L'Aliança denuncia en el Parlament que el gobierno catalán quiere apropiarse de la mutua
La dirección de la entidad se enfrenta a los departamentos de Economía y Sanidad
Las espadas no sólo siguen en alto sino que el conflicto se encona: el director general de L'Aliança, Ramon Carranza, se dirigió ayer al Parlament para entregar a su presidente y a los grupos políticos un escrito, avalado por 292 firmas, en que denuncia el intento del Gobierno catalán de apropiarse de la mutua por la vía de controlar sus órganos de gestión. L'Aliança, con más de 200.000 socios, es la principal mutua de Cataluña y está siendo investigada por los departamentos de Economía y Sanidad, que la acusan de realizar doble facturación, es decir, cobrar a la Seguridad Social la asistencia que los mutualistas ya pagan con su póliza.
Ramon Carranza se presentó ayer por la tarde en la sede parlamentaria y entregó un escrito a los grupos políticos y al presidente del Parlament, Joan Rigol, al que pide amparo en su enfrentamiento con el Gobierno catalán. Un portavoz del presidente del Parlament indicó ayer que estudiará la cuestión. En dicho escrito se hace un relato del largo conflicto que arrastra la entidad, que estuvo intervenida por el Departamento de Trabajo desde marzo de 1997 hasta marzo de 1999, y denuncia la 'situación de discriminación a que ha estado y está sometida L'Aliança en estos últimos años, así como el aparente intento de control de los órganos de gobierno de la entidad, al amparo de un proceso de medidas cautelares por parte de la Administración del Gobierno de la Generalitat'.
La mutua pide la intervención de los grupos parlamentarios para 'que se puedan clarificar situaciones y se respeten los derechos de los más de 200.000 mutualistas y miles de ciudadanos de Cataluña que hoy confían en L'Aliança'.
El insólito acto de ayer supone un reto a los departamentos de Sanidad y Economía. Este último ha abierto una inspección extraordinaria para determinar si se producen irregularidades en la facturación a la Seguridad Social. La investigación está siendo llevada por un equipo reforzado dirigido por el inspector jefe de Sanidad, José Luis Ausín, y está previsto que concluya en el plazo de un mes.
Sanidad acusa a los directivos de L'Aliança de haber emitido facturas a la Seguridad Social por asistencia a mutualistas atendidos en el hospital Sagrat Cor por valor de 7,2 millones de euros (1.200 millones de pesetas) durante siete meses de 2001, pero éste no es el único objetivo de la investigación.
Un pulso político
El conflicto abierto entre L'Aliança y el Gobierno catalán culmina en un tenso pulso en el que se dirime quién va a controlar la entidad. Cuando la mutua entró en crisis en 1992, pidió ayuda a Sanidad y ésta se la ofreció pero a cambio de catapultar a la presidencia de la entidad a Miquel Esquirol, un histórico de Convergència y hombre de confianza del entonces consejero, Xavier Trias, que ya había colocado como director general a Lluís de Jaureguizar. La crisis se saldó con un plan de reconversión al que Sanidad aportó un aval de 2.000 millones de pesetas y un concierto con la Seguridad Social que llevaba implícita la posibilidad de efectuar doble facturación, algo que Trias llegó a justificar en público como una forma de ayudar a la mutua con más arraigo en Cataluña. Trias aseguró en septiembre de 1993 ante el Parlament que la medida era provisional y que L'Aliança debería prescindir del concierto en tres años. Han pasado ya casi 10 y la mutua no sólo sigue teniendo concierto sino que ha venido recibiendo una subvención a fondo perdido de alrededor de 800 millones anuales, y Sanidad no sólo no controla lo que ocurre en la entidad sino que está abiertamente enfrentado a ella. Lo que Trias, que lo controlaba todo, no llegó a prever era la deriva que iba a tomar la crisis tras la llegada de Ramon Carranza en 1996. La persistencia de los malos resultados y la sangría de socios obligó a varios relevos en la dirección general. Tras la marcha de Jaureguizar y el efímero paso de Julio Villalobos, se hizo cargo de la dirección general un joven ejecutivo, Carranza, que en poco tiempo se hizo con el control absoluto de la entidad. A la marcha forzada de Esquirol sucedió una estela de dimisiones de sucesivos cargos electos, provocadas siempre por su enfrentamiento con Carranza, al que acusaban de ejercer una gestión oscura y personalista. Sanidad no sólo no ha logrado que Carranza dimita, sino que tiene que recurrir a los mecanismos de inspección para poder intervenir. Carranza dice que Sanidad se quiere apropiar de la mutua. Sanidad dice que Carranza ya se ha apropiado de ella. Lo que se dirime, obviamente, es quién controla una entidad que gestiona 22.000 millones de pesetas al año.
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