Los consumidores preparan una querella contra las petroleras como la que paró el fiscal general

Las asociaciones que denunciaron en 2000 la presunta concertación de precios entre petroleras no se detendrán ante el veto del fiscal general del Estado a la querella preparada por la Fiscalía Anticorrupción contra Repsol YPF y Cepsa. Sus portavoces anunciaron ayer que ya están preparando otra querella en la que se acusará a las petroleras de un delito de alteración de los precios resultantes de la libre concurrencia. El fiscal general del Estado dijo ayer que espera dos resoluciones del Tribunal de la Competencia sobre la concertación de precios para decidir sobre la querella de Anticorrupción.

Tras la paralización por el fiscal General del Estado, Jesús Cardenal de la querella redactada por la Fiscalía Anticorrupción contra las petroleras Repsol YPF y Cepsa por la presunta concertación de sus precios, los integrantes de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes (PNCC) -asociación en la que están representados los colectivos que denunciaron los hechos- anunciaron ayer que preparan ya una querella alternativa que será presentada ante la Audiencia Nacional.

Los representantes de las organizaciones agrarias, de transportistas y de consumidores que forman la PNCC tienen prevista para el próximo jueves una reunión en la que 'con toda probabilidad', según su portavoz Juan José Gil, se decidirá la presentación de la querella.

Los querellantes acusarán a las compañías petroleras de la comisión de un delito de alteración de los precios resultantes de la libre concurrencia, recogido en artículo 284 del Código Penal, lo que podría suponer para sus administradores una pena de seis meses a dos años de cárcel.

La PNCC solicitará de la AN la remisión de todas las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción. Desde que el 22 de junio de 2000 la organización denunciara ante esa fiscalía el presunto pacto en los precios de las petroleras, ha transcurrido más de año y medio de investigaciones llevadas a cabo por fiscales y policías que recabaron miles de documentos para estudiar el caso. La querella que el fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo tenía ya redactada y que fue desautorizada ayer por Cardenal constaba de cerca de 80 folios.

El veto de la querella fue conocido el pasado martes por la Fiscalía Anticorrupción. Al día siguiente su fiscal Jefe, Carlos Jiménez Villarejo envió a Cardenal un escrito en el que le hacía constar su desacuerdo con la orden y le anunciaba su intención de acogerse al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que podría obligar al fiscal general del Estado a escuchar a la Junta de Fiscales de Sala antes de tomar una decisión definitiva.

Junto a la denuncia presentada en 2000, la PNCC aportó un informe en el que se analizaba la evolución de los precios de varias petroleras a lo largo de más de dos años y la variación entre ellos. Los resultados fueron sorprendentes. Desde 1997 hasta 2000 las tarifas de todas las empresas crecieron parejos, mientras que las diferencias disminuían con el paso del tiempo, lo que a juicio de los denunciantes demostraba un pacto entre ellas.

Por su parte Cardenal, anunció ayer que esperará a recibir toda la documentación del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre las investigaciones llevadas a cabo en 2001 contra Repsol YPF y Cepsa antes de decidir si da o no finalmente el visto bueno a la querella de Jiménez Villarejo. Ese órgano multó ese año a ambas petroleras por imponer los precios a las estaciones de servicio abanderadas por las mismas.

Multa de 200 millones

En la resolución 493/2000 de 31 de mayo de 2001, de dicho tribunal, se impuso conjuntamente a Cepsa y su filial Cepsa Estaciones de Servicio, SA, una multa de 200 millones de pesetas por imponer los precios de los carburantes a las gasolineras y demás distribuidores que no eran gestionados por la petrolera pero que vendían sus productos. Con dicha práctica se impedía que cada estación de servicio ofreciera sus propias tarifas.

En su resolución, el Tribunal de la Competencia consideraba que el contrato firmado entre los gestores de las estaciones de servicio y la compañía petrolera no podía imponer la fijación de las tarifas por ser estos últimos 'agentes económicos independientes' de Cepsa. El Tribunal criticaba esos contratos no sólo por fijar precios sino porque al mismo tiempo obligaban a los gestores de las estaciones de servicio a responsabilizarse de los carburantes en sus instalaciones.