzón asume el 'caso BBVA' para depurar responsabilidades penales
Montoro rechaza que Rodríguez-Ponga se inhiba del asunto por su relación con el banco
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que desde hace dos años instruye el caso BBV Privanza, ha decidido asumir toda la investigación del entramado financiero del BBVA en el exterior, y ha pedido al Banco de España que paralice el expediente administrativo abierto a la entidad tras el hallazgo de cuentas secretas en paraísos fiscales.
Según han informado fuentes jurídicas, Garzón ha comunicado su decisión mediante un auto, que ha sido remitido hoy tanto a autoridad monetaria -que deberá remitirle toda la documentación del caso- como al propio BBVA, dado que el banco tenía pendiente el envío de nuevos documentos al Banco de España, que ahora recibirá el propio juez.
En el auto, Garzón también pide al Ministerio Fiscal que determine quiénes pueden ser los responsables de los delitos que, según los indicios, se aprecian en esta causa.
Según Garzón, los hechos de momento podrían constituir apropiación indebida, delito societario de falsedad documental y delito societario de administración desleal.
El magistrado afirma que la investigación se centra en las posibles defraudaciones realizadas a través de falsedad de BBV Privanza Jersey y Canal Trust Company que ahora, y según el informe del Banco de España, habrían sido utilizadas para estructuras o trusts directamente encaminadas a ocultar frente a terceros importantes cantidades sobre las que se habría ejercido facultad de disposición por personas con cargos de responsabilidad en el BBV sin rendir cuentas a interesados y quebrantando las normas de control, así como falseando balances y cuentas.
Según Garzón, el 5 de marzo de 2002 ya se amplió la investigación a posibles delitos de blanqueo de capitales y cohecho.
Con esta decisión, queda paralizado de momento el expediente administrativo sancionador que el Banco de España abrió el pasado 15 de marzo a la entidad financiera y a 16 de sus directivos y altos cargos, entre ellos el ex presidente Emilio Ybarra y el ex vicepresidente y consejero delegado Pedro Luis Uriarte.
Al remitirle el auto al BBVA -cuya defensa ha sido encargada al ex juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren- Garzón quiere asegurarse de que el presidente Francisco González le remitirá la información que el Banco de España le pidió el pasado 24 de enero relativa a la operativa de la Amelan, la fundación secreta que la entidad tenía en Suiza.
Posible imputación de la cúpula del BBV
La decisión adoptada hoy por Garzón supone que el caso del entramado financiero del BBVA, regularizado por el banco en el 2000, entra en la vía penal, lo que podría suponer la imputación de la antigua cúpula directiva del banco, en concreto los procedentes del BBV, entidad fusionada con Argentaria en octubre de 1999.
La red de cuentas y sociedades secretas que la entidad tenía en el exterior se regularizó a finales del año 2000 por iniciativa del actual presidente, Francisco González, quien lo puso en conocimiento del Banco de España a principios del 2001.
Garzón asume de esta manera la investigación de todo el caso BBVA, del que hasta ahora sólo había instruido una parte, la rlativa al posible fraude fiscal cometido en el exterior a través e su filial BBVA Privanza, especializada en la gestión de grandes patrimonios.
Investigación en Puerto Rico
En las últimas semanas, el magistrado decidió ampliar su investigación a unas presuntas operaciones de lavado de dinero procedente del narcotráfico y la financiación ilegal de partidos políticos en Latinoamérica, lo que le llevó a tomar declaración de algunos testigos en Puerto Rico.
Las investigaciones al BBVA Privanza se iniciaron en mayo del 2000 a raíz de la documentación incautada en unos registros que ordenó Garzón a sucursales de esta entidad en Madrid y Barcelona, en el marco del caso "Expo 92", en el que se investigaba si los 6.500 millones de pesetas cobrados por Telemundi en comisiones fueron legales.
Garzón decidió desgajar este caso del de la Expo y comenzó a indagar sobre el destino de este dinero, hasta dar con una sociedad radicada en la isla de Jersey, Canal Trust Company, que también aparece en el expediente del Banco de España.
En la investigación de la filial del BBVA aparecen como imputados el consejero delegado de BBVA Privanza, Carlos Delclaux, el directivo Gabriel Moreno, y el director general Manuel López López, éste último vinculado a la operativa de la cuenta secreta que el banco tenía en Jersey, según el expediente del Banco de España.
Comisión de investigación
Por otra parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha rechazado hoy que el secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, deba inhibirse de la inspección fiscal que mantiene la Agencia Tributaria al BBVA, tal como pide el PSOE.
"La Agencia Tributaria es autónoma en sus planteamientos y no necesita inhibiciones especiales de ningún alto cargo político en el ministerio", ha dicho Montoro en conferencia de prensa, preguntado sobre si Rodríguez-Ponga debía mantenerse ajeno a dicha inspección por su vinculación pasada como asesor con este banco, como exige el PSOE.
También esta mañana, el PSOE ha formalizado en el Congreso su petición de comisión de investigación parlamentaria sobre las cuentas opacas del BBVA con la que pretende analizar la actuación del Gobierno en este asunto, especialmente la fecha en que conoció esas cuentas y el uso que hizo de esa información.
Venta irregular de un terreno de Fujimori
La fiscal anticorrupción de Perú, Luz del Carmen Ibáñez, ha asegurado esta madrugada que el BBVA está involucrado en la venta irregular de un terreno realizada en 1999 por el entonces presidente peruano Alberto Fujimori. Ibañez, que asegura no poder ofrecer más detalles sobre la operación, se pondrá en contacto hoy mismo con el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón para comunicarle los datos obtenidos por ahora en la investigación que se sigue en Perú. El terreno fue vendido por 669.094 dólares a los ingenieros Jaime Guerinoni y Luis Carreras, de la empresa constructora INGEDSA quienes, según declararon a la fiscal, pensaban construir apartamentos para recuperar la inversión. Toda la operación bancaria se realizó desde el antiguo Banco Continental (hoy BBVA) en Lima hacia el BBVA en las islas Caimán y duró un día. Una de las pruebas de la falsa venta que confirmaría lo denunciado por Montesinos es que hasta el día de hoy el terreno se encuentra abandonado.
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