Privilegios de diputado

Los diputados del Parlamento vasco que hayan permanecido en el puesto un mínimo de cuatro años repartidos a lo largo de dos legislaturas tendrán derecho a percibir la pensión máxima de jubilación. No es un caso único, pero sí es un privilegio que no tiene justificación.

No es caso único porque la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó una medida similar en julio pasado. La fórmula consiste en ambos casos en establecer un fondo para completar hasta el máximo legal, actualmente fijado en unos 2.000 euros (325.000 pesetas), la jubilación a la que se tenga derecho según la normativa general de la Seguridad Social. Dicha normativa establece un mínimo de 15 años de cotización para tener derecho a pensión contributiva, y 35 años para poder percibir el 100% de lo establecido para cada tramo. Sólo la décima parte de los trabajadores llega a cumplir ese requisito.

También en el Parlamento español llegó a debatirse durante la pasada legislatura una norma similar. Formaba parte del proyecto de reforma del Reglamento del Congreso, que no llegó a aprobarse y decayó al producirse la disolución. Y existe otra norma por la que se garantiza un complemento en la pensión (hasta alcanzar unos 1.500 euros) para los ex diputados que lo soliciten y acrediten unos ingresos inferiores. Esta medida, introducida en su día para situaciones especiales (como la de Pasionaria y otros exiliados del franquismo), tiene un carácter más bien asistencial y no se puede considerar equivalente a lo ahora planteado.

Lo que ha aprobado la comisión correspondiente del Parlamento vasco es la modificación del Reglamento de la Cámara que hace operativo el acuerdo alcanzado el penúltimo día de 1999 sobre el Estatuto del Político Vasco, en el que se establecía ese complemento para los miembros del Gobierno y para los parlamentarios. Resulta llamativo que por primera vez en muchos meses hayan coincidido en su voto favorable PNV, PP y PSE, mientras se oponían dos socios del Gobierno de Vitoria, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida.

Los diputados vascos han decidido otorgarse un privilegio. Una cosa es que la profesionalización de la política pueda ser necesaria si se quiere evitar reducirla a ocupación de rentistas ociosos o funcionarios sin riesgo, y que sea conveniente que los parlamentarios cobren un salario que permita atraer a la política a gente preparada y con experiencia profesional; otra, que los legisladores aprueben leyes discriminatorias en beneficio propio frente al común de los ciudadanos. Eso no tiene justificación.