Gasolineros, consumidores y oposición critican el veto de Cardenal a Anticorrupción

Las asociaciones de gasolineros, consumidores, transportistas y la oposición han criticado hoy el veto del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, a la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Repsol YPF y Cepsa por supuestos delitos contra el mercado consistentes en prácticas para la concertación de precios en los carburantes.

Así, el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Juan Prats, ha asegurado que la asociación está sopesando la posibilidad de presentar una nueva denuncia contra las petroleras ante la Audiencia Nacional para tener acceso a la información recogida por el equipo del fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo.

Prats considera que esta información esconde datos "muy relevantes", como la introducción en la querella de acuerdos entre las compañías para comprar gasolineras, lo que demuestra que "no es sólo concertación de precios". "La CEES está ya valorando la presentación de la querella ante la Audiencia Nacional con arreglo a la documentación conseguida por la Fiscalía Anticorrupción", explicó.

En este sentido, Prats ha criticado la actuación del Fiscal General del Estado ante la "fuerte presión de las operadoras y la falta de voluntad real del Gobierno de liberalizar este sector estratégico de la economía".

Asimismo, se ha mostrado "desanimado" por la actitud de Cardenal, dado que "el Gobierno deja hacer a las petroleras, que siguen actuando igual" en relación a los precios.

El presidente de CEEES también ha indicado que las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia del pasado año contra Repsol YPF y Cepsa probaron la concertación de precios, pero fueron "muy descafeinadas". "Daba la sensación de que con esas multas sólo querían calmar a los consumidores", subrayó.

Posible recurso del PSOE

El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, ha anunciado que su partido estudiará la posibilidad de recurrir la decisión de Cardenal. En una rueda de prensa en el Congreso, Caldera ha calificado de "inaceptable" la posición de Cardenal, quien, a su juicio, abandona los intereses de los ciudadanos y defiende los intereses privados. "Si el fiscal del Estado no es sino el ordenanza del Gobierno, es evidente que ésta es una orden del Gobierno", ha agregado.

Por su parte, la secretaria de Consumidores y Usuarios del PSOE, Isabel Pozuelo ha señalado que el Fiscal General del Estado "actúa en favor de una parte y contra la mayoría de los ciudadanos". "El veto a la querella es inadmisible y defiende los intereses particulares de las grandes empresas", ha añadido.

Pozuelo ha recordado las multas del TDC a estas empresas por acordar precios y ha asegurado que Cardenal debe decir "de parte de quién está y si ha recibido instrucciones del Gobierno".

El segundo grupo de la oposición, Izquierda Unida, coincide con la valoración socialista. Así, el coordinador general la coalición, Gaspar Llamazares, ha declarado que Cardenal "demuestra día a día que es el fiscal general del Gobierno, y no el fiscal general del Estado". Para Llamazares, Cardenal "es el mejor abogado que se ha podido buscar el Gobierno de José María Aznar".

La condena de la OCU

El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, también ha lamentado el veto a la querella de la Fiscalía Anticorrupción y ha asegurado que Cardenal "debe ser el único español que no tiene la certeza de que existe un acuerdo de precios entre petroleras".

Según el portavoz de la OCU, España ha sido el país en el que menos bajaron los precios en el pasado año, pese a que las petroleras "se escuden en factores coyunturales e internacionales". "Las empresas siempre utilizan estos argumentos como les viene en gana", ha afirmado.

Cepsa no opina

Fuentes de Cepsa han descartado valorar la decisión de Jesús Cardenal y han insistido en que la empresa, segunda operadora española con un 25% de cuota de mercado, no ha llegado a ningún acuerdo con otras compañías.

La Fiscalía Anticorrupción abrió hace año y medio unas diligencias de investigación en relación a la denuncia de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, que sostenían que las empresas petroleras tenían suscrito un acuerdo no escrito para concertar los precios de las gasolinas.