Europa y la lucha contra la pobreza

España preside la Unión Europea en un contexto internacional muy significativo marcado por el post-11-de-septiembre. La seguridad mundial y la lucha contra el terrorismo han pasado a ser la prioridad principal para cualquier Gobierno y cobran especial relevancia en el caso de Europa. Afortunadamente, nos encontramos con un interés renovado por parte de la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones para algún conflicto sangrante, como es el de Palestina e Israel. Sin embargo, los esfuerzos más importantes para conseguir esta mayor seguridad mundial apuestan por una estrategia militar en la lucha contra el terrorismo, sobre todo desde los Estados Unidos. Esto implica, entre otras cosas, un fuerte incremento del gasto de defensa, que llega a niveles agigantados en el caso norteamericano, a costa de las inversiones sociales. Un dato ilustrativo: sólo el incremento en gastos de defensa de Estados Unidos aprobado a finales de enero asciende a casi 50.000 millones de dólares al año, la misma cantidad que toda la ayuda oficial al desarrollo del conjunto de los países de la OCDE. Una ayuda que no cesa de disminuir año tras año, en detrimento de los países más desfavorecidos del mundo.

Ante este contexto y desde una Europa que se debate entre el seguidismo a Estados Unidos y la afirmación de una opción propia, la pregunta que no podemos dejar de hacernos es: ¿se puede realmente avanzar en la consecución de un mundo más seguro sin avanzar en la consecución de un mundo más justo y sin contribuir a la erradicación de la pobreza? Porque allí donde la pobreza está permanente instalada nos encontramos con situaciones de gran injusticia y con personas que están y se sienten marginadas y excluidas de nuestro mundo globalizado. Allí, los violentos y terroristas encuentran uno de sus caldos de cultivo. Pero es que, además, también allí es donde hay más personas en situación vulnerable. Personas para las que la lucha contra el terrorismo mediante una estrategia militar poco les supone en su aspiración de combatir las causas de su vulnerabilidad e inseguridad, tan ligadas a las de la propia pobreza.

Durante la última presidencia belga y tras el 11 de septiembre, los ministros de Cooperación de los Estados miembros de la Unión Europea respondieron a esa pregunta con un acuerdo que exigía redoblar esfuerzos para luchar contra la pobreza. Señalaban la Conferencia Internacional sobre Finanzas para el Desarrollo, que se celebra estos días en Monterrey (México), como una gran oportunidad para demostrar este compromiso. A esta conferencia asisten un buen número de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente Bush. José María Aznar, como presidente de turno de la UE, es el máximo representante de la delegación comunitaria.

La Conferencia de Monterrey fue convocada por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, con el objetivo de movilizar los fondos necesarios para alcanzar los ambiciosos objetivos de desarrollo del milenio, acordados en el año 2000. Estos objetivos comprometían a todos los Gobiernos a reducir la pobreza mundial a la mitad, conseguir la educación primaria universal y reducir la mortalidad infantil en dos tercios, todo ello antes del 2015. Desde Intermón Oxfam estimamos que para alcanzar estos objetivos sería necesario un incremento de la ayuda al desarrollo de 100.000 millones de dólares al año. Este aumento podría conseguirse si los donantes cumplieran su promesa de destinar el 0,7% de su PIB a la ayuda internacional. Hoy, la media de ayuda de los países de la OCDE es sólo del 0,22% del PIB.

La Unión Europea aporta el 55% del total de la ayuda oficial al desarrollo mundial. El grado de contribución de los diferentes Estados miembros es muy dispar: cuatro de ellos aportan más del 0,7% del PIB, mientras que otros, como España, con el 0,22%, y Grecia e Italia, aún con menos, van en el furgón de cola. De cara a la Conferencia de Monterrey, la Unión Europea ha acordado en la reciente cumbre de Barcelona incrementar su ayuda al desarrollo, de forma que en el año 2006 represente el 0,39% del PIB comunitario. Este acuerdo también comporta que todos los países alcancen en el año 2006, al menos, la media comunitaria actual del 0,33% del PIB. Aunque este acuerdo es claramente insuficiente para lograr los objetivos de desarrollo del milenio, es un primer paso positivo que debe ponerse en marcha y que tiene que reforzar el compromiso político de alcanzar el 0,7% cuanto antes. Para España, este acuerdo va a suponer un incremento muy sustancial de su ayuda al desarrollo. El Gobierno español debe concretar sus planes para materializarlo con celeridad y con una clara orientación a la erradicación de la pobreza.

La presidencia española de la Unión Europea también puede y debe tener un papel protagonista en la creación de un nuevo mecanismo que pueda solucionar crisis de endeudamiento, como las que actualmente sufren Argentina y Ecuador. En Monterrey se va a discutir una iniciativa para la creación de un tribunal de arbitraje justo y transparente que permita tomar decisiones sobre la deuda de un país, en el que participen deudores y acreedores. En países como Ecuador y Argentina, que están fuera del proceso HIPC del Banco Mundial de condonación de deuda para países pobres altamente endeudados, la creación de este tribunal sería muy interesante, ya que ambos tienen un endeudamiento muy elevado y diversidad de acreedores públicos y privados. Su puesta en marcha permitiría escuchar a todas las partes, incluida la sociedad civil, y que una organización independiente tomase una decisión que fuera luego acatada por todos.

Es necesario que Europa lidere una nueva estrategia para conseguir un mundo más justo y seguro. Frente a la creciente actitud beligerante norteamericana, no sólo por su estrategia militar contra el terrorismo, sino también por sus posiciones contrarias a iniciativas globales tan necesarias y positivas como el protocolo medioambiental de Kioto, el acceso libre de aranceles a nuestros mercados del Norte de los productos de los países menos avanzados, la creación inmediata del Tribunal Penal Internacional o el incremento significativo de la ayuda al desarrollo, por poner algunos ejemplos, Europa tiene que ir gestando una vía de actuación bien diferente que permita avanzar en seguridad mundial, promoviendo al mismo tiempo un mundo más justo y cohesionado. La Unión Europea tiene en la reunión de Monterrey una gran oportunidad para propiciarla y también para demostrar que, como se les ha pedido en las calles de Barcelona, la lucha contra la pobreza no ha quedado olvidada en su agenda.

Ignasi Carreras es director general de Intermón Oxfam.