El juez Garzón amplió en marzo la investigación al BBVA a presuntos pagos ilícitos

El juez Baltasar Garzón, que deberá decidir en los próximos días si asume el caso de las cuentas secretas del BBVA, como le ha solicitado el fiscal Anticorrupción, ya amplió el pasado día 5 de marzo el objeto de la imputación contra varios ejecutivos del banco en el curso de su investigación de posible cooperación con delitos fiscales en la filial de Jersey. Garzón extendió las diligencias a presuntos pagos ilegales y otros posibles delitos.

A finales de febrero, el fiscal David Martínez, miembro de la Fiscalía Anticorrupción, elevó al juez un escrito en el que solicitaba ampliar los cargos contra los ejecutivos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Privanza, incluyendo, aparte de la posible cooperación al delito fiscal en presunta evasión de divisas en el paraíso fiscal de Jersey, Islas del Canal, presuntos pagos ilegales y otros delitos. El 5 de marzo, el juez Garzón dictó un auto recogiendo la petición del fiscal. Fuentes jurídicas indicaron que la resolución judicial, que se encuentra bajo secreto sumarial, está redactada en términos muy duros.

Las fuentes jurídicas consultadas dijeron que el fiscal, consciente de que la regularización prevista por el Código Penal vigente acaba con el delito y, también, con las falsedades documentales utilizadas para perpetrarlo, por un lado, y ante los indicios acumulados en la causa de que la red tejida en torno a Jersey podía incluir operaciones ilegales y presuntos cohechos, se decidió a pedir la ampliación de los cargos. El origen de las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Garzón en torno a BBVA- Privanza se remonta a la investigación de presuntos pagos de comisiones en la Expo 92 de Sevilla que pudieron ser desviados hacia Jersey por Luis Oliveró, quien fuera administrador único de Filesa, sociedad a través de la cual el PSOE se financió ilegalmente. El juez Garzón estimó que éste era el único vínculo presuntamente delictivo. Oliveró habría operado a través de la empresa Telemundi.

Requerimientos al banco

El juez Garzón hizo en los primeros meses del año 2000 varios requerimientos al BBVA para que se le enviara documentación. El director de Asuntos Legales del banco, el abogado y ex vicelehendakari vasco Mario Fernández, dio largas y rechazó las peticiones. Su argumento básico era que el BBVA-Privanza Jersey posee personalidad jurídica propia y por tanto actúa en el marco legal de la isla de Jersey.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez Garzón, en la última semana de mayo de 2000, la práctica de un registro en varias sedes del BBVA. La Policía Judicial, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, junto con la secretaria judicial del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, se presentaron el día 26 de mayo de 2000 en el paseo de la Castellana, en el domicilio madrileño de Privanza, y en el Centro Informático del BBVA en la capital española. También se hizo un registro en Barcelona.

Al parecer, después de estudiar la documentación, la Fiscalía Anticorrupción hizo nuevas diligencias. Ante los nuevos indicios, de aquel arranque de la investigación se pasa a considerar que se podía estar en presencia de bolsas cuantiosas de dinero negro que el BBVA Privanza había canalizado hacia el paraíso fiscal de Jersey.

No fue hasta septiembre de 2001 que el fiscal propuso tomar declaración a tres ejecutivos del BBVA-Privanza en calidad de imputados por un presunto delito de cooperación al delito fiscal relacionado con una presunta evasión de divisas. El 18 de septiembre de 2001, el juez Garzón tomó declaración en calidad de imputados a tres ejecutivos de BBVA-Privanza.

En la actualidad siguen imputados en el caso el consejero delegado de BBVA Privanza,Carlos Delclaux y otros cuatro ejecutivos. Uno de ellos, el director general de BBV Privanza Bank Jersey Ltd., Manuel López.

El nombre de este ejecutivo ha aparecido en los últimos días con ocasión del informe de inspección del Banco de España sobre las cuentas ocultas del BBVA. A la atención de López, fueron enviados el 6 de noviembre de 1998 a Jersey 134,4 millones de dólares, procedentes de la operación de compraventa de acciones de Argentaria, realizada por el antiguo BBV. Ese dinero se ingresó en la cuenta de una sociedad llamada Sharington, gestora de los fondos del trust T.532, del grupo BBV.

Pagos en Venezuela

Según el informe de la inspección del Banco de España, de esa cuenta salieron varios pagos, entre los que se han destacado dos, uno del 1 de diciembre de 1998 por valor de 525.586 dólares para apoyar la campaña presidencial de Hugo Chávez en las elecciones venezolanas del 16 de diciembre de dicho año, y otro posterior, del 7 de julio de 1999, de un millón de dólares cuando Chávez ya estaba en el poder.

De la citada cuenta del trust T.532 también fueron enviados 19,2 millones de dólares el 27 de marzo de 2000 a Estados Unidos para formalizar con American Life Company (Alico) 22 fondos de pensiones para consejeros y altos cargos del antiguo BBV. Poco después, el saldo restante en esa cuenta (123,3 millones de dólares) se transfirió a la llamada fundación Amelan, en Liechtenstein, cuyo beneficiario era el BBV.