La Rusia de Putin, entre la apatía y las reformas pendientes

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llega al ecuador de su mandato de cuatro años esta semana con un elevado respaldo popular y habiendo creado la impresión de que su país es más estable hoy que en época del osado Borís Yeltsin. El líder, sin embargo, no ha sido capaz de impulsar un programa de modernización que una a la desorientada sociedad rusa en una tarea común.

El balance de Putin desde su elección el 26 de marzo de 2000 es mixto. El resultado más espectacular -en política internacional- es el alineamiento con Estados Unidos. En política interior y economía, el presidente ha emprendido algunas reformas de resultados modestos en comparación con los objetivos anunciados. El desarrollo democrático de Rusia se ha anquilosado e incluso ha retrocedido, y el analista Igor Kliamkin habla de la paradójica aparición de una 'monarquía absoluta elegida'.

La popularidad de Putin es estable (un 75% en febrero, según un sondeo del Centro de Estudio de la Opinión Pública). El número de personas dispuestas a votar por él, sin embargo, se sitúa en un 45%, tras reducirse siete puntos en un mes, dice el sociólogo Leonid Sedov, que atribuye el descenso a la política exterior del presidente. Excepto en sus temas favoritos, política exterior, seguridad y defensa, Putin se ha mostrado cada vez más apático y los círculos políticos informados opinan que al presidente le faltan 'empuje' y 'fines estratégicos'.

Putin no ha abordado en serio la corrupción del aparato del Estado ni ha cortado del todo las amarras con el equipo de Yeltsin. El Estado ruso pagó una fianza de cinco millones de francos suizos (2,3 millones de euros) para sacar de la cárcel a Pavel Borodín, el hombre que dio a Putin su primer trabajo en Moscú en 1996. Borodín, hoy secretario de Estado de la Unión de Bielorrusia y Rusia, ha sido condenado a una multa de 300.000 francos por un tribunal suizo, que lo ha declarado culpable de aceptar sobornos cuando era el gerente en jefe de Yeltsin y estaba a cargo de la restauración del Kremlin.

En Moscú, Putin se ha rodeado de pítertsi, como se llama a los oriundos de San Peterburgo, que hoy se afianzan en el tablero de juego de la capital. Los pítertsi forman un grupo variopinto de personas con distintos intereses, incluido un nutrido contingente de los servicios de seguridad soviéticos. Los analistas coinciden en que quieren una parte de las prebendas y los flujos financieros ya distribuidos. La leva de San Peterburgo incluye a Alexéi Miller, presidente del monopolio del gas (Gazprom) y a Víctor Zubkov, jefe del nuevo servicio de espionaje financiero.

En el Kremlin, la coexistencia entre el equipo de Yeltsin y el nuevo está asegurada por Alexandr Voloshin, el jefe de la Administración presidencial. Los tres años que este antiguo socio del oligarca Borís Berezovski acaba de cumplir en su puesto son un periodo no menos importante que el bienio de Putin. Voloshin ha sido clave para subordinar al Parlamento (Duma y Consejo de la Federación) y a los gobernadores al Kremlin.

Los propagandistas de Putin le atribuyen el mérito de una Rusia más estable. En el Kremlin hay quien ve las cosas de otra manera. 'En realidad no hay ninguna estabilidad. Es el cansancio tras la época de Yeltsin. El país está cansado de las volteretas, así que decidió descansar un poco', decía el vicejefe de la Administración, Vladislav Surkov, uno de los artífices del amorfo partido pro presidencial Edinaia Rossía. Sin duda, el control estatal sobre todas las cadenas de televisión de cobertura nacional y el exilio de los oligarcas críticos (Vladímir Gusinski y Borís Berezovski) contribuyen a la sensación de calma, aunque Rusia esté viviendo una guerra en su propio territorio. La operación militar rusa en Chechenia encuentra nuevos argumentos justificativos en el 11 de septiembre.

En el Parlamento, dominado por las fuerzas leales al Kremlin, Edinaia Rossía asegura (cuando entiende lo que le piden) que se aprueban las leyes apoyadas por la Administración. Con Putin, el Legislativo ha dejado de pedir cuentas al Ejecutivo y la Duma incluso está perdiendo en la práctica las prerrogativas que le corresponden. Una inspección realizada por el Tribunal de Cuentas en la Fiscalía del Estado ha sido declarada secreta por la misma fiscalía, incluso para los diputados del comité de Seguridad de la Duma. Con Putin, el Consejo de la Federación (la Cámara alta, formado antes por los dirigentes de provincias) se ha convertido, tras su reforma, en un club de lobbistas permanentes y en un gasto extra. En el Consejo de la Federación se ha refugiado Borís Pugachov, el misterioso banquero de San Peterburgo que ha emergido como representante de la remota república de Tuvá. Mientras los senadores reciben pisos en Moscú, en provincias los gobernadores autorizados por el Kremlin se hacen elegir por tercera vez y conviven con los representantes del presidente, que también contribuyen a aumentar los gastos del Estado al frente de la nueva división del país en siete unidades territoriales.

Cada medida reformista que se aprueba es neutralizada por una sofocante inercia, sin que se perciban hasta hoy los efectos del paquete de leyes especialmente diseñadas para luchar contra la burocracia. La economía, que ha prosperado en gran parte gracias a los altos precios del crudo, espera este año un crecimiento del 3%, inferior al de los dos anteriores. Los retrasos en los pagos de las nóminas funcionariales vuelven a menudear. Tras dos años de crecimiento, la inversión extranjera directa se redujo en 500 millones de euros (un 10%) en el 2001.

En la reforma judicial, el Gobierno ha presentado una mínima parte de las leyes que anunció. A partir del próximo julio, ningún detenido podrá pasar más de 48 horas en la cárcel sin orden del juez. El mérito de esta disposición no es de Putin, sino del Tribunal Constitucional, que obligó a mantenerla en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Presionado por la fiscalía, el presidente había pedido demorar hasta el 2004 la aplicación de este principio recogido por la Constitución.