La Audiencia Nacional investigará si las petroleras pactaron los precios

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por la Plataforma de Consumidores de Carburantes —integrada por transportistas, agricultores y consumidores— contra Repsol, Cepsa, BP y el resto de empresas integradas en la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) por alterar el precio de venta de los carburantes y evitar la libre concurrencia "mediante engaño y utilización de información privilegiada".

La querella ha sido admitida por el juez central de instrucción número uno, Guillermo Ruiz Polanco, y ha contado con el visto bueno del fiscal de la Audiencia, Jesús Alonso. En el auto, el magistrado reclama a la Fiscalía Anticorrupción la documentación sobre el caso que reunió durante más de año y medio y que le llevó a formular un proyecto de querella contra las petroleras, cuya presentación fue vetada por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

El secretario general de la organización agraria UPA, Fernando Moraleda, ha señalado que con este procedimiento se abrirá una investigación sobre el sector de los carburantes y se conocerá el alcance de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, a la que "se negaba el Gobierno", que, según dijo, "tiene miedo a la verdad cuando afecta a los poderosos".

La denuncia contra las petroleras se presentó como consecuencia del acuerdo alcanzado por la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes tras la decisión del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, de paralizar el proceso abierto durante los últimos dos años por la Fiscalía Anticorrupción para analizar el comportamiento de las petroleras en la fijación de precios.

Según fuentes de la organización agraria, la denuncia pretendía que no se perdiera el trabajo realizado por Anticorrupción. Según UPA, los argumentos jurídicos de la denuncia hacen referencia a todas las normas relativas al funcionamiento del libre mercado y el respeto a las reglas de concurrencia, una vez constatado que las empresas denunciadas, a través del "engaño permanente" y el uso de información privilegiada que "sólo ellas podían disponer", han producido "graves perjuicios ilegítimos" a los consumidores.