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Editorial:

Confusión estadística

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer el índice de precios al consumo (IPC) correspondiente al mes de enero -el primero que recoge las modificaciones metodológicas introducidas en su elaboración-, en medio de una grave confusión. Como consecuencia de la incorporación de las rebajas y de otros cambios en la ponderación de algunos artículos de consumo, la inflación en enero bajó el 0,1%, pero la tasa anual de inflación aumentó desde el 2,7% de diciembre al 3,1%, aunque menos de lo esperado. De hecho, los analistas contaban con que el efecto de las subidas impositivas en algunos servicios básicos llevaría la inflación hasta el 3,4%.

El problema es que tal como se ha servido la información del nuevo IPC es inservible para analizar la evolución de los precios. Y no tanto porque los analistas pongan en duda la credibilidad del INE, que no la ponen, sino porque no se ha publicado la serie reconstruida de los precios -incluidas las rebajas- que el Instituto venía elaborando desde enero del año pasado. De forma que es imposible saber qué partidas suben o bajan de verdad y el 3,1% que se ofrece como tasa anual se convierte en un artículo de fe. En todo caso, a efectos de valorar la política antiinflacionista, el dato de enero es inservible. El interrogante es si el INE ha hecho mal su trabajo, al no publicar la serie completa del IPC, o de nuevo nos encontramos ante un ejercicio propagandístico del Gobierno, con el objeto de aprovechar las estadísticas para esconder un problema serio, como es el rebrote inflacionista provocado en parte por decisiones impositivas.

La cuestión esencial sigue siendo que la economía española sufre una tasa de inflación significativamente superior a la de nuestros socios comerciales, que también han sufrido repuntes en ese mes de enero. Cuando se verifica que los altos precios coinciden con la intensa desaceleración de la economía, la elevación del desempleo y la manifiesta contención de las rentas salariales, cualquier discusión metodológica pierde relevancia. Lo que nos queda es un quiste inflacionista que deteriora la capacidad competitiva de la economía y empobrece a asalariados y pensionistas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de febrero de 2002