La gasolina ha subido un 30% desde que las petroleras fijan el precio

El precio de los carburantes traza una curva en ascenso imparable e ininterrumpido en los últimos años, pese a que el monopolio energético se desmanteló en España en 1992 y que, desde octubre de 1998, el Ministerio de Industria, que hasta entonces fijaba precios máximos, dejó libertad a las petroleras para que pusieran sus propios precios.

Pese a la liberalización, los carburantes han acelerado sus subidas. El gasóleo sobre todo. En los últimos dos años y medio, el litro de este combustible -que animó a muchos conductores a comprar un vehículo de motor diésel por ser el de menor consumo- ha avanzado de media desde las 88,9 pesetas en 1998 a 128,9 pesetas en diciembre pasado, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Las petroleras se defienden y justifican los altos precios en razones totalmente ajenas a su voluntad: la subida de la cotización del petróleo y el alza del dólar frente al euro y, en menor medida, en las exigencias medioambientales de la UE.

Con estas premisas, las petroleras entienden que no hay relación de causa-efecto entre la subida imparable de los carburantes y la liberalización, sino que lo achacan a una 'mala coincidencia': los precios se liberalizaron cuando las cotizaciones de las gasolinas en el mercado internacional eran 'anormalmente bajas'.

El barril de petróleo brent (crudo de referencia en Europa) tocó un suelo histórico de nueve dólares en el mercado petrolero internacional de Londres (IPE) en 1998. La media del año fue de 13 dólares por una oferta excesiva, una demanda débil y los coletazos de la crisis financiera en el sureste asiático. Ahora cotiza a más de 25 dólares. La cotización internacional de la gasolina sin plomo siguió la estela del petróleo y, desde octubre de 1998 hasta ahora, se ha encarecido 32 pesetas.

Revalorización del dólar

En cuanto al condicionamiento del dólar, en el que se negocian los contratos petroleros, la divisa estadounidense se ha revalorizado un 35% respecto a la peseta desde finales de 1998 hasta ahora, lo que ha repercutido proporcionalmente en el precio del crudo.

Las explicaciones de las petroleras no convencen, sin embargo, a las asociaciones de consumidores, ni tampoco a algunos partidos políticos de la oposición, que aseguran que el mercado de los carburantes está en manos de tres grandes petroleras -Repsol (45% de cuota de mercado), CEPSA (25%) y BP (10%)- que disfrutan de los privilegios de una economía con menos competencia de lo que sería deseable. Incluso ha habido acusaciones, que están bajo investigación en los servicios de Defensa de la Competencia y en Bruselas, de que existe un acuerdo para pactar los precios.

Estas sospechas han hecho que, cuando las protestas sociales arrecian, como ocurrió en septiembre del año pasado, se alcen voces desde distintos ámbitos proponiendo al Gobierno que reestablezca un control sobre los precios.

El Gobierno defiende la plena libertad de precios argumentando, en primer lugar, que con el sistema antiguo de topes máximos, a los españoles les saldrían aún más caros los carburantes. Así, según cálculos del Ministerio de Economía, dentro del periodo que va desde agosto de 2000 hasta febrero de 2001, sólo en diciembre de 2000 la fórmula de precios máximos hubiera beneficiado a los automovilistas. En el resto de los meses, el precio real de los carburantes ha estado por debajo del de la fórmula.

En febrero pasado, por ejemplo, el litro de sin plomo habría costado casi dos pesetas más (135,9) y el gasóleo, 0,5 pesetas más (118,3). Claro que las asociaciones de consumidores o el PSOE nunca dijeron que pretendieran volver al viejo sistema, sino estudiar otros mecanismos posibles para estabilizar el precio y frenar el ansia recaudatoria de las petroleras.

El Gobierno tiene puesta su confianza en las medidas liberalizadoras aprobadas en junio pasado para reforzar la competencia y poner orden en un sector que desde la privatización de los grandes grupos energéticos no ha surtido todo el efecto que se perseguía. Restringir la capacidad de apertura de nuevas estaciones de servicio a los operadores con una cuota de mercado superior al 15% (Repsol y CEPSA) es una de esas medidas.

En la práctica, no resulta tan fácil. Abrir una gasolinera en la ciudad cuesta entre 200 y 300 millones de pesetas y hacerlo en una de vía de servicio cuesta unos 500 millones. Fuentes del sector reconocen que apenas se han establecido nuevas estaciones de servicio en los últimos meses, porque, además de caro, el mercado (con unas 8.000 gasolineras) se acerca a la saturación.

Otra de las principales medidas liberalizadoras aprobadas por el Gobierno en junio afecta a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), la dueña de los oleoductos españoles. Ninguna empresa que refine podrá tener más del 45% del capital de CLH. Repsol, junto a su filial Petronor, tiene el 61,46%, por lo que tendrá que reducir su parte en un 16,46%. Pero los cambios en el seno de CLH, nueve meses después, aún no se han completado.

Próximas subidas

'Si los precios de las gasolinas están caros es por las condiciones de falta de competencia del mercado español', señalan en uno de los 40 pequeños operadores independientes que trabajan en el mercado español. Desde Economía, se puntualiza: 'Las medidas estructurales están dando sus frutos, con una mayor competencia en el sector, y esos frutos serán aún mayores a medio y largo plazo'.

Con o sin competencia, las petroleras creen que el precio de las gasolinas va a seguir subiendo hasta el verano, repitiéndose la tendencia del año pasado. Algunos expertos sostienen que en Europa se van a producir ciclos anuales al igual que en Estados Unidos, de manera que la gasolina -más asociada al ocio- subirá por el tirón de la demanda en primavera y verano, cuando los ciudadanos sacan más el coche animados por el buen tiempo. En cambio, el gasóleo -más ligado a los procesos de producción- se encarecerá al llegar el invierno por el mayor uso de las calefacciones. Este fenómeno se ha agudizado, a juicio de los expertos, por la proliferación de los coches de diésel.