L'Aliança se querella contra dos altos cargos de Sanidad y Economía

Es la guerra, y se librará en los tribunales. Una semana después de que el Consejo de Administración de L'Aliança aprobara por unanimidad emprender acciones contra el Gobierno catalán por supuestos 'intentos de control' de la entidad, la mutua ha presentado, alegando 'indefensión', una querella criminal contra dos altos cargos del Gobierno catalán. Éste garantizó ayer ante los sindicatos el empleo y la continuidad de L'Aliança, cuya inspección llevará 'hasta sus últimas consecuencias'.

La querella se presentó ante el juzgado de guardia el pasado miércoles y le ha correspondido tramitarla al Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona. Presumiblemente, va dirigida contra el director general de Política Financiera del Departamento de Economía, Josep Badia, y contra el director del Servicio Catalán de la Salud (SCS), Josep Prat. Fuentes de la mutua no descartan ulteriores acciones penales o civiles.

La salida a la luz de esta información fue tan rocambolesca como el desencuentro entre la dirección de L'Aliança, encabezada por Ramon Carranza, y el Gobierno catalán, que investiga a la mutua por supuestas anomalías en la facturación de la entidad por un valor, al menos, de 7,2 millones de euros (1.198 millones de pesetas). Una mujer que no quiso identificarse invirtió la tarde-noche del pasado miércoles en llamar a los informadores de los principales medios de comunicación de Barcelona para explicar la presentación de la querella. Este diario no pudo localizar a la dirección de la mutua esa noche, y sólo ayer confirmó implícitamente la veracidad de la información en un comunicado en el que decía que no haría comentarios al respecto.

Este comunicado anticipa una guerra larga, ya que advierte que 'cualquier injerencia caprichosa, injustificada y arbitraria, de la esfera pública o del sector privado, encontrará siempre en la respuesta de los órganos de gobierno de la entidad y de su Consejo de Administración, escogido democráticamente, una firme y seria defensa de los intereses de sus mutualistas'.

Su difusión pilló reunidos a representantes de los trabajadores de L'Aliança (SATSE-AMIC, CC OO, UGT y USOC) y a los consejeros de Sanidad y Economía, Eduard Rius y Francesc Homs, respectivamente. La Generalitat respondió a la inquietud incubada entre los más de 2.000 empleados de la entidad ante la lucha por el poder en L'Aliança con el doble compromiso de garantizar el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y la continuidad y estabilidad de la entidad. El Gobierno catalán también subrayó que velará por el mantenimiento de las prestaciones a los mutualistas.

Fuentes presentes en la reunión aseguraron que Homs llevó la voz cantante en la sesión y que enfatizó: 'No estamos ante una cuestión laboral, sino ante una cuestión de gestión'. El consejero dijo que la investigación, extensiva a los sueldos de los directivos, está aportando numerosos datos -los inspectores movilizados miran factura por factura- y que 'llegará hasta sus últimas consecuencias'. Si se prueba que asistencia a pacientes atendidos como mutualistas ha sido facturada a la Seguridad Social, el Gobierno catalán explora intervenir la mutua de modo definitivo, lo cual supone apartar del poder a Carranza.