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REPORTAJE

Historia de un pacto de justicia

Michavila y López Aguilar despacharon el pacto en 23 reuniones en restaurantes, aeropuertos, aviones y paseos

Dos brillantísimos licenciados en Derecho, profesores universitarios, ex becados de la prestigiosa Universidad estadounidense de Harvard, ahora ya cuarentones, altos, bien parecidos y mejor trajeados, pasean por la calle de San Bernardo de Madrid. Toman un oscuro coche oficial blindado. Es medianoche. Paran en el quiosco de la Puerta del Sol y recogen los periódicos. No vienen de ninguna juerga. Llevan horas ultimando y reescribiendo en secreto el pacto de Estado para la reforma de la justicia, un hito jamás conseguido en la historia de España.

José María Michavila, secretario de Estado de Justicia del Gobierno del PP, y Juan Fernando López Aguilar, secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico de la ejecutiva federal del PSOE, apenas se conocían hace cuatro meses. Ahora casi son amigos. Han entablado una buena relación. Han quedado incluso para cenar ya en privado, celebrar el histórico acuerdo y presentarse mutuamente a su esposa y a su compañera. Y eso que partían de situaciones vitales muy diferentes.

'La justicia es un poder, como siempre pensó la derecha, y un servicio, como cree la izquierda'

Michavila, número uno de su oposición de letrado del Consejo de Estado, sólo conoció en su infancia las apreturas lógicas de una buena familia con ocho hermanos, pero con un padre que alcanzó la cúpula militar. López Aguilar irrumpió casi de cero en Canarias hasta acaparar los mayores laureles en su licenciatura y fin de carrera en Granada, donde se labró fama por sus melenas y su radicalidad de izquierdas.

Cuatro meses de duro trabajo, 23 reuniones oficiales, una docena de frugales comidas en el Ministerio y de relajadas cenas en la bodega de Cuenllas, cientos de llamadas, un buzón entero de mensajes de Internet y de faxes intercambiados, viajes conjuntos en avión, encuentros en el aeropuerto, charlas en los pasillos y recovecos del Congreso han merecido la pena.El jueves 31 de mayo, a las 13.30, el presidente del Gobierno, José María Aznar, se sienta en una noble mesa de madera del salón Tapies de La Moncloa a firmar con los secretarios generales del PP, Javier Arenas, y del primer partido de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, un documento de 20 páginas color sepia con 23 puntos que inmortalizan todos los medios de comunicación.

Un pacto de tal trascendencia que pretende recuperar, según PP y PSOE, un siglo muy en blanco en la historia judicial de España.

López Aguilar y Michavila se sentaron por primera vez cara a cara a las 10.00 horas del miércoles 28 de febrero de 2001 en un despacho de la primera planta del caserón número 45 de la madrileña calle de San Bernardo, sede histórica y de parqué crujiente del Ministerio de Justicia. No lo hicieron solos. Les arropaban dos patas básicas de este pacto: el veterano diputado socialista por Huelva Javier Barrero y el subsecretario de Estado de Justicia, Ignacio Astarloa, al que todos conocen por sus ocho años como secretario general del Congreso de los Diputados y al que reconocen una incuestionable autoridad técnica y un magnífico sentido del humor.

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, que ese día estuvo con ellos y que más tarde compartió otras dos citas, había fijado los límites del terreno de juego en su comparecencia ante el Congreso del 14 de febrero donde ofreció formalmente el Pacto de Estado.

En el contacto del 28 de febrero, las delegaciones del Gobierno y el PSOE se tantearon y tomaron el pulso, hablaron sobre el formato de las negociaciones y sobre qué consultarían a todos los sectores afectados. Resolvieron que las discusiones no podían eternizarse y limitaron el plazo para llegar al pacto al periodo de sesiones parlamentarias que acaba en junio.

Ya entonces se constató que ni el PP estaba dispuesto a ceder su compromiso político de cambiar la elección de 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)para dar ese poder a los jueces, ni el PSOE quería renunciar a que esa competencia permaneciese en la institución que mejor representa a los ciudadanos: las Cortes.

A partir de esa fecha los encuentros se produjeron. Según el Gobierno, el PSOE intentó aparcar el problema de la elección del CGPJ para avanzar en lo demás. El PP se negó. Otro día, según el PSOE, desde el Gobierno les preguntaron: '¿Si hay coincidencia en todo menos en la elección del Consejo estáis dispuestos a firmar el pacto de Estado?'. La respuesta fue no. Tampoco se rompieron las conversaciones.

Más de 20 leyes a revisar, tres millones de asuntos pendientes en los juzgados y una opinión abrumadora contra el funcionamiento lento (82%) y malo (46%) de la justicia se impusieron a otras lógicas partidistas.

Se convocaron más reuniones, se emborronaron papeles, se barajó toda la documentación imaginable. Sesteó marzo. Los interlocutores quedaron el 20 y el 28 de ese mes. Y fluían con cierta sorpresa temas como el mapa judicial, el papel de los Tribunales Superiores, las necesidades de medios y personal.

Hasta que un día, Michavila preguntó escéptico a López Aguilar y Barrero: '¿Pero vosotros de verdad quereis el pacto?'. Todos lo querían, pero no se fiaban de las razones de sus contrarios. Empezaron a olvidar resabios y presiones cuando pasaban las semanas y los meses y no se producían filtraciones de sus trabajos.

Hubo más cenas y comidas los días 4, 16, 24 y 30 de abril. Michavila recogió en su coche oficial a López Aguilar, que es canario, en el aeropuerto de Barajas para aprovechar más el tiempo. En otra ocasión coincidieron en un vuelo precisamente a las islas.

Cuando estaban cansados del despacho paseaban por los aledaños de San Bernardo. Más de una vez, cuando las conversaciones se alargaban hasta la madrugada, Michavila llevaba luego a López Aguilar a su pequeño apartamento cerca del Congreso y enfilaba después hacia las urbanizaciones más notables del noroeste de Madrid. A esas horas aprovechaban para comprar la prensa recién horneada en Sol. Y comentaban su experiencia común universitaria o su paso académico por Harvard.

López Aguilar tenía sobre Michavila buenas referencias, directamente de Rodríguez Zapatero, pero también el prejuicio del estereotipo de un dirigente de las mejores familias de derechas. Una vez, incluso, López Aguilar le reprochó a Michavila la insistencia del PP por el método de las oposiciones para ingresar en la carrera judicial como el propio de 'los ricos' frente al más reequilibrador de la izquierda, con la corrección del tercer y cuarto turno para expertos de 'méritos relevantes'. Michavila, que ha llegado a equiparar a Zapatero con Tony Blair, amortiguó ese rechazo cuando le contó que había vivido con sus padres y ocho hermanos en un piso de 83 metros cuadrados.

López Aguilar y Michavila dieron varios pasos adelante el día que corroboraron que 'la justicia es además de un poder, como siempre pensó la derecha, un servicio público, como reivindica la izquierda'.

La intensidad de los debates afectó estos meses a la vida privada de los negociadores. Michavila cumplió el 28 de marzo 41 años y había quedado con su mujer para celebrarlo durante la comida. Por esa razón, programó la reunión con López Aguilar para las 11 de la mañana. Pero sólo la interrumpieron para tomar otro aperitivo de jamón y queso. Se marcharon para casa a las seis de la tarde, pero desatascaron sus divergencias sobre el jurado: 'La nueva ley de Enjuiciamiento Criminal abordará la readaptación del sistema de jurado a la luz de la experiencia observada en su funcionamiento'.

Hasta ese momento, el PP defendía la necesidad de revisar el jurado puro por un sistema escabinado, con participación de juristas. Los socialistas argumentaron con muchos datos que el jurado estaba casi consolidado y que aunque se había producido en algún caso alguna sentencia inapropiada, en general funcionaba bien.

Otro día, en Canarias, López Aguilar le presentó a Michavila a su compañera y ésta le espetó de broma: 'Tú eres el que estás siempre con él cuando le llamo al móvil'. Una de esas llamadas de urgencia de López Aguilar sorprendió a Michavila y Acebes dentro del Teatro Real.

El pacto sobre la justicia, entre tanto, seguía un ritmo constante. Se produjeron largas reflexiones sobre la importancia de la Oficina Judicial, sobre la necesidad de agilizar los procedimientos, sobre la Carta de Derechos de los ciudadanos. Y siempre, al final, salía a colación la enorme disparidad sobre el método para elegir a los consejeros del Poder Judicial.

A finales de abril, los días 24 y 30, en esas citas sufragadas por el Ministerio en el Cuenllas, en el número cinco de la calle de Ferraz, los interlocutores llegaron a la conclusión de que no tenían más remedio que compaginar ambas fórmulas, como había aventurado en octubre Javier Delgado, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, en el 20º aniversario de esa institución. Consultaron con sus superiores y hasta José María Aznar aceptó que renunciando algo a sus compromisos máximos hasta podría reportarle beneficios al Gobierno la 'doble legitimidad' de que las propuestas de los jueces fuesen refrendadas también por el Parlamento.

Se enfilaba la recta final. Ni el PSOE ni el Gobierno querían mezclar ese pacto estratégico con la campaña electoral vasca. Acebes apremiaba para resolver un cúmulo de cuestiones judiciales pendientes antes del 30 de mayo. Y los socialistas tampoco querían que esa imagen pactista se postergase como para solaparse con el primer debate de la nación en el Congreso entre Aznar y Zapatero, que será el 26 de junio.

En el peor momento, cuando los negociadores intercambiaban ya métodos posibles y muy dispares para que las asociaciones judiciales tuviesen capacidad de votación, unos a favor del voto directo con urnas, otros en función de su representación proporcional, Aznar y Zapatero se lanzaron serios avisos públicos. El presidente rechazó convertir el pacto en un mero reparto de cuotas. El líder del PSOE replicó: 'No pueden trasladarse las urnas a donde no le corresponden'. El PSOE, en ese órdago, sabía que llevaba las de perder, porque la asociación mayoritaria del sector (APM) es muy conservadora y podría acaparar todos los puestos.

Con la línea de meta a la vista, el pacto encalló. En este punto clave, las versiones difieren algo. Incluso dentro de los negociadores de cada partido. Consultados todos los afectados, nadie quiere personalizar al autor de la salomónica solución final. El resultado fue, en cualquier caso, que López Aguilar y Barrero interpretaron que no podían ir más lejos y que necesitaban el aval definitivo de Rodríguez Zapatero. A Acebes, que tiene la confianza total de Aznar hace años, tampoco le vino mal atribuirle un papel resolutor a Arenas.

Zapatero y Arenas hablan casi a diario, han conectado bien y se conceden autoridad para resolver muchos asuntos conflictivos entre ambos partidos. En esos días, por ejemplo, estaban aún por analizar los resultados de las elecciones vascas y sus consecuencias sobre el pacto antiterrorista. Quedaron a comer en el reservado del Cuenllas. A los cafés se incorporaron Acebes y López Aguilar. Pusieron sobre el mantel los problemas de la justicia. Y la fórmula mágica surgió: se nombraría a los 12 consejeros entre una lista de 36 candidatos, de los cuales la mitad los propondrían proporcionalmente las asociaciones y la otra mitad los jueces no asociados con un mínimo de avales.

A las siete de la tarde del miércoles 23 de mayo ya sólo hicieron falta unas miradas para desbloquear el enigma. Todos brindaron con cava. Y Arenas bromeó: 'Si mañana nos encontramos la noticia en EL PAÍS es que la habeis filtrado vosotros, si aparece en Abc es culpa nuestra'. El 'desbloqueo' apareció en EL PAÍS y La Razón. Todos se llamaron, se cruzaron acusaciones y adjuraron de los periodistas. Cuatro meses de lealtad y un pacto de estado estuvieron a punto de resquebrajarse. Perfilados los detalles, el domingo 27 de mayo, a las ocho de la tarde, Michavila llamó al móvil de López Aguilar, que lo descolgó en la escalerilla de un avión en Canarias: 'Ya está, esto no se toca más, mañana lo presentamos a la prensa'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de junio de 2001