Prevenir la tortura

El pasado viernes 15 de marzo el Parlamento vasco discutió una propuesta destinada a prevenir el riesgo de tortura y malos tratos en las dependencias policiales con sorprendentes resultados: desacuerdo y negociación a la baja entre los partidos que sustentan el Gobierno vasco y rechazo rotundo por parte de la oposición. La iniciativa partía de EA, que presentó para su aprobación una batería de medidas entre las que estaban la derogación de la legislación antiterrorista, la supresión de las competencias de la Audiencia Nacional, la reducción de los períodos de detención e incomunicación o la videograbación de los interrogatorios. Estas y otras medidas tendentes a disminuir los espacios y momentos de oscuridad existentes en determinadas fases de la actividad policial, susceptibles de convertirse en espacios y momentos de impunidad en el tratamiento de los detenidos, vienen siendo puestas sobre la mesa periódicamente desde hace más de una década por parte de las más diversas instituciones y organizaciones.

En 1999, Amnistía Internacional hizo público el documento titulado España: Motivos de preocupación en materia de derechos humanos en relación con el proceso de paz en el País Vasco, en el que, además de condenar sin reservas los abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA, realizaba consideraciones como las siguientes: a) la detención en régimen de incomunicación propicia la tortura y los malos tratos; b) aunque la solicitud para prolongar una detención en régimen de incomunicación y su autorización por parte del juez competente deben hacerse mediante comunicación motivada, en la mayoría de las ocasiones el único motivo que se aduce para justificar la incomunicación suele ser la presunta vinculación del individuo con ETA, sin más argumentación ni prueba; c) hay prácticas de tortura sumamente difíciles de detectar y, por lo mismo, de probar; d) aunque las personas detenidas en relación con delitos de terrorismo muy bien pueden formular denuncias falsas con objeto, entre otras cosas, de socavar la reputación de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, debe limitarse la tentación de considerar que todas esas denuncias forman parte necesariamente de tal estrategia.

Sin embargo, no es mucho lo que se ha avanzado en la prevención de una realidad contraria a cualquier consideración ética o democrática, juzgada muchas veces con displicencia por las autoridades competentes como una mera falta sin demasiada importancia. Más aún, salvo las contadas excepciones de personajes como el Montalbano de Andrea Camilleri o el Wallander de Henning Mankell, la literatura y el cine parecen empeñados en normalizar socialmente la aberrante figura de unos policías que incumplen la ley y abusan de la violencia como única forma de hacer cumplir la ley, aunque nadie en su sano juicio quiere a Harry el Sucio en las comisarías de su ciudad.

Del mismo modo que la objetividad científica no depende de la buena voluntad de la persona que hace ciencia sino de la aplicación rigurosa del método científico, la prevención de la tortura y los malos tratos no puede quedar supeditada a la buena voluntad de las personas responsables de detener e interrogar a los sospechosos de cometer delitos. Sostener esto no es acusar infundadamente a nadie o socavar el prestigio de las instituciones. Cuando Beccaria publicó en 1764 su trabajo De los delitos y las penas escribió un prólogo que finalizaba con estas palabras: 'Cualquiera que quisiere honrarme con su crítica, no empiece suponiendo en mí principios destruidores de la virtud o de la religión, pues tengo demostrado no ser tales los míos, y así, en lugar de concluirme incrédulo o sedicioso, convénzame de mal lógico o de imprudente político; no se amotine por las proposiciones que sostengan el interés de la humanidad; hágame ver la inutilidad o daño político que pueda nacer de mis principios y la ventaja de las prácticas recibidas'.

La imagen hecha pública ese mismo viernes del rostro tumefacto de Unai Romero tras pasar por dependencias policiales acusado de colaborar con ETA, cuya denuncia por torturas ha sido admitida a trámite por un juzgado de instrucción de Madrid, debería ser suficiente para situar la cuestión en sus justos términos y avanzar decididamente en la adopción de medidas que prevengan la posibilidad de ese tipo de actos.