El fiscal general veta una querella de Anticorrupción contra las petroleras por pactar precios
Jiménez Villarejo se opone a la orden y pide la intervención de la Junta de Fiscales de Sala
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha vetado la querella que el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, tenía redactada y a punto de presentar en la Audiencia Nacional contra los administradores de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos y Cepsa Estaciones de Servicio, por supuestos delitos contra el mercado consistentes en prácticas para la concertación de precios. Ante la actitud de Cardenal, el fiscal jefe Anticorrupción ha presentado un escrito de oposición a la orden de su superior, lo que obligará al fiscal general a convocar a la Junta de Fiscales de Sala del Supremo.
El texto de la querella, que ocupa unos 80 folios, es el compendio de año y medio de investigaciones a las dos empresas filiales de Repsol-YPF y Cepsa, encargadas de la distribución y venta de gasolinas y gasóleos. Las dos filiales controlan casi el 90% del mercado y, según la investigación, obligaban supuestamente a los pequeños distribuidores a pactar los precios entre ellos.
Año y medio de investigaciones y el trabajo de fiscales, policías y secretarias, miles de documentos y centenares de declaraciones e informes han quedado reducidos a un proyecto virtualmente liquidado. El fiscal del Estado, en una notificación de apenas un folio, veta la interposición de la querella por entender que los hechos 'no reúnen los requisitos del tipo penal' de la alteración de precios.
Las investigaciones sobre la supuesta concertación de precios de las petroleras se iniciaron en junio de 2000, como diligencias informativas número 15/00, tras recibirse en la Fiscalía Anticorrupción denuncias presentadas por diversos colectivos de afectados, como asociaciones agrarias, empresarios de estaciones de servicios y organizaciones de taxistas y consumidores, así como información de las distintas operadoras sobre precios, parámetros que influyen en su determinación, cuentas anuales de empresas distribuidoras, etcétera.
Tras año y medio de investigaciones, Jiménez Villarejo remitió recientemente a Cardenal la querella acompañada de varios anexos que contienen peritajes sumamente complejos, basados en multitud de cálculos que denotan que las subidas y bajadas de los precios de las gasolinas no guardan relación con variables como el Índice de Precios al Consumo (IPC) o el precio del barril de crudo. El corolario de todos esos cálculos apunta a las petroleras como las presuntas artífices de las subidas y bajadas de precio.
El fiscal jefe Anticorrupción pretendía sentar en el banquillo, entre otros, a los presidentes y consejeros de las sociedades citadas, entre ellos a Juan Sancho Rof y Jorge Segrelles García, presidente y consejero delegado de Repsol Comercial de Productos, SA, y Francisco José Díaz Soares y Francisco Calderón Pareja, sus homólogos en Cepsa Estaciones de Servicio.
Sorpresa
La noticia fue conocida en Anticorrupción el martes y cogió por sorpresa a los fiscales, dado que la noche anterior la plana mayor de la Fiscalía del Estado se había reunido en torno a Cardenal durante una conferencia de éste en el Club Siglo XXI, tal como pudo comprobar este periódico. A la cena que siguió se quedaron unas 40 personas, entre ella el fiscal jefe Anticorrupción, Jiménez Villarejo.
Fuentes de la Fiscalía del Estado dijeron que Jiménez Villarejo remitió ayer un escrito expresando su oposición al fiscal general del Estado, en el que le anuncia su intención de acogerse al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Según dicho artículo, 'el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes, o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe'. Si la orden es del Fiscal General del Estado, 'éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala'.
Por su parte, Jesús Cardenal negó ayer que se haya producido 'enfrentamiento alguno' entre él y el fiscal jefe Anticorrupción, informa Esperanza Peláez desde Málaga. 'En todo caso hay disparidad de criterios', precisó. Cardenal, que se desplazó a Málaga para participar como ponente en un curso de la Universidad, explicó que Jiménez Villarejo, 'con buen criterio', le había remitido un borrador de querella contra las compañías Repsol y Cepsa por concertar precios y que, tras estudiar el documento la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, 'se llegó a la conclusión de que en la querella no están claros el o los delitos que se puedan haber cometido'.
'Le hemos pedido que reflexione sobre el tema, que aporte otras pruebas y que nos envíe la documentación que tenga del Tribunal de Defensa de la Competencia, a fin de conocer cuál ha sido la resolución administrativa, y en función de esos nuevos datos actuaremos', concluyó.
No obstante, fuentes fiscales recordaron que Jiménez Villarejo es el número uno del escalafón de la carrera fiscal y no es lógico que se desista de presentar una querella redactada por un fiscal de Sala del Tribunal Supremo y jefe de una fiscalía especial, ya que 'para eso hay un trámite de admisión en el que deben pronunciarse los magistrados'.
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