El sueldo de los jueces subirá entre un 14% y un 20% en tres años

El Ministerio de Justicia cerró el pasado miércoles las negociaciones con la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) sobre la nueva Ley de Retribuciones de jueces y magistrados. El incremento retributivo se situará finalmente en una banda de entre el 14% y el 20% de incremento sobre el salario base de los jueces, y la subida se aplicará en tres años, vinculada a un nuevo concepto basado en la productividad.

El incremento retributivo se situará en torno al 14% para los órganos judiciales unipersonales (juzgados) y alcanzará hasta un 20% de aumento para los magistrados de los tribunales colegiados. La subida, que no tendrá efectos retroactivos pese a los años de congelación, se aplicará finalmente en tres años: un 20% de la subida el primer año en que se promulgue la Ley de Retribuciones -en principio, está prevista para octubre de este año 2002-, el 50 % del incremento en octubre de 2003 y el 30% restante en enero de 2004. Las asociaciones no han logrado finalmente que la subida se aplicase en dos años, como intentaron hasta última hora.

Los incentivos en la retribución se valorarán conforme al denominado 'módulo' de trabajo, diferente para cada jurisdicción y órgano judicial. Se establece un complemento de especial rendimiento para los jueces que acrediten haber realizado un 20% de tarea superior al módulo, que no será inferior al 5% ni superior al 10% de sus retribuciones.

En cambio, cuando no se alcance el 80% del módulo por causas imputables al juez, se reducirá su retribución en un 5%. Justicia está en conversaciones con los Ministerios de Economía y Hacienda para tratar de habilitar las partidas económicas correspondientes.

En el tramo final de las negociaciones, los artífices de los acuerdos fueron el secretario de Estado de Justicia, José María Michavila; José Manuel Suárez Robledano, por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura, y Ricardo Bodas, por Jueces para la Democracia.

'Sanción encubierta'

La asociación Francisco de Vitoria (FV) rechazó firmar el acuerdo por considerar un 'sanción encubierta' la reducción de sueldos en un 5% cuando no se alcancen los módulos de trabajo. El magistrado del Tribunal Supremo Carlos Granados, portavoz de FV, explicó que la reducción de sueldo en caso de no alcanzarse la productividad prevista es en realidad 'una sanción encubierta, que se impone sin garantías'. En una carta enviada al secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, Granados critica la productividad como criterio retributivo al señalar que 'no trabaja más el juez que dicta 10 sentencias malas que el que dicta cinco buenas'. El portavoz de FV se mostró de acuerdo en que el juez que no cumpla su trabajo sea sancionado severamente, 'pero creemos que ese sistema no puede adoptarse porque puede comprometer el Estatuto de los Jueces', concluyó.

En cambio, para las asociaciones signatarias del acuerdo, la APM y Jueces para la Democracia, los acuerdos son 'realistas y razonables' y no apuestan por un juez 'productivista' a diferencia de los actuales 'planes de choque' puestos en marcha por el Ministerio, que creeen que sí lo eran.