Cardenal insta a los fiscales a anular los matrimonios simulados con inmigrantes

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha instado a los fiscales a 'extremar su celo' para impedir o anular los 'matrimonios blancos' o simulados, celebrados con la única intención de regularizar la situación en España de uno de los contrayentes. Cardenal destaca que el matrimonio simulado es 'radicalmente nulo' por falta de consentimiento y que el ministerio fiscal está legitimado para ejercitar la acción de nulidad.

En la circular que ha remitido a los fiscales, les insta a que realicen un 'riguroso examen' de los requisitos para contraer matrimonio a través de una entrevista 'reservada y por separado' con ambos contrayentes. El fiscal general recuerda una resolución del Consejo de la Unión Europea sobre factores que hacen presumir un matrimonio fraudulento: que los cónyuges no se hayan conocido antes del matrimonio; que se equivoquen sobre sus respectivos datos; que no hablen una lengua comprensible para ambos o que se haya entregado una cantidad de dinero para que se celebre el matrimonio.

Cardenal dedica otra parte de su escrito a la inmigración irregular y apunta la conveniencia de que los fiscales insten las medidas de protección de testigos previstas en favor de los extranjeros víctimas de delitos relacionados con la inmigración ilegal que colaboren contra las redes organizadas. No obstante, también les advierte de la necesidad de llevar a cabo una actuación cautelosa para evitar que puedan prosperar situaciones de denuncias falsas.

Más adelante, pide una repuesta 'contundente', incluso la prisión provisional, cuando se juzguen delitos de tráfico y explotación ilegal de personas, así como el comiso de los medios de transporte empleados en la comisión de los hechos. También subraya que a los extranjeros condenados por este tipo de delitos no se les podrá aplicar la sustitución de la pena de prisión por la expulsión, sino que 'deberán cumplir la pena privativa de libertad que les haya sido impuesta'.

Videoconferencia válida

Por otra parte, el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, anunció ayer que en el juicio contra 22 acusados por el motín de la prisión de Fontcalent (Alicante), ocurrido en 1990, se utilizará la videoconferencia, después de que la Fiscalía General del Estado haya remitido una autorización para el uso de este sistema, informa Efe.

El escrito de la Fiscalía del Estado responde a un informe jurídico que Magro remitió tanto a la Fiscalía como al Consejo General del Poder Judicial, para defender que el uso de la videoconferencia en la celebración de juicios 'ofrece garantías procesales y la legalidad de su utilización viene avalada por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por la Ley de Enjuiciamiento Civil'.

Cardenal se opuso recientemente a este sistema por considerar que no reunía aún suficientes garantías.