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El autogobierno en una encrucijada

Joan Ridao Martin

Por lo que se ha visto, el reciente cónclave popular ha constituido una apoteosis, diría que impúdica, de inmovilismo alérgico a las reformas, de autocomplacencia (España va mejor) instalada en un monólogo que no escucha, y de exaltación posmoderna del nacionalismo español de siempre, con menos caspa y más gomina. No es que algunos esperásemos mucho de ese congreso, no. Empezando por el debate, con ribetes de funesta tragedia griega, sobre la sucesión de José María Aznar, y acabando por el intento más desacomplejado de rearme ideológico de la derecha española desde la transición, a partir de las tesis más uniformistas y centralistas posibles. Porque lo cierto es que no nos hallamos, como ha sugerido Jordi Pujol para rechazar la envenenada oferta de participar en un gobierno popular, ante el peligro de que Cataluña devenga en el futuro una provincia más de las conquistadas por las centurias aznarianas. Por desgracia para nosotros, no hay tal peligro porque el hecho es que el PP ya ha consumado a estas alturas su programa autonómico: ha repartido el café descafeinado para todos y amenazado, claro está, con la necesaria armonización y coordinación; ha abortado la presencia de las comunidades en los órganos de la Unión Europea e impulsado la denominada 'segunda descentralización', primero propiciando el traspaso de competencias autonómicas a los entes locales sin que el Estado se adelgace siquiera un miligramo ni solucione el grave problema de las haciendas locales, y luego primando una visión radial y macrocefálica del Estado con una ley de grandes ciudades y otra de capitalidad para Madrid. Ni el mismísimo Franco se atrevió a negar a Barcelona un estatuto especial como el que se pretende ahora con el proyecto de Carta Municipal, aprobada unánimemente.

El envite lanzado por el PP a Convergència para entrar a formar parte del Gobierno no puede tener otra respuesta que buscar un acuerdo de autogobierno lo más amplio posible

Particularmente, me inquieta sobremanera que el PP invoque ahora sus pactos autonómicos con el PSOE para justificar, 10 años más tarde, su tramposa propuesta de Pacto Local, un ensayo más de la clausura que experimenta el Estado autonómico y que amenaza con sepultar definitivamente el espíritu constituyente y por desnaturalizar un proceso autonómico que, por definición, es abierto y cambiante. No en vano, la Constitución no culmina un modelo, sino que, después de consagrar algunos principios como la unidad o la solidaridad, da el pistoletazo de salida a un proceso para acceder a la autonomía sin necesidad de cerrojos. Por ello, Rodríguez Zapatero debiera tomar buena nota, si no lo ha hecho ya, del reduccionismo de matriz españolista de Aznar. Y Pujol, que viene manteniendo pese a todo una colaboración estable y duradera en el tiempo, debería evitar aparecer como el ingenuo que no es esperando alguna concesión a la lectura amplia y generosa de la Constitución, o cambios en su política antiterrorista y en sus relaciones con el nacionalismo democrático vasco. Por ello, se me antojan como un auténtico monumento a la incoherencia política las razones dadas por el presidente catalán para desairar ahora a Aznar, que por supuesto obedecen a simple cálculo estratégico y electoralista. ¿Acaso hacía falta, como apuntaron algunos dirigentes de CiU, esperar al Congreso del PP para percibir las tesis más cerradas a la mejora del autogobierno catalán y a la interpretación en clave plural del actual modelo de Estado?

No es lícito, pues, blandir la reforma constitucional y estatutaria como si de un espantajo se tratara, ora como moneda de cambio para entrar en el Gobierno, ora como consecuencia de un desenlace, por otro lado previsible, de un debate congresual. La mejora del autogobierno no puede quedar condicionada ni por la agenda ni por los intereses partidarios de nadie. Ahora, Convergència i Unió, más allá de las afirmaciones retóricas, debe demostrar que está dispuesta, como lo ha hecho la izquierda catalana, a sentar sin más dilaciones las bases de un acuerdo institucional, lo más amplio posible, para plantear en un horizonte razonable una mejora sustancial de nuestro autogobierno.

Joan Ridao es portavoz y diputado de ERC.

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