La sombra de Gescartera

El Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley de reformas del sistema financiero que puede calificarse de ambicioso. El meollo del proyecto son los cambios normativos encaminados a reforzar la capacidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para combatir algunas lacras muy graves en el funcionamiento de las bolsas, como son la información privilegiada o las deficiencias en la información contable que las empresas suministran a los accionistas e inversores. Tras estas propuestas de reforma, que incluyen un endurecimiento de las sanciones a los llamados chiringuitos financieros cuando incumplan las leyes y la elaboración de un reglamento interno de la Comisión, se adivina el impacto del caso Gescartera sobre la credibilidad de la CNMV y del Ministerio de Economía y la sombra de la variada tipología de fraudes contables detectados en la compañía estadounidense Enron.

Hasta donde se conocen las propuestas, en algún caso con muy pocos detalles, el tratamiento contra la información privilegiada es correcto, aunque insuficiente. No puede discutirse la conveniencia de que el delito esté mejor definido, ni de que exista un registro de las personas que disponen de la información relevante en cada operación, ni de insistir en la regulación de las llamadas murallas chinas (la obligación de no trasladar información entre los departamentos de las empresas que realizan las operaciones financieras). Son iniciativas elogiables que intentan acotar con mayor precisión cuándo se produce un caso de información privilegiada, intentando establecer la relación entre el hecho de poseer información reservada y el hecho de operar en el mercado como causa suficiente de presunción delictiva. Pero no está claro que los tribunales, que exigen una intencionalidad clara de delinquir y la relación causal inequívoca entre la información y el beneficio conseguido, vayan a aceptar sin más los nuevos criterios. Los inversores, en particular los pequeños, no tienen razones de momento para cambiar su percepción actual de que la CNMV no dispone de los recursos necesarios ni de los instrumentos legales exigibles para enfrentarse a operaciones sospechosas.

El proyecto establece, asimismo, que la CNMV puede exigir los papeles de trabajo de los auditores cuando existan problemas públicos en la interpretación de las cuentas. Éste es un punto conflictivo, que deberá ser precisado mediante un adecuado desarrollo reglamentario. Como los auditores consideran que sus notas de trabajo son confidenciales, deben quedar perfectamente tasadas las circunstancias en las que esa información debe pasar a manos de la CNMV.

El texto tiene un inconveniente grave: la dispersión. Pretende intervenir en muchos asuntos heterogéneos, desde la reordenación de las entidades liquidadoras de seguros hasta la regulación de los seguros de tráfico o el comercio electrónico de productos financieros. Un auténtico cajón de sastre. En tan vasto despliegue de intereses es fácil que se olvide que el sistema financiero español tiene cuentas pendientes que saldar; y de ellas, la más importante es evitar que se repitan episodios como el de Gescartera. Hubiera sido más eficaz concentrar la atención del legislador en definir qué facultades adicionales pueden convenir a la CNMV para combatir con más eficacia los delitos contra la transparencia de los mercados y conferir al regulador mayor autonomía frente al Gobierno. El fraude de Gescartera y la escandalosa actuación del anterior equipo de la CNMV es menos imputable a deficiencias legales o lagunas reglamentarias que a nombramientos políticos equivocados y a la mezcla de intereses públicos y privados, tan propia del Gobierno del PP.

En su estado actual, al menos en lo que se refiere a la regulación de los mercados, el proyecto legislativo del Gobierno no consigue transmitir un mensaje claro y rotundo de que se apuesta por la transparencia de las operaciones financieras. Pero hay que confiar en que las enmiendas mejoren el texto.