La Universidad Europea CEES, investigada por presunto delito fiscal

Un juzgado de Móstoles ha ordenado a la Agencia Tributaria que investigue las cuentas de la Universidad Europea CEES para determinar si, tal y como ha denunciado su socio minoritario, ha eludido pagar impuestos en 1999 y 2000 mediante contratos ficticios con empresas de la propiedad del grupo Sylvan (accionista mayoritario de la universidad). El centro docente niega las presuntas irregularidad contables, administrativas y académicas que también está inspeccionando la Consejería de Educación. PSOE e IU critican la 'dejadez' de la Administración en resolver la denuncia.

El Centro de Estudios Europeos (CEES) empezó en 1989 como centro adscrito a la Complutense. En 1995 se convirtió en universidad privada, y en 1999 la multinacional Sylvan Learning Systems compró el 54% de Prouniversidad, la sociedad dueña del CEES. Los socios de la universidad, sita en Villaviciosa de Odón, quedaban reducidos a la multinacional norteamericana y uno de sus fundadores, Julio Fidalgo, con el 46% restante.

El 9 de marzo de 2001, la junta general de accionistas aprobó una ampliación de capital por valor de 5.000 millones de pesetas, lo que reducía al 23% la participación de Fidalgo. Éste se dirigió al entonces consejero de Educación, Gustavo Villapalos, para informarle de un 'cúmulo de presuntas irregularidades académicas y financieras' de los accionistas mayoritarios de la universidad, que tiene 7.500 alumnos.

El pasado septiembre y por escrito, Fidalgo enumeró a Educación las presuntas irregularidades. Primero: la subcontratación de la enseñanza de inglés a la red de academias Wall Street Institute, propiedad de Sylvan. Segundo: 'Los planes de estudios oficiales que se imparten en la actualidad carecen de aprobación'. Tercero: 'La imposibilidad legal' de Sylvan para ser titular de la universidad porque 'una sociedad que cotice en bolsa no está sujeta a la autorización previa de la Administración' (en este caso, la Consejería de Educación). Cuarto: 'La convalidación automática' de las titulaciones obtenidas por alumnos matriculados en otras universidades extranjeras propiedad de Sylvan.

La universidad aseguró ayer en un comunicado que 'ha respetado escrupulosamente la legalidad vigente'. 'Estas acusaciones carecen de fundamento, y tienen como único objetivo desprestigiar a la universidad y poner dificultades al desarrollo de la gestión del centro', añade. La universidad reconoce que, 'como ocurre en otras universidades, presta a sus alumnos el servicio educativo del inglés a través de sistemas multimedia por entender que la enseñanza con medios interactivos y tutores es la fórmula mejor para conseguir que los alumnos adquieran un nivel de expresión fluido en esa lengua'. También desmiente 'por falsas' las supuestas convalidaciones automáticas a los estudiantes de alguna de las universidades de Sylvan (entre ellas Las Américas de Chile y Valle de México). Pero admite que el juez número 9 de Móstoles, Esteban Vega Cuevas, ordenó a la Agencia Tributaria el pasado 17 de enero que investigara los ejercicios de 1999 y 2000 de Prouniversidad.

Una providencia del magistrado responde a la querella presentada por Fidalgo (y admitida a trámite en junio de 2001) por los presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad contable y contra la Hacienda Pública de tres altos cargos de Prouniversidad y dos de Sylvan, todos ellos imputados. Según la querella, Prouniversidad ha contraído una 'supuesta' deuda con Sylvan, así como un contrato por un 'inexistente servicio de asistencia técnica'. El objetivo: contabilizar como gasto las remuneraciones pactadas con Sylvan para evitar tributar sobre los beneficios reales, según la querella de Fidalgo.

'Lentitud'

La oposición aprovechó ayer la comparecencia del director general de Universidades en la Asamblea, Javier García Cañete, para criticar la 'lentitud' con la que están actuando los servicios de inspección de su consejería. PSOE e IU recordaron que el anterior consejero de Educación, Gustavo Villapalos, ya se dirigió a la inspección el 18 de septiembre pasado, un día antes de ser relevado en el cargo, pidiéndole 'la máxima urgencia, ya que, de ser ciertos los hechos denunciados, sería necesario retirar a dicha universidad la autorización para impartir docencia'.

Franco González, de IU, acusó al Gobierno regional de 'permitir la presión y el chantaje que ha ejercido Sylvan sobre los accionistas minoritarios con el fin de hacerse por las buenas o por las malas con el 54% de la institución'. La socialista María Dolores Rodríguez Gabucio cree que 'la poca diligencia de la consejería puede estar perjudicando al alumnado'.

García Cañete -quien dijo que la universidad imparte 18 titulaciones, aunque ésta anuncia 30 en su página web - adelantó que la investigación se va a centrar en las presuntas irregularidades académicas. Cañete aseguró que la subrogación de la enseñanza del inglés en favor de Wall Street Institute es legal 'mientras ofrezca los mínimos de calidad exigibles'. Y dijo que el hecho de que Sylvan cotice en bolsa es también legal, aunque debe informar a Educación si alguien adquiere más del 5% de su acciones.