La UPA denuncia a las petroleras ante la Audiencia por fijar precios

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) presentó ayer en la Audiencia Nacional una denuncia contra las petroleras y la asociación que las agrupa por alterar el precio de venta de los carburantes e impedir la libre competencia mediante engaño y uso de información privilegiada. Mientras, el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, ratificó su veto a la presentación de una querella de Anticorrupción contra las petroleras.

La UPA ha presentado su denuncia como consecuencia del acuerdo alcanzado hace unas semanas por la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, tras la decisión del fiscal general del Estado de paralizar el proceso abierto durante los últimos dos años por la Fiscalía Anticorrupción para analizar el precio de los carburantes.

Precisamente ayer, Cardenal envió al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, un escrito de 16 folios en el que le reitera su prohibición de presentar una querella contra Repsol y Cepsa. En su escrito, el fiscal del Estado insiste en que los hechos descritos por Anticorrupción 'no son constitutivos de delito'. Cardenal justifica su decisión en que el Tribunal de Defensa de la Competencia no halló indicios de delito en las resoluciones que impusieron sendas multas de 500 millones de pesetas (tres millones de euros) a Repsol y 200 millones (1,2 millones de euros) a Cepsa por prácticas restrictivas de la competencia.

A juicio de Cardenal, el proyecto de querella de Jiménez Villarejo 'no expone con claridad' que las prácticas restrictivas de la libre competencia atribuibles a Repsol y Cepsa se hayan llevado a cabo empleando ninguno de los medios del artículo 284 del Código Penal: difusión de noticias falsas, empleo de violencia, amenaza o engaño o la utilización de información provilegiada. Cardenal concluye: 'La fiscalía general no otorga su conformidad para la interposición de ese concreto proyecto de querella remitido por la Fiscalía Anticorrupción'. Fuentes de Repsol y Cepsa señalaron que la decisión del fiscal general del Estado confirma que no han pactado precios.

Respecto a la denuncia de UPA, la organización pretende que no se pierda el trabajo ya realizado por la Fiscalía Anticorrupción, según explicó ayer su secretario general, Fernando Moraleda, y reclama que la Audiencia Nacional requiera las diligencias de la fiscalía, así como los expedientes del Tribunal de Defensa de la Competencia a Repsol y Cepsa.

Los argumentos jurídicos de la denuncia de UPA hacen referencia a todas las normas (desde la Constitución a las leyes específicas) relativas al funcionamiento del libre mercado. Los promotores de la denuncia dan por constatado que las empresas denunciadas, a través del engaño permanente y el uso de información privilegiada que sólo ellas podían disponer, han producido graves perjuicios ilegítimos a los consumidores en general y a los pequeños agricultores y ganaderos en particular.

Los argumentos se centran en el comportamiento del precio de los carburantes, que evidencia una evolución desigual de los precios del petróleo y los carburantes al público entre febrero de 2000 y marzo de 2002. La UPA afirma que, pese a existir 30 operadores autorizados en el mercado español, los tres principales (Repsol, Cepsa y BP) controlan una cuota del 80%.