Ginebra, pero menos

El presidente Bush ha cambiado de opinión y decidido aplicar la Convención de Ginebra a la guerra de Afganistán y, por tanto, vagamente, a los talibanes presos en aquel país y en Guantánamo. No así a los miembros de la red terrorista Al Qaeda. El argumento es que Afganistán -por muy sui generis que pudieran ser los combatientes de un régimen reconocido solamente por tres países antes de su desplome- es parte del tratado que estableció en 1949 un trato humano para los prisioneros. La ley internacional protege a los soldados capturados en el entendeimiento de que la responsabilidad última de sus acciones recae en el Estado al que defienden. A juicio de Bush, la Convención no sería aplicable a los secuaces de Osama Bin Laden al no ser soldados de ningún Estado.

En el cambio de actitud de Bush han influido la presión y el malestar creciente de sus aliados y las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, malestar que alcanzó incluso al propio secretario de Estado, Colin Powell. La razón decisiva, sin embargo, es que la falta de cualquier garantía para los talibanes puede servir de argumento para el trato que eventualmente reciban soldados de EE UU capturados en los conflictos que se avizoran, como parte de la guerra global contra el terrorismo.

La interpretación restrictiva de la Convención de Ginebra en lo que toca a los miembros de Al Qaeda es cuando menos arbitraria, puesto que correspondería a un tribunal examinar cada caso y resolver el estatuto aplicable. La Casa Blanca dice que cuando se firmó esa Convención no se preveía una lucha contra el terrorismo de las características actuales. No es difícil, sin embargo, averiguar la causa real. Si es enjuiciado, un prisionero de guerra tiene derecho a un abogado, a apelar su sentencia y a ser repatriado al final de las hostilidades; en un interrogatorio no puede ser obligado a otra cosa que a dar su nombre y rango. Y el motivo por el que EE UU ha llevado a sus detenidos hasta Guantánamo, y sigue allí construyendo celdas, es que esa localización remota está fuera de la jurisdicción de los tribunales federales estadounidenses, y en realidad de cualesquiera otros. Washington ni siquiera ha establecido los mecanismos legales de los futuros juicios. Ginebra, pues, servirá a los talibanes para evitarles maltratos físicos y asegurar su alimentación y cuidado médico.

Los presos de Guantánamo y Afganistán, unos y otros, tienen derecho a un trato humano y, en su caso, a un juicio justo. Un país que se jacta del respeto a las leyes no puede colocarse por encima de ellas. Y si George Bush, el jefe de la única superpotencia, pretende que la lucha emprendida tras el 11 de septiembre lo es para enaltecer la causa de la justicia y los valores de la civilización, está obligado a ser el primero en dar ejemplo.