Malos aires en Uruguay

Si Argentina estornuda, Uruguay se constipa, como si las aguas de los ríos Uruguay y de la Plata contagiaran. No hay otro país que soporte tanto la crisis de la tercera economía latinoamericana como su pequeño vecino, con una superficie tres veces más pequeña que España y sólo tres millones de habitantes. La crisis argentina afecta sobre todo al sector uruguayo del turismo, una de sus principales fuentes de ingresos, y al comercio exterior.

Tras el agravamiento de la crisis argentina, Uruguay ha cambiado su previsión de crecimiento del PIB para este año de un +2% a un -1,75%

La deuda de Uruguay perdió el mes pasado el grado de inversión, la más baja calificación de riesgo crediticio para un país emergente, que había logrado en 1997. Sólo Chile y México mantienen hoy ese privilegio en Latinoamérica, lo que les permite financiarse en mercados internacionales exigentes y a bajos tipos de interés.

La rebaja de la condición uruguaya responde a las dificultades para reducir el persistente déficit del sector público en un entorno económico vulnerable, según la agencia Standard & Poor's (S&P). La prima de riesgo subió de 3% por encima de los bonos norteamericanos a 4,9%, un nivel aún poco inquietante.

La calificadora japonesa Rating & Investment catalogó la deuda soberana de largo plazo de Uruguay en el último grado de la escala de inversión (BBB) con perspectiva negativa. Este país suramericano planeaba emitir bonos Samurai por 200 millones de dólares (unos 229 millones de euros) el mes próximo.

Uruguay, sin embargo, consiguió lo que Argentina todavía sueña: esta semana firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye un crédito por 400 millones de dólares (459 millones de euros). El dinero será destinado al mejoramiento de la situación fiscal, el mantenimiento de la solidez del sistema bancario y la intensificación de las reformas estructurales. Dos bancos en Uruguay, uno de ellos el argentino Galicia (participado en un 7% por el español SCH), han sufrido fugas de capitales.

Desde que Argentina entró en recesión a mediados de 1998, Uruguay también ha dejado de crecer. Su receta económica ha sido bien distinta, pues los gobiernos de Montevideo han mantenido en los años noventa los servicios públicos en manos del Estado, cuidaron de que la deuda externa permaneciera en niveles equilibrados, redujeron la brecha entre ricos y pobres -único caso latinoamericano en la década pasada-, aunque no lograron altos índices de crecimiento. 'Si a los argentinos les va mal, lo vamos a terminar sufriendo nosotros', comenta una empleada de la compañía telefónica estatal Antel. Uruguay también se perjudicó por la reaparición de la fiebre aftosa, que frenó la exportación de carne vacuna entre 2000 y 2001, y la desaceleración mundial.

La crisis argentina afecta en Uruguay al turismo, una de las principales fuentes de ingresos, y al comercio exterior. El Gobierno de Jorge Batlle debió devaluar el peso y lanzó recortes de gastos, aumentos de impuestos, creación de otros y alzas en las tarifas de los servicios estatales.

Ajuste fiscal

El Gobierno uruguayo pretende reducir el déficit fiscal de 800 millones de dólares en 2001 (4,3% de un PIB de 20.000 millones) a 400 millones (2,5% del PIB) en 2002. La coalición gubernamental de los partidos conservadores Colorado y Nacional acordó disposiciones para disminuir el gasto del Estado: reducción de la flota de 15.000 coches, limitación del uso de teléfonos móviles y eliminación de costes de funcionamiento de organismos. Gravó la telefonía internacional, impuso el 23% de IVA a los lácteos, frutas y verdudas e incrementó el impuesto a la renta de los funcionarios y empleados de empresas públicas de altas nóminas, a pesar de la resistencia del Partido Nacional. Además determinó que el monopolio petrolero estatal Ancap aumentara el 4% el precio de los combustibles.

El Partido Nacional le pidió infructuosamente al colorado Batlle que introduzca mayores recortes de gastos e incentivos a las exportaciones, antes de iniciar una reforma tributaria. El ajuste fue rechazado por la central obrera PIT-CNT y la principal fuerza política de oposición, el izquierdista Frente Amplio. Ambas agrupaciones organizaron en enero una caravana de autocares y camiones que a ritmo de bocinas y bajo 35 grados de calor marchó desde Montevideo hasta las lujosas playas de Punta del Este. Este balneario ha registrado en el actual verano un descenso del 49% en la llegada de argentinos, a pesar de que los hoteles ofrecen habitaciones a mitad de precio.

La primera reacción del Gobierno de Batlle ante la devaluación argentina consistió en aumentar la banda de flotación del peso uruguayo del 6% al 12%, al tiempo que se aceleró el ritmo de devaluación del 1,2% al 2,4% mensual. Esta medida, que apunta a mejorar la competitividad y evitar una pérdida de reservas en la defensa del tipo de cambio, puede deprimir aún más la demanda interna en un país con una fuerte dolarización de precios y deudas privadas y públicas.

El ministro de Economía, Alberto Bensión, descartó su previsión de crecer el 2% en 2002. Después del agravamiento de la crisis argentina, Bensión se sinceró ante el FMI: el PIB caerá el 1,75% este año y se recuperará el 3% en 2003. El paro, en cambio, marcha mejor, pues la erradicación del brote de fiebre aftosa y la consiguiente reanudación de las exportaciones de vacuno permitieron bajar el índice del 15,5% al 14,9%.

Uruguay destina el 16% de sus ventas al exterior a Argentina, lo que supone 296,4 millones de dólares. La devaluación del 28,5% del peso argentino encareció aquellas exportaciones, principalmente de coches, papel y cartón, plásticos y sus manufacturas, derivados del petróleo e indumentaria. Los exportadores uruguayos temen que a muchos importadores argentinos se les torne imposible afrontar sus obligaciones.

Productos uruguayos deberán enfrentar a los argentinos, con precios devaluados, tanto en su mercado interno como en otras plazas del mundo. Las compañías lácteas, entre ellas la local Conaprole y la italiana Parmalat, advirtieron sobre el riesgo de una invasión de artículos vecinos. El Gobierno ha creado un mecanismo que impone derechos compensatorios a importaciones subvencionadas, como los melocotones griegos.