Detenidos seis empresarios en Alicante por explotar a 'irregulares'

La Guardia Civil ha detenido en el municipio de Orihuela (Alicante) a seis empresarios agrícolas acusados de explotación laboral de inmigrantes indocumentados. Durante la operación, que empezó el martes, se inspeccionaron un total de 150 vehículos y fueron identificados 300 trabajadores temporeros. De ellos, 65 fueron arrestados por carecer de la documentación necesaria para trabajar en España.

El dispositivo se activó al filo de las seis y media de la mañana del martes en una pedanía de Orihuela, en pleno corazón de la comarca alicantina de La Vega Baja. Los agentes interceptaron un total de 150 vehículos, la mayoría furgonetas, e identificaron a 300 braceros procedentes del norte de Murcia, que eran trasladados para trabajar en explotaciones agrícolas del sur de la provincia de Alicante.

Los 300 extranjeros identificados proceden en su mayoría del Magreb, Latinoamérica y del este de Europa. Tras una primera inspección, los agentes trasladaron a las dependencias de la Guardia Civil a un centenar de inmigrantes para comprobar su situación de legalidad en el país. Finalmente fueron arrestados 65 por carecer de papeles, según informó la Comandancia de Alicante.

Éstos trabajaban en condición irregular para seis empresarios agrícolas, naturales de Murcia, Alicante y Valencia, que ya han sido detenidos acusados de un delito de explotación laboral de indocumentados.

Los acusados pasan hoy a disposición del Juzgado número 1 de Instrucción de Orihuela. Los extranjeros fueron, por su parte, trasladados a la comisaría de Elche para incoarles el expediente de expulsión, en virtud de la nueva Ley de Extranjería.

La intervención del martes se enmarca en un dispositivo que la Guardia Civil activa sistemáticamente en la comarca de La Vega Baja, zona que acapara una de las bolsas de empleo sumergido más importante de la Comunidad Valenciana. Un total de 36 efectivos, de distintas unidades territoriales de la provincia de Alicante, participaron en esta actuación contra la explotación de extranjeros.

La Inspección de Trabajo sancionó el pasado año con 4,74 millones de euros a empresas valencianas por emplear a inmigrantes sin papeles. El importe total de las sanciones casi se triplicó, con un incremento de un 265,5% con respecto a las impuestas en el 2000. El endurecimiento de las multas previstas en la nueva legislación no ha servido, en el caso de la Comunidad Valenciana, para disuadir a los empresarios de contratar a inmigrantes sin documentación. A tenor de la actuación de la Inspección, Trabajo no sólo casi triplicó en 2001 el importe total de las sanciones en comparación con 2000, sino que el número de sin papeles descubiertos se duplicó, con 907 inmigrantes detectados.

La actuación de la Inspección constata además que la economía sumergida continúa creciendo en la Comunidad Valenciana, en perjuicio de los trabajadores y del sistema de la Seguridad Social. La Delegación del Gobierno en Valencia informó de que el 80% de los expedientes de regularización de inmigrantes ha sido resuelto. De éstos, el 10% de las solicitudes fue denegado, informa Jaime Prats. Más de 56.000 peticiones se presentaron a la regularización de extranjeros por arraigo.