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Los partidos vascos renuncian a la pensión máxima

El PNV y los socialistas piden una nueva reunión para precisar el alcance de los beneficios

Las críticas generalizadas al acuerdo adoptado el jueves por PNV, socialistas y populares en la Cámara vasca para asegurar el cobro de la pensión más alta a los diputados con cuatro años de antigüedad ha forzado a una primera rectificación del PNV y PSE-EE. Si el PP admitía su error el mismo viernes y se comprometía a rechazar dicha pensión, peneuvistas y socialistas anunciaron ayer que el lunes convocarán una reunión de la Comisión de Urgencia Legislativa para revisar la decisión adoptada sobre las pensiones y, probablemente, limitar y precisar sus posibles beneficiarios.

Si, como dice el refrán, rectificar es de sabios, la sabiduría ha tomado cuerpo entre los tres partidos que aprobaron el pasado jueves en la Comisión de Urgencia, Reglamento y Gobierno del Parlamento vasco un sistema de provisión complementario de las pensiones de los parlamentarios que hayan permanecido en su escaño al menos cuatro años. Actualmente la pensión máxima asciende a 1.953 euros (325.000 pesetas). Un trabajador debe cotizar a la Seguridad Social un máximo de 35 años para obtener el 100% de la base reguladora correspondiente a sus ingresos.

La enorme polémica suscitada ante el privilegio autoconcedido por los parlamentarios vascos ha influido decisivamente en la rectificación anunciada ayer. Todos los sindicatos de Euskadi, dos de las formaciones que sustentan al Gobierno de Juan José Ibarretxe (EA e IU), Batasuna y voces aisladas del mismo PSE, como el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, descalificaron la medida por ser un 'privilegio inaceptable'. El propio coordinador de IU-EB, Javier Madrazo, que ocupa la cartera de Asuntos Sociales en el Gabinete Ibarretxe, la calificó de 'acto de piratería política', mientras que Elorza pidió a su grupo parlamentario que 'rectifique' de inmediato. Elorza, que podía acogerse a la medida al haber sido parlamentario durante dos legislaturas, anunció desde Logroño que renunciaba a la misma. 'Este tipo de decisiones, ni se entienden ni se justifican, mucho menos si participa una fuerza de izquierda, y contribuyen al descrédito de la política, la pérdida de credibilidad en la democracia y supone un fiasco', aseguró el regidor donostiarra.

Tras la decisión anunciada el viernes por el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, de que sus diputados se comprometían a firmar un documento en el que renunciaban a los beneficios aprobados con sus propios votos, el portavoz parlamentario del PNV, José Antonio Rubalkaba, anunció ayer en Radio Euskadi que su formación iba a pedir la reunión urgente de la comisión donde se aprobó la reforma del reglamento para el complemento de las pensiones. Horas más tarde y conocida ya esa decisión, el portavoz del PSE-EE en la Cámara, Rodolfo Ares, formación que dio sus votos a la iniciativa y guardó hasta ayer un silencio casi sepulcral sobre el tema, anunció que también iban a pedir una reunión inmediata de la Comisión de Urgencia Legislativa para que se analicen y revisen los acuerdos adoptados en materia de complemento de pensiones para los parlamentarios.

Con todo, el portavoz peneuvista aseguró que, si finalmente se opta por retirar el acuerdo, habrá menos gente dispuesta a dedicarse a la política en Euskadi. Y recordó que el cambio del artículo 15 del Reglamento de la Cámara es un desarrollo del Estatuto del Político Vasco, aprobado hace tres años por todas las fuerzas excepto Batasuna, y en que también se regularon las cesantías, las dietas y los sueldos de los miembros del Gobierno y los parlamentarios.

El 29 de diciembre de 1999, fecha en la que adoptó ese estatuto, 'acordamos que el parlamentario que tuviera una situación difícil el día de su jubilación, podía tener una compensación en ese sentido', recordó Rubalkaba. Según un estudio elaborado por el propio Parlamento, ahora mismo 34 diputados están jubilados y, de ellos, sólo nueve tendrían derecho a percibir un complemento para alcanzar la pensión máxima: seis con una gran aportación de fondos públicos, mientras que los otros tres ocasionarían un gasto de entre 30 y 60 euros al mes.

De alguna manera, tanto socialistas como peneuvistas venían a reconocer ayer la necesidad de legislar de una manera mucho más precisa y no tan general este asunto. Ares incluso llegó a decir que la pretensión del acuerdo no era que fuese generalizable a todos los parlamentarios, aunque el texto en sí no marca excepciones, ni acota lo más mínimo la medida.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de febrero de 2002