La utopía de desatascar los juzgados

Adela G. L., de 60 años, sufrió un terrible accidente el 28 de marzo de 1998. El Mercedes en el que viajaba volcó en la ronda de circunvalación M-30 y desde entonces ha pasado tres veces por el quirófano y aún le quedan otras tantas intervenciones. Depende de una silla de ruedas y ha gastado una fortuna en médicos y medicinas. Pero sobre todo la espera ha sido agobiante. Aunque un juicio de faltas en Madrid suele tardar unos cuatro meses en celebrarse, en este caso fueron dos años. Era imprescindible para que el juez obligase a la aseguradora del coche a resarcir a Adela. Su caso llegó hasta la Audiencia y, después de 33 meses, sólo se atendió en parte su demanda. Ahora ha acudido a la vía civil.

Los órganos superiores asumen los atascos al recibir recursos de los que están por debajo

Meterse en un pleito civil o contencioso en Madrid es adentrarse en una odisea de la que sólo se sabe cuándo empieza pero no cuándo termina. Una demanda por el impago de una deuda o de una multa de tráfico, o por una obra molesta del vecino puede tardar tres o cuatro años en obtener su sentencia firme, inapelable. Y, a veces, ésta llega cuando la disputa ni siquiera existe porque los afectados, hartos de esperar, prefirieron un arreglo extrajudicial. Cada asunto judicial es un mundo y en la tardanza en resolverse influyen múltiples variables. Pero hay una en el que coinciden todos, fiscales, jueces y funcionarios: en Madrid faltan medios técnicos y humanos.

Ahora mismo, en la Sección Civil de la Audiencia de Madrid hay un atasco de 30.000 asuntos y en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior, de unos 50.000. Tras las reiteradas quejas del presidente de la Audiencia, Antonio García Paredes, Justicia ha decidido enviar a jueces de otras comunidades para que ayuden a acabar con los casos acumulados. Les pagarán sobresueldos, ya que deben seguir llevando sus juzgados y desplazarse a Madrid tres tardes por semana para reducir al menos un 80% del atasco en tres o cuatro años.

Uno de esos jueces desplazados podría ser Paco Salinero. Él es magistrado en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde reciben unos 4.500 asuntos al año. 'Los principales atascos se encuentran, como es lógico, en las grandes ciudades donde hay más densidad de población y donde aterrizan multitud de recursos. Nos quieren llevar allí para agilizar, pero quieren pagarnos unas 100.000 pesetas brutas por ese trabajo y la gente protesta', cuenta. El sueldo bruto de un juez es de unos 10 millones anuales. 'Sobre todo, no tienen en cuenta que aquí, aunque el retraso no es mucho, ya tenemos trabajo de sobra y, desde luego, las sentencias las ponemos en nuestra casa por las tardes. O sea, ya trabajamos por la tarde', afirma.

Salinero, que durante años fue decano de los jueces de Valladolid, asegura que el problema está en que la ley impide que los jueces puedan delegar y, por tanto, son nulas todas las actuaciones en las que no esté el juez presente. 'Hace falta gente que resuelva y no funcionarios, porque al final donde se genera el cuello de botella siempre es en el juez', dice.

En esta provincia, un caso de alcoholemia se resuelve en unos seis meses. Pero un juicio de faltas tarda una media de un año en celebrarse. Una causa laboral contra la Administración en la Audiencia encuentra con un retraso de cinco años.

Aquilino G., de 31 años, ha tenido que esperar un año para acudir al juicio por el robo de su furgoneta, que los atracadores utilizaron para asaltar una tienda. 'He venido porque en la citación me advertían de que me podían poner una multa de entre 5.000 y 25.000 pesetas, pero en realidad me da igual porque ya ni siquiera tengo la furgoneta. Y además he tenido que dejar a mi hermano a cargo de mi frutería para poder venir', explica.

La estructura piramidal de la justicia provoca que los órganos superiores asuman los grandes atascos, al recibir los recursos de todos los casos de los tribunales que están por debajo.

En lugares como Don Benito (Badajoz), de 32.000 habitantes, las causas van rápido. El juzgado de lo penal registró el año pasado 103 asuntos de los que se resolvieron 97, y en lo que va de año han entrado 150 y se han dictado 105 sentencias. Eso no significa que se haya dado carpetazo a todos, porque muchos se recurren y van a parar a la Audiencia de Mérida.

A Andrés M. le atropelló una moto cuando cruzaba un semáforo en Don Benito. Aunque el juicio se aplazó tres veces porque la compañía aseguradora no se presentó, apenas pasó un año hasta la sentencia que le concedió una indemnización de un millón de pesetas en octubre. Sin embargo, la aseguradora recurrió y su caso lleva parado desde entonces sin que la Audiencia de Mérida haya fijado día para una nueva vista. 'Está colapsada', sostiene el abogado Antonio Cidoncha.

Al retraso por la escasez de jueces hay que sumar el que propicia la falta de medios técnicos. Hasta hace dos años en la Audiencia Provincial de Valladolid no tenían ordenadores. En la sección de lo Contencioso-administrativo ni siquiera hay armarios para guardar los expedientes que se amontonan en el suelo de todas las habitaciones. Una sola impresora la utilizan nueve personas de distintos despachos.

En Don Benito los dos juzgados de instrucción y el de lo Penal comparten fotocopiadora. La informática llegó en 1994. Unos años antes, uno de los auxiliares se tuvo que traer su propio ordenador de casa para poder adelantar trabajo. Sigue siendo el único PC.

'La implantación de la informática en los órganos judiciales está empezando ahora', dice el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Jesús Manuel Sáez Comba. El Ministerio de Justicia ha provisto a todos los tribunales de un mismo sistema informático denominado Libra. De los corchos de los juzgados de Valladolid cuelgan carteles criticando el funcionamiento del sistema. 'Nosotros no lo utilizamos porque no está adaptado a las necesidades de nuestro trabajo', comenta una funcionaria de la sala de lo Contencioso-administrativo, que muestra los enormes libros en los que a mano registran cada movimiento en los expedientes. Este trabajo manual se repite también en Don Benito. Cada caso se inscribe en el sistema informático y también, para evitar sorpresas, en los libros de registro. Cuando se implantó el Libra, perdieron todo lo que se había guardado en el sistema anterior.

Las dotaciones materiales y de personal aparecen como las necesidades básicas para abordar la reforma de la justicia anunciada por el Gobierno la semana pasada. 'No podemos dejar de estar de acuerdo con una reforma que pretende agilizar los trámites y acercar la justicia al ciudadano. Otra cosa será cómo se va a concretar y qué garantías va a ofrecer', apunta Salinero. Ése es el reto al que se enfrentan Gobierno y oposición: especificar en qué se van a invertir los 250.000 millones de pesetas ofrecidos para esta 'modernización de la justicia'.

Esta información ha sido elaborada por Patricia Ortega Dolz, José Antonio Hernández y Soledad Alcaide.