Bomba de relojería

La sustitución del tradicional contingente de trabajadores marroquíes y portugueses por otro de inmigrantes de los países del Este en la campaña de recogida de la fresa en Huelva ha creado una situación de imprevisibles, o más bien imprevistas, consecuencias sociales. Unos 7.000 marroquíes pululan por la provincia en busca de un trabajo que no existe, sin medios para sobrevivir y sin un techo bajo el que cobijarse. El primer deber de los poderes públicos es evitar que esa concentración de personas desvalidas degenere en un desastre, a cuyo fin, la Junta de Andalucía ha librado 90.000 euros a las ONG que asisten a esas personas. Pero es evidente que ha habido un fallo de previsión.

No parece prudente reemplazar de un año para otro, y en su totalidad, a la mano de obra inmigrante, en gran parte regularizada, que trabaja habitualmente en la recogida de la fresa, por otra contratada en sus países de origen. Es cierto que los contratos en origen ofrecen mayores garantías y tienen una especial cobertura en la Ley de Extranjería. Y que, seguramente, los empresarios freseros de Huelva intentan así evitar los problemas de contratación de mano de obra que les produjo graves pérdidas económicas en la campaña anterior. Pero al contratar en origen a unos 7.000 inmigrantes (el doble del cupo asignado para Huelva este año), han dejado sin empleo al colectivo vinculado a la recogida de la fresa desde hace años y que, en gran medida, se había asentado en la zona.

Se les ha cortado de raíz la precaria pero vital relación laboral que mantenían durante los meses -de marzo a junio- de la campaña. La diferencia de origen de sustituidos y sustitutos introduce la motivación racial como factor adicional de enfrentamiento potencial. La experiencia de El Ejido aconseja extremar las precauciones. Lo más urgente es evitar el estallido de la bomba de desesperación que forman estos inmigrantes excluidos del trabajo de la fresa. Alrededor de 2.000 están sin regularizar y la solución del Gobierno ha sido abrirles expediente de expulsión. Pero el problema es qué hacer con los otros, unos 5.000, que disponen de papeles, pero que, en muchos casos, sólo son válidos para la campaña de la fresa. Es comprensible que su desesperación aumente al sentirse defraudados y en posesión de unos papeles que no les sirven ni para trabajar en la fresa ni en otra tarea.