Argentina prepara medidas para frenar la caída del peso frente al dólar

La mirada anhelante de la sociedad argentina se volverá hoy nuevamente sobre las pizarras electrónicas de las agencias de cambio que recogen a cada segundo la evolución en la cotización del dólar. La moneda de EE UU, el índice de referencia para toda la economía, dio el pasado viernes un formidable salto y se detuvo en torno a los tres pesos por unidad.

El presidente Eduardo Duhalde asegura que el Banco Central, desbordado hasta ahora a pesar de que liquidó casi mil millones de dólares en los últimos diez días, sólo volverá a intervenir con sus reservas en el mercado 'si el valor se dispara'.

Las expectativas y los anuncios del Ejecutivo no tienen efecto sobre la realidad económica, que parece entrar ya en una espiral inflacionaria. El aumento del dólar se traslada diariamente a los precios de los productos de consumo, el alza del coste de la vida se calcula por lo menos al doble de los índices oficiales y la necesidad de proteger los escasos ahorros aumenta la demanda de dólares porque nadie confía en otras ofertas de inversión.

Duhalde asegura que el plazo de tres meses anunciado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul O'Neill, para que Argentina reciba la asistencia financiera extraordinaria reclamada al Fondo Monetario Internacional (FMI) se reducirá a uno, porque espera que 'a finales de abril ya esté cerrado el acuerdo'. El FMI tomará una decisión en la asamblea prevista para el próximo 20 de abril.

Reuniones de urgencia

El equipo económico del Ejecutivo argentino, encabezado por el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, se reunió ayer para estudiar una serie de medidas que puedan frenar la escalada del dólar. La acción del Gobierno apuntará esta semana a secar el mercado para que no haya pesos suficientes y se alivie la presión sobre el dólar.

Lenicov pidió a la Corte Suprema de Justicia que intervenga para impedir la liberación de fondos atrapados en el llamado corralito. Cada día los jueces de tribunales inferiores admiten decenas de los 140.000 recursos de amparo presentados en todo el país y obligan a los bancos a devolver ahorros que inmediatamente se destinan a la compra de dólares. El Supremo está sometido a su vez a la presión del Congreso, que le inició un juicio político y demora la intervención según sus propios intereses.

El Ejecutivo debe lograr también que el Congreso derogue o modifique la llamada Ley de subversión económica, vigente desde la dictadura, el instrumento legal que permite a los jueces investigar y someter a proceso a funcionarios y banqueros, además de vetar artículos de la Ley de Quiebras y de iniciar la demorada Reforma Política en todo el país para satisfacer gran parte de las medidas comprometidas ante el FMI.