L'Aliança llevará a la Generalitat a los tribunales por intentar controlarla

El tenso pulso político que mantienen el Gobierno catalán y la principal mutua de Cataluña, L'Aliança, estallará en los tribunales. Apenas 24 horas después de que el consejero director general de la entidad, Ramon Carranza, denunciara en el Parlament los supuestos intentos del Gobierno de CiU de apropiarse de la entidad, el Consejo de Administración de L'Aliança acordó ayer llevar de inmediato a los juzgados la actuación de la Generalitat por 'intento de toma de control' de la mutua, según fuentes del consejo.

El acuerdo, producto de una reunión que se alargó más de tres horas, se tomó sin voces discrepantes. UGT y CC OO, ambas con representación en el Consejo de Administración de la mutua, consintieron que la entidad emprenda 'acciones penales, administrativas y de cualquier otra índole' contra el Gobierno de la Generalitat.

Este órgano de gobierno de la entidad delegó la materialización de estas acciones en cinco de los 10 miembros del consejo, entre los cuales el propio Ramon Carranza; la presidenta, Susanna Martín, y el vicepresidente Miquel Díaz.

El orden del día de la reunión, de carácter extraordinario, se centró en los motivos de las medidas cautelares impuestas a la mutua por el Departamento de Economía (necesita la autorización de éste para realizar cualquier movimiento de activos) y las actuaciones de Sanidad.

La inspección abierta por el consejero Francesc Homs se realiza a instancias de Sanidad, que tiene 'indicios' de que L'Aliança cobra a la Seguridad Social la atención sanitaria que los socios de la mutua ya pagan mediante sus pólizas. Según Sanidad, esta supuesta facturación irregular, observada en el hospital del Sagrat Cor de Barcelona, se elevó a 7,2 millones de euros durante seis meses de 2001.

Fuentes del consejo aseguraron que en la decisión de enfrentarse a la Generalitat en los tribunales pesó especialmente una carta puesta sobre la mesa por la dirección de la mutua en la que el director del Servicio Catalán de la Salud (SCS), Josep Prat, reclama a L'Aliança que le retorne 9,62 millones de euros (unos 1.600 millones de pesetas) correspondientes a las liquidaciones de 1997 y 1998. Esta reclamación no sólo pone en apuros la 'viabilidad' de la mutua, sino que 'prueba la incongruencia del Gobierno catalán: en esos años, en la cúpula de la entidad había personas vinculadas a CiU, como Miquel Esquirol', señalaron.

En su denuncia al Parlament, Carranza aportó una carta de fecha 19 de enero de 1999, cofirmada por Esquirol, en la que se refleja que Sanidad y Trabajo 'plantearon la conveniencia de proceder al inmediato relevo del director general de L'Aliança', el propio Carranza. Tras recibir estos escritos, el PSC-Ciutadans pel Canvi, IC-Verds, el PP y ERC pidieron ayer 'claridad' y 'transparencia' en las inspecciones llevadas a cabo por Economía y Sanidad sobre la supuesta doble facturación de L'Aliança.

IC-V y los socialistas fueron más allá y, pese a subrayar su equidistancia en el pulso entre L'Aliança y la Generalitat, sugirieron que el Gobierno de Jordi Pujol quiere, en efecto, tomar el control de la mutua.

'Nos preguntamos si tras la actitud del Gobierno de CiU no hay un afán por controlar la institución cuando prevé que perderá el Gobierno', afirmó Carme Figueres, del PSC, que ayer inscribió en el registro del Parlament cuatro preguntas orales al consejero de Sanidad, Eduard Rius. Por IC, Dolors Comas expresó 'preocupación' ante los 'posibles intentos políticos y económicos de controlar la mutua por parte de CiU'.