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COMBUSTIBLES

El Tribunal de la Competencia multa a Cepsa por imponer el precio en las gasolineras

La resolución del tribunal es un avance fundamental en la liberalización del sector petrolero

La denuncia contra Cepsa, al igual que la de Repsol, fue interpuesta por la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio de Andalucía (APES) en abril de 1999 y admitida a trámite por el Servicio de Defensa de la Competencia el 26 de agosto de ese año. El Servicio documentó el expediente, expuso sus razonamientos y lo envió al Tribunal de Defensa de la Competencia, el órgano que tiene capacidad sancionadora. La decisión de ayer fue adoptada por cinco votos a favor, uno en contra y dos que pedían una mayor sanción.

El Tribunal admitió la propuesta del Servicio en parte, ya que no incluyó todas las estaciones de servicio con contratos de exclusividad dentro del paquete sancionador. Asimismo, no se pronunció sobre la duración de esos contratos 'por falta de pruebas'. El Servicio de la Competencia sostiene que la duración supera los cinco años que rigen en la normativa comunitaria de 1999 y en algunos casos alcanzan los 25 años. El periodo de transición para adaptarse a la normativa europea finaliza el próximo 1 de enero.

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Comisionistas y revendedores El TDC sostiene que un contrato de exclusividad no supone el derecho de las petroleras a fijar los precios al consumidor porque ello impide la libre competencia. En cualquier caso, antes de pronunciarse, el Tribunal ha debido de calificar los tipos de contratos en exclusiva entre las modalidades de comisionistas y revendedores. Los contratos a comisión son aquéllos que permiten a la petrolera suministradora fijar un precio final que los propietarios de las gasolineras deben respetar y del que reciben una comisión pactada. Los contratos con revendedores son aquéllos en los que el suministrador no tiene la potestad de fijar el precio de venta al público. Son los gasolineros, en este caso, los que compran el combustible y ponen el precio de venta que estimen oportuno de acuerdo a sus intereses y a la libre competencia. El Tribunal ha entendido, a la hora de decidir la sanción, que Cepsa impone el precio a gran parte de los gasolineros como si fueran comisionistas, cuando son revendedores. Según Cepsa, la resolución del Tribunal sólo afecta al 20% de su red de gasolineras. La resolución, que será recurrida ante la Audiencia Nacional por la compañía sancionada, supone de hecho poner fin a un sistema de precios que ha estado tradicionalmente controlado por las compañías petroleras que se repartieron el antiguo monopolio de Campsa (las citadas Repsol y Cepsa junto a BP España). Precisamente, el TDC dictaminará en breves fechas sobre el expediente a Repsol, para el que pidió datos complementarios a las partes el pasado 17 de mayo con el objeto de tomar una resolución más fundamentada. En este caso, fuentes próximas estiman que la sanción será superior a la de Cepsa al tener mayor número de gasolineras abanderadas.

En la actualidad, Cepsa (controlada por Elf y el BSCH), cuenta con 1.577 gasolineras, mientras Repsol tiene 3.720 y BP, 509. Entre las tres copan el 80% del mercado españo. Según la APES, del total, en torno al 20% son propiedad de las compañías y el resto tienen contratos de distinto tipo.

El Tribunal de Defensa de la Competencia tenía de plazo hasta el 19 de junio próximo para dar la respuesta final al expediente surgido de la denuncia que hizo en abril de 1999 la APES, que aglutina a 100 empresarios propietarios de otras tantas gasolineras.

El presidente de la APES, Andrés Delgado, se mostraba ayer exultante ante el éxito que ha conseguido el sector de los gasolineros independientes frente a la 'imposición de las petroleras, que han burlado hasta ahora la competencia'. Delgado resaltaba ayer el esfuerzo que ha hecho el Servicio de Defensa de la Competencia, que 'ha motivado de forma clara la multa del tribunal'. A su juicio, tanto el Servicio como el Tribunal han apostados fuertemente por la competencia en un sector en el que 'las petroleras han utilizado en beneficio propio el denominado régimen de liberalización de precios'.

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